La cínica apelación al derecho a la legítima defensa esgrimida por el régimen colonialista y expansionista de Israel, respaldada con tres vetos de Estados Unidos a un alto al fuego en el Consejo de Seguridad desde que comenzó la carnicería (Lula dixit), el castigo colectivo y el desplazamiento forzoso de palestinos, y otro veto al proyecto de resolución destinado a responsabilizar al ejército de ocupación israelí de la masacre de la calle al-Rashid, en la ciudad de Gaza, contra refugiados indefensos cuando esperaban la llegada de camiones de ayuda humanitaria (con saldo de 112 muertos y 760 heridos), fue desestimada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya en términos del derecho internacional y de la cuarta Convención de Ginebra.

El ente sionista mesiánico y de apartheid israelí es una potencia de ocupación que lleva a cabo una guerra de exterminio en territorio de la Palestina histórica, y como recordó el 22 de febrero el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, durante las audiencias públicas de la CIJ, el pueblo palestino tiene el derecho inalienable a utilizar la lucha armada contra el ejército de ocupación israelí, con fundamento en el derecho internacional. Es decir, en su lucha por la liberación nacional y la autodeterminación, el uso de la resistencia armada por el pueblo palestino es legítimo y no constituye un acto de terrorismo.

Asimismo, en su fallo provisional, la CIJ observó (es decir, aceptó como propias) las cifras sobre el genocidio y la limpieza étnica del régimen israelí desde el 7 de octubre de 2023 –en retaliación a la Operación Diluvio de Al-Aqsa de Hamas, la Yihad Islámica y otros grupos de autodefensa armada de la resistencia palestina−, presentadas por sendas oficinas de la ONU, una de ellas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés), razón por la cual Estados Unidos y sus socios de la OTAN/UE (entre ellos Alemania, Reino Unido y Suecia) le suspendieron la entrega de fondos poniéndola al borde del colapso, lo que convierte a esos países en potenciales cómplices de la hambruna provocada como herramienta genocida.

Una forma de desprestigiar el fallo de la CIJ es vilipendiar y destruir la credibilidad de la fuente, aunque, según un informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, publicado por el diario The Guardian de Londres, Israel no aportó evidencias o material probatorio para sustentar sus alegaciones acerca de la participación de 10 empleados de la UNRWA (¡sobre un total de 13 mil!) en la Operación Diluvio de Al-Aqsa. El objetivo estratégico del régimen de Netanyahu, al acusar sin pruebas a una ínfima parte del personal de la UNRWA de haber participado en la operación del 7 de octubre, es relegar la cuestión de las personas refugiadas palestinas e impugnar el derecho al retorno de 6 millones de palestinos, según los registros de esa agencia de la ONU.

Pero es también la manera de hacer olvidar que la base para la creación del Estado (artificial) de Israel por los imperialistas anglosajones en 1948 ha sido la limpieza étnica. Al suprimir la cuestión de los refugiados palestinos, los supremacistas israelíes quieren perpetuar la falacia de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. La UNRWA es la encarnación jurídica del problema de los refugiados, de allí que al intentar abolir a la organización internacional que recuerda su existencia, Netanyahu, Estados Unidos y sus vasallos de la Unión Europea pretenden que el mundo entero se olvide de que el Estado sionista se autoconstituyó mediante un proceso de limpieza étnica y merced al desplazamiento forzoso de 750 mil palestinos (número que se incrementó cuando el régimen israelí ocupó más territorio de Palestina durante la guerra de 1967). En buen romance, se trata de abolir el estatuto legal/oficial de las personas refugiadas palestinas por el cual adquieren el derecho al retorno de conformidad con la Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1948.

En ese contexto, la divulgación del plan de Netanyahu, titulado El día después de Hamas, revela que su objetivo principal es continuar la guerra hasta la completa destrucción de las capacidades militares y la infraestructura gubernamental de Hamas y la Yihad Islámica, reubicando a la población palestina que sobreviva a la limpieza étnica en la franja de Gaza en un bantustán, similar a las reservas tribales que operaron en Sudáfrica y la actual Namibia. Netanyahu insistió que el asalto terrestre a Rafah (el mayor campo de desplazados del mundo) es fundamental para ganar la guerra y, al parecer, cuenta con la colaboración de Egipto (presto a recibir fondos millonarios del FMI e inversiones de la petrolera Chevron) para construir una zona de seguridad aislada en el desierto del Sinaí, que servirá como área de amortiguación para los palestinos desplazados.

Como parte de la guerra sicológica que busca presionar a la resistencia palestina en vísperas del mes sagrado musulmán del Ramadán (9 de marzo), y anticipando lo que podría suceder en la Jerusalén ocupada, CNN y las agencias Reuters y France Presse filtraron datos sobre una propuesta de alto el fuego en Gaza, negociada en París por los jefes del Mosad, el Shin Bet y los servicios de inteligencia del ejército israelí Aman con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, que incluiría una tregua temporal de las operaciones militares durante 40 días; la entrada diaria de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros en una proporción de 10 palestinos por un israelí. Hamas exige la retirada de las fuerzas israelíes y el retorno de los desplazados en las zonas sur y norte de la franja de Gaza y el levantamiento del bloqueo, mientras Israel busca ganar tiempo y cargar a Hamas con la responsabilidad de cualquier fracaso posterior en las negociaciones para justificar una operación militar en Rafah.