Elon Musk, director de Tesla, empresa ubicada en Silicon Valley (California), quiere levantar una planta de coches eléctricos en Brasil. Iba a reunirse con el presidente Bolsonaro en Miami a principios de marzo; pero sus muchas ocupaciones se lo han impedido y espera viajar a Brasil en algún momento durante este año.

Todas las miradas están puestas en el Estado sureño de Santa Catarina (Brasil), cuyo Secretario de Asuntos Internacionales, Derian Campos, mantiene contacto directo con Musk. Hay dos fábricas de automóviles –BMW y GM– que ya funcionan en este Estado. Marcos Pontes (Ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones) habló por videoconferencia con Anderson Ricardo Pacheco, directivo de Tesla. Participaron también Daniel Freitas, congresista, y Claiton Pacheco Galdino, director de desarrollo económico de la ciudad de Criciúma. Todos ellos están ansiosos por que Tesla abra una Gigafactory -como llama Tesla a una gran fábrica- en la mayor economía de América del Sur.

Ayuda mucho que Brasil tenga reservas considerables de litio -la mayor parte en los Estados sureños de Minas Garais y Paraná y en los nororientales de Ceará y Rio Grande do Norte. La producción de litio es limitada, sobre todo porque se ha usado para producir cerámica y vidrio. El gobierno de Bolsonaro está interesado en aumentar la producción de litio, materia prima clave para las baterías de litio-ión que son la fuente de energía de coches eléctricos como los que fabrica Tesla. Pero el litio de Brasil no sería suficiente. Tesla necesitaría importarlo de otros lugares.

El Triángulo del Litio

Más del 50 por ciento de las reservas mundiales de litio se hallan en el “Triángulo del Litio” –Argentina, Bolivia y Chile. Las mayores reservas conocidas de este mineral se hallan en el desierto de alta montaña de Bolivia -el Salar de Uyuni.

En su Twitter, el empresario boliviano Samuel Doria Medina se refirió a que, puesto que Elon Musk y Jair Bolsonario hablarán sobre la planta de Tesla en Brasil, ellos podrían añadir a esta iniciativa lo siguiente: “construir una Gigafactory en el Salar de Uyuni para suministrar a las baterías de litio”. Doria Medina no es sólo un empresario. Es el candidato a la vicepresidencia, junto a la “presidenta interina” Jeanine Áñez, para las elecciones presidenciales de Bolivia previstas el 3 de mayo de 2020. Áñez llegó al poder por el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Debe, por tanto, entenderse que la bienvenida de Doria Medina a Tesla cuenta con el beneplácito del gobierno golpista.

El gobierno de Morales fue muy cauto con las reservas de litio. Dejó claro que no debían caer en manos de corporaciones transnacionales. Los beneficios que pudieran derivarse del litio debían ser para el pueblo boliviano. La postura del gobierno de Morales era que cualquier trato debía hacerse con Comibol -empresa minera nacional de Bolivia- y Yacimientos de Litio Bolivianos -empresa nacional de litio de Bolivia. Las ganancias monetarias de la minería se canalizarían al tesoro público para financiar programas sociales necesarios al país. Esta política social era demasiado para las tres mayores firmas transnacionales -Eramet (Francia), FMC (Estados Unidos) y Posco (Corea del Sur), que se trasladaron a Argentina.

 El golpe de Estado del litio

Fue la política social de Morales con los recursos de Bolivia lo que condenó a su gobierno. La oligarquía hizo todo lo posible para torpedear las elecciones de 2019. Los incendios en las regiones norte y este de Bolivia ofrecieron a los medios de la oligarquía el arma perfecta para sugerir que Morales había abandonado su compromiso con el medio ambiente y la Pachamama, y que estaba trabajando en beneficio de los grandes ganaderos. Esto no solamente es ridículo, sino que, además, tan pronto el gobierno de Áñez tomó posesión aprobó leyes que permitían a estos ganaderos adentrarse en las zonas boscosas.

El rival de Morales –Carlos Mesa– y otros líderes de los partidos de la oligarquía dijeron abiertamente, mucho antes de las elecciones, que Morales sólo ganaría mediante fraude. Un auto-proclamado Consejo para la Defensa de la Democracia aseguró que Morales era un candidato ilegítimo porque había perdido el referéndum constitucional de 2016. Los medios -respaldados por estas corporaciones e intereses neofascistas– hicieron sonar las trompetas del fraude, mientras Carlos Mesa -en la noche de las elecciones- proclamaba un “fraude monumental”. Estas provocaciones de Mesa, junto a las de los neofascistas y las elites corporativas derivaron en violencia callejera; mientras la policía -algunas de cuyas secciones estaban resentidas con Morales por su embate contra la corrupción policial- se amotinaba. Los 36 bolivianos que murieron en los momentos siguientes a las elecciones son víctimas del lenguaje incendiario de Mesa. La Organización de Estados Americanos (OEA), brazo del gobierno de Estados Unidos, salió con un “informe preliminar” de que había habido fraude, sin dar datos fehacientes. El informe de la OEA jugó un importante papel en legitimar el golpe contra Morales.

Es importante señalar que la victoria de Morales en 2014 fue indiscutible. Ganó con el 61 por ciento de los votos y derrotó a Samuel Doria Medina, que sacó el 24 por ciento (el mismo Doria Medina que ahora se presenta para vicepresidente y abre la puerta del litio boliviano a Tesla). Desde aquella elección hasta noviembre de 2019, el mandato de Morales no había expirado aún. Su salida forzada violó, por tanto, el mandato de 2014, algo a lo que apenas se ha prestado atención en Bolivia o fuera de ella.

 John Curiel y Jack Williams, científicos del Election Data and Science Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) han estudiado los datos de las elecciones de Bolivia y no han encontrado fraude: “No hemos podido hallar evidencia estadística de fraude”, escribieron en el Washington Post. Curiel y Williams contactaron con la OEA, pero “la OEA no respondió”. Según su valoración, Morales ganó la elección de noviembre de 2019 y debería haber iniciado el nuevo mandato a comienzos del año.

La terrible embestida del gobierno golpista contra el partido de Morales (Movimiento al Socialismo- MAS) -así como la presencia de monitores de la USAID y de un director de la Comisión Electoral respaldado por EE.UU, Salvador Romero– sugiere que las próximas elecciones previstas para el 3 de mayo no serán en absoluto limpias; probablemente favorecerán al gobierno golpista y con él al empresario que quiere entregar el litio boliviano a la Tesla de Elon Musk y al Brasil de Bolsonaro.

 Un mundo de litio

El informe “Energy Storage Outlook 2019” de Bloomberg New Energy Finance, anticipaba que hacia 2030, el precio de las baterías de litio-ión caería considerablemente, y, como consecuencia, se expandirían exponencialmente las energías renovables (solar y eólica) junto al almacenaje de energía en baterías. Hacia 2040, se prevé que el viento y el sol produzcan el 40 por ciento del consumo energético, cuando hoy representa el 7 por ciento. Ello hará que aumente la demanda de almacenamiento de energía. Según el análisis de Bloomberg, hacia 2040 se consumirán 4.584 Gwh (gigawatios hora), cuando en la actualidad dicho consumo es de entre 9 y 17 Gwh. Ello “ofrecerá una gran oportunidad a los fabricantes de baterías y mineros de componentes de metal como el litio, el cobalto y el níquel”.

Lo esencial a resaltar aquí es que, cuando los analistas de Bloomberg usan palabras como “mineros”, no están pensando en los mineros bolivianos o los congoleños, sino en las compañías transnacionales como Tesla y su jefe, Elon Musk. El interés de Bloomberg y Áñez es que América del Sur se convierta en terreno de neo-conquistadores como Elon Musk, para que hagan dinero mientras dejan cadáveres por el camino.

Fuente: Vijay Prashad y Alejandro Bejarano

https://blackagendareport.com/elon-musk-acting-neo-conquistador-south-americas-lithium