El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos ha elaborado planes para aumentar enormemente el papel del sector privado en el sistema sanitario español. El borrador de la propuesta, si finalmente se implementa, sería el asalto más significativo al sistema de salud pública de España desde que este se puso en marcha en la década de 1980 después de la caída del régimen fascista del general Francisco Franco en medio de grandes protestas y huelgas en la década de 1970.

El documento de 27 páginas, con fecha del 7 de diciembre de 2022 pero filtrado a la prensa a finales de marzo de este año por el sindicato vasco LAB, propone aumentar enormemente el papel desempeñado por las mutuas en el sistema sanitario de España. Las mutuas se convertirían en la columna vertebral de los servicios sanitarios y serían responsables de la atención médica del 90 por ciento de la población activa española.

El modelo de acuerdo, enviado a las consejerías de salud de las 17 comunidades autónomas de España para su aprobación, fue negociado entre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la Asociación de Mutuas de Accidentes del Trabajo (AMAT). AMAT es una organización paraguas a nivel nacional de mutuas, empresas privadas que operan bajo la tutela del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de España para proporcionar servicios de salud a los trabajadores que sufren lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo.

La legislación propuesta entregaría toda la atención médica a los trabajadores y los autónomos a las mutuas. Esto incluye el tratamiento de enfermedades comunes y problemas de salud mental, así como rehabilitación, alta médica, intervenciones quirúrgicas, pruebas de diagnóstico y otros procedimientos. El actual sistema de sanidad pública sólo sería accesible para los pensionistas y los niños.

El documento señala que “a ambas instituciones [AMAT y el Ministerio de Seguridad Social] les interesa mejorar la eficacia en la gestión y el control de la prestación de Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes, para lo que se entiende necesario que las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social cooperen con el Servicio Público de Salud correspondiente, permitiéndoles actuar en cualquier tipo de patologías, todo lo cual redundaría en aliviar la carga asistencial y las listas de espera de los Servicios Públicos de Salud, así como reducir la duración innecesaria de las procesos de incapacidad Temporal por Contingencias Comunes en cuya gestión colaboran las Mutuas con la Seguridad Social.. ”. (Énfasis añadido)

Si bien se expresa en términos de mejorar la ‘eficiencia’ y reducir las ‘listas de espera’, ahora en niveles récord debido a la falta sistemática de fondos, la austeridad y el impacto de la pandemia de COVID-19, el borrador del plan conduciría a la privatización del servicio público de salud del país por la puerta trasera y a la degradación de las condiciones de trabajo y la atención médica para la clase trabajadora española. El sistema público sería destruido, la atención médica para los trabajadores sometida a empresas privadas vinculadas a su empleador, y los trabajadores enfermos obligados a volver a trabajar antes de que sean médicamente aptos.

Los trabajadores enfermos atendidos por mutuas tienen un tiempo de baja mucho menor que los atendidos por los servicios públicos de salud. Las cifras de 2021 muestran un permiso medio por incapacidad temporal de 49 días en el sistema público de la seguridad social, frente a los 45,9 días de las mutuas.

El gobierno PSOE-Podemos tiene como objetivo reducir la ‘carga’ que las enfermedades de los trabajadores representan para las empresas y el Estado capitalista, ya que el absentismo por enfermedad ha aumentado dramáticamente en la última década, debido en parte al impacto de la, todavía en curso, pandemia de COVID-19. El gasto en prestaciones por enfermedad en 2021 aumentó un 15 por ciento con respecto a las cifras anteriores a la pandemia, mientras que los costes se duplicaron con creces entre 2013 y 2022, de 5.000 millones de euros a 10.800 millones de euros.

En las últimas décadas, los sucesivos gobiernos españoles han trabajado gradualmente para socavar y hacer retroceder el derecho social a la atención médica pública, y aumentar el papel del sector privado.

En 2017, los acuerdos con centros de salud privados representaron el 11,2 por ciento del gasto público total en atención médica, y el 27 por ciento de todos los hospitales en España eran entidades privadas subvencionadas por el estado en 2019. Esto equivale a un total de 233 hospitales privados financiados por el Estado en funcionamiento en 2019, en comparación con 220 en 1996.

De hecho, a pesar de la introducción de un sistema financiado con fondos públicos en la década de 1980, el 53 por ciento de todos los hospitales en España permanecen en manos privadas, solo una ligera disminución sobre el 63 por ciento que eran de propiedad privada en 1970, durante los últimos años del gobierno de Franco.

El documento filtrado arroja más luz sobre los planes del gobierno PSOE-Podemos de imponer una austeridad masiva. El viernes pasado, Madrid comunicó a la Comisión Europea su intención de reducir el déficit público de 2023 al 3,9 por ciento del PIB desde el actual 4,8 por ciento y al 3 por ciento del PIB en 2024. Esto significará recortar el gasto público o aumentar los impuestos en casi 24.000 millones de euros.

Uno de los principales estímulos para estos ataques contra la clase obrera es la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. España, como todos los países involucrados en esta guerra, está desviando miles de millones de euros para remilitarizar y convertir a Ucrania en un campo de batalla.

El año pasado, el gobierno PSOE-Podemos aumentó el gasto militar en un 26 por ciento a 27 mil millones de euros, o 75 millones de euros diarios. Según estimaciones conservadoras, Madrid también ha enviado €700 millones destinados a armamento, entrenamiento y el gasto público de Ucrania. Además de esto, ha llevado a cabo reformas laborales y de pensiones reaccionarias para pagar los fondos de rescate COVID-19 de la UE destinados a corporaciones y bancos. Y con la ayuda de los sindicatos, mantuvo los aumentos salariales por debajo de la inflación el año pasado, con un incremento salarial medio del 2,9 por ciento en tanto los niveles de inflación se disparaban al 8,6 por ciento.

Estas condiciones están produciendo un recrudecimiento internacional de la lucha de clases. En toda Europa, millones de trabajadores han estado en huelga contra el impacto de la inflación y la erosión de los salarios, incluyendo a Francia, el Reino Unido y otros países europeos. Grandes protestas contra el gobierno continúan teniendo lugar en Sri Lanka, y más de 100.000 trabajadores de la administración pública han estado en huelga en Canadá. En Estados Unidos y Canadá, la oposición está creciendo entre más de 160.000 trabajadores automotrices.

En España, la filtración del documento se produce en medio de la mayor ola registrada de protestas y huelgas en los servicios de salud. Cientosdemiles de enfermeras, médicos y otros trabajadores sanitarios han participado en huelgas en toda España durante el último año, incluyendo Cantabria en noviembre pasado, Cataluña en enero y Navarra en febrero.

En Valencia, 15.000 médicos se declararon en huelga el 6 de marzo y el 3 de abril, mientras que una huelga indefinida en la atención médica comenzará el 8 de mayo en las Islas Canarias. En Galicia, una huelga indefinida de médicos comenzó el 11 de abril, lo que llevó a la suspensión de 163 operaciones en su primer día.

En Madrid, numerosas huelgas y manifestaciones han tenido lugar en toda la región desde finales del año pasado, incluida una huelga de entre 12.000 y 14.000 trabajadores de la salud en 34 hospitales el 1 y 2 de marzo. Esto se produce tras una manifestación de hasta 1 millón de personas en Madrid en apoyo de los médicos y en defensa de la sanidad pública a mediados de febrero.

El 25 de marzo, decenas de miles de personas se unieron también a las protestas en toda la región de Andalucía, al sur de España, en defensa de la sanidad pública, bajo los lemas ‘La salud pública no se vende’ y ‘La salud pública está en tus manos’.

No falta voluntad en la clase obrera española para luchar en defensa de la sanidad pública. Pero tal lucha debe tener lugar independientemente de partidos pseudoizquierdistas y socialdemócratas como Podemos y PSOE, cuyo proyecto político ha demostrado una vez más su implacable hostilidad hacia la clase trabajadora; e independientemente de sindicatos como LAB, que no ha organizado ninguna oposición a este plan. En cambio, simplemente pidió al gobierno autonómico vasco que ‘ den un rotundo ‘no’ a este intento privatizador’.

Los trabajadores españoles deben buscar aliados en la clase obrera europea e internacional, formando comités de base independientes para unificar la creciente ola de huelgas en una lucha coordinada contra la austeridad y por el socialismo.

(Publicado originalmente el 3 de mayo de 2023)