El presupuesto del Ministerio de Defensa para 2024 era de 16.150 millones de euros.
No es extraño pensar que el gasto militar ejecutado en 2024 supere los 60.000 millones de euros, una escalada que casi nos sitúa en cerca de un 6% del PIB.
Encaramos la finalización del año. En lo que se refiere al militarismo patrio son múltiples las señales que demuestran su refuerzo y penetración como ideología social y a ello dedicaremos, a finales de diciembre, una reflexión para hacer un balance más completo.
De momento me centraré en el escandaloso aumento del gasto militar de tapadillo que venimos sufriendo, gracias a la actuación proactiva del sector más militarista del gobierno y el servilismo cómplice del resto, desde que se celebró el primer Consejo de Ministros del año hasta el de pasado 19 de noviembre, último hasta ahora.
En 31 Consejos de Ministros más dos acuerdos ministeriales, España ha autorizado gasto militar extra durante 2024 por importe (al menos, como casi siempre que hablamos de defensa, porque hay acuerdos aprobados en los que no se ha cuantificado el gasto asumido) de 16.845, 96 millones de euros, cantidad de gasto «extra» y oculto que es superior al gasto que anualmente reconoce como gasto de defensa el propio ministerio del ramo.
Si hacemos caso del presupuesto que el propio ministerio de defensa confiesa para 2023 de14.073,84 millones (16.150 millones si sumamos los Programas especiales de armamentos) como punto de partida y referencia del gasto de 2024 (recordemos que en 2024 estamos con presupuestos prorrogados, al no haber sido capaz el gobierno de sacar unas nuevas cuentas), encontramos que el gasto «extra» aprobado por los consejos de ministros supera con creces el presupuesto reconocido.
Debemos matizar que el gasto aprobado en estos consejos de ministros no es todo gasto a ejecutar durante 2024, sino que una gran parte del mismo se aprueba como gasto plurianual, a ejecutar en varios ejercicios, lo que, además, supone que el gobierno está condicionando e hipotecando presupuestos futuros, al haber asumido un ingente gasto militar, principalmente para adquisición de armamento, en el nuevo ciclo de rearme protagonizado por el gobierno más progresista de la historia.
Repaso a los acuerdos del consejo de ministros sobre gasto militar.
Aportamos, para los más masoquistas, cuadro íntegro de gasto militar aprobado en los Consejos de ministros (pinchar aquí)
La distribución del gasto por meses muestra una curva en la que la principal intensidad del gasto extra aprobado por el gobierno se refiere a los meses de abril a julio, con un repunte final en noviembre y a la espera de la evolución futura en lo que queda de noviembre y el mes de diciembre.
Este enorme gasto militar involucra a su vez a varios ministerios, implicados en su aprobación, con un especial y destacado papel del de Hacienda, que se ha encargado de autorizar nada menos que el 59% del mismo, tanto para compra de armamento y nuevos programas de armas, como acudiendo al fondo de contingencia para aumentar el gasto en operaciones militares de injerencia militar en el exterior. A este le ha seguido Defensa, principalmente para adquisición de armas, material y reparaciones, con un total del 32 % del gasto, Interior, básicamente por el aumento de sueldos de la guardia civil y reparaciones en cuarteles, seguido por otros ministerios con partidas más minoritarios, entre ellos el de Transición Ecológica que se ha pagado varios barcos militares de propiedad del Ministerio de Transición referido.
Esta distribución demuestra, una vez más, la transversalidad y la complicidad de los diferentes ministerios en la construcción y ocultación del militarismo español. No es una novedad, si tenemos en cuenta que estos ministerios protagonistas del aumento del gasto militar extraordinario son una parte de los ministerios que ya se encargaban de disfrazar en sus propios presupuestos partidas destinadas al gasto militar.
Un cuadro más detallado muestra las principales partidas que se han aprobado como gasto militar extra por los consejos de ministros de 2024.
Si nos referimos al ministerio de defensa, no quiero dejar de comentar el aumento del presupuesto para programas especiales de modernización de las FAS en 496.01 millones, así como los incrementos de presupuesto destinados a inversiones militares en infraestructura y otros bienes y por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz por 304.38 y 154.37 miles de euros respectivamente, sin despreciar el aumento de los sueldos de los militares en concepto de complementos por dedicación especial en nada menos que 59,7 millones (ya veremos el pelotazo anual que supone este concepto cuando se retribuya a los más de 14.000 soldados desplegados en la DANA de la Comunitat Valenciana, que se corresponden al trimestre aún no contabilizado por la IGAE), los 42,78 millones por cuotas sociales, y los 28,23 millones por pagos al ISFAS.
Avance de la IGAE
Si acudimos al avance de liquidación de gasto de la Intervención General de las Administraciones Públicas referido a septiembre de 2024 (último publicado) también podemos extraer conclusiones suculentas.
La primera, que Defensa ha tenido transferencias de crédito extraordinario para el presupuesto de defensa de este año (recordemos una vez más que el presupuesto de defensa no es todo el gasto militar anual porque gran parte del mismo se imputa a partidas ajenas al presupuesto de defensa) por importe de 2.514,68 millones de euros, lo que supone un incremento del presupuesto inicial que el ministerio reconocía de un 18% aproximadamente de incremento, a falta de contabilizar el aumento de gasto de los meses de octubre, noviembre y diciembre, de los que IGAE aún no ha tenido acceso.
Estamos hablando por lo tanto de al menos 16.588,52 millones de euros en manos de Defensa según IGAE, a los habría que sumar todo el gasto oculto en otros ministerios del que ya hicimos mención en el estudio del presupuesto de 2024 publicado en estas mismas páginas, más lo que éstos gastos hayan podido suponer de aumento extra gracias al consejo de ministros (por ejemplo, por las subidas de sueldos a la guardia civil, una parte importante del gasto militar aumentado en 2024 imputable al ministerio de interior).
¿Cómo encontrar indicios de las otras partidas de gasto extra imputables a gasto militar para este año?
Pues piano-piano.
Miremos lo que dice el informe mensual de la IGAE del mes de septiembre fuera del presupuesto del ministerio de defensa:
Primero, hay una partida de inversiones reales para financiar con 0.8 millones de euros, de las que una parte nada despreciable fue para el enorme despliegue militar de la cumbre de defensa en Toledo, la presidencia europea de la UE de enero a junio de 2023, que se financia al parecer con dinero autorizado en 2024, una nueva modalidad de gasto opaco.
Otras cantidades por inversiones militares en infraestructuras, funcionamiento operativo de los servicios e inversiones de carácter inmaterial supone una transferencia de crédito desde Hacienda a Defensa por importe de 1.178.29 millones de euros para inversiones en infraestructuras, así como 510,97 millones para funcionamiento operativo de los servicios y 5 millones para inversiones de carácter inmaterial, 26,7 y 25,1 millones más por ingresos obtenidos por créditos generados. Total 1.741,06 millones más que aparecen.
En cuanto al Ministerio de interior, se ha incrementado su presupuesto anual, según la IGAE, de 100,97 millones de euros por incremento de salarios de la guardia civil, más otros 6,93 millones en aportaciones al mutualismo de la guardia civil.
No se detectan de momento incrementos significativos ni en clases pasivas militares, ni es posible encontrar otros en los demás ministerios donde suele ocultarse el gasto militar, pues IGAE no desagrega en estos informes los datos por programas y partidas.
¿Hay algo más?
Pues sí, otro indicio: la estrategia industrial de defensa 2023, a la que me referiré en el apartado siguiente, prevé, según los datos que proporciona uno de los documentos del ministerio en los que se detalla algo, que en 2024 se invertirán en armas 9.578,28 millones de euros. Partiendo de esta cifra y comprobando la cantidad asignada en los presupuestos de 2023 (que están prorrogados) en los programas 122B (Programas especiales de modernización) y 122 A (modernización de las FAS), cuyo importe conjunto es de 5.242,59 millones de euros, resulta que hay 4.335,69 millones de euros que van a ser invertidos en armas durante 2024 y que no están en la partida presupuestaria. ¿De dónde salen? Pues en nuestra opinión de la enorme cifra de gasto militar que el consejo de ministros ha ido comprometiendo durante el año, ya sea en partidas destinadas en exclusiva para este año o a partidas plurianuales.
En este sentido conviene decir que IGAE detecta, como hemos dicho, un gasto extrapresupuestario de defensa de 2.514,68 millones de euros, no todo destinado a armas porque, como hemos visto antes, también se contemplan en dicho gasto servicios corrientes, aumentos de gastos de personal y cuotas sociales, etcétera.
Aparece aquí un verdadero iceberg con una panza hundida en la opacidad de más de varios miles de millones de euros sobre la que deberemos seguir profundizando contra corriente.
Inversiones de defensa previstas para 2024 y hasta 2029
España se ha embarcado desde hace más de una década en protagonizar un nuevo ciclo de rearme y militarización.
Como se sabe, estos ciclos imponen sobre la sociedad una enorme carga de deuda que condiciona las políticas futuras de toda índole, dado el alto coste de oportunidad del gasto militar, asumido por otra parte por políticos que pasan sin vergüenza de los intereses industriales militares a los públicos y viceversa en ese ciclo de puertas giratorias que caracteriza al oligopolio militar industrial español.
Para tener una aproximación del cálculo político del gobierno en lo que se refiere al aumento del gasto militar en lo relativo a las inversiones en armas, podemos acudir a la estrategia industrial de la Defensa 2023-2027, aprobada conforme a resolución aprobada en la Resolución 300/09365/23, de 25 de mayo, de la Secretaria de Estado de Defensa, por la que se aprueban las directrices generales de la Estrategia Industrial de Defensa 2023 (BOD 110, de 7 de junio de 2023, pág. 15.905 y ss., que se puede descargar aquí), plan publicado bajo el virreinato de Margarita Robles (a escasos días de la celebración de la elecciones de 2023) y que muestra el servilismo español a las directrices OTAN y a los deseos del jefe de mando del bloque occidental, EEUU.
El plan es una especie de ramillete de cuentos de calleja entre propagandístico y colorista, con la que justificar, sobre todo, la decisión de endeudarnos de forma brutal para adquirir armamento de nueva generación y enfoque «proyectivo», es decir, pensado para la injerencia militar y la interoperabilidad con los otros ejércitos occidentales y no precisamente enfocado a la defensa, sino a la imposición de la fuerza.
Dicho plan es bastante deudor de la Estrategia Europea Común de Defensa (EDIS) con un alcance hasta 2035 y de un Programa de la Industria Europea de Defensa (EDIP) y de los recursos que en torno a estos programas va a movilizar el presupuesto europeo, así como los compromisos de gasto militar que asumen por sí cada uno de los estados.
Aunque la resolución de junio de 2023 en sí no desgrana las medidas, el Ministerio de Defensa ha elaborado posteriormente un documento explicativo de sus propósitos donde, ya sí, ofrece alguna cifra cuando menos preocupante (puede consultarse aquí).
Copio a continuación el esquema de ambiciosas necesidades armamentistas que se propone adquirir defensa y lanzo una pregunta. ¿se defiende con estos cachivaches lo que la gente del común queremos defender?
Como ven, todo un rosario de armas tecnológicas para las que el presupuesto de defensa de 2023 incrementó el gasto en inversiones militares en un 26% respecto del año anterior, «abriendo un nuevo ciclo de inversión militar con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en 2029» (no deja claro el documento si pretenden el 2% del conjunto del gasto militar o del ciclo inversor en armas, lo cual ya es preocupante si tenemos en cuenta los antecedentes de opacidad y voracidad de las políticas de defensa.
Las armas del nuevo ciclo de rearme de las que estamos hablando son:
- La construcción y entrega de cuatro submarinos serie S80 por parte de la empresa estatal NAVANTIA y un gasto previsto de 3.907 millones de euros hasta 2027.
- La construcción de 20 aviones de combate Eurofighter- Programa Halcón pro un importe de al menos 2.637 millones de euros, que irán a parar a Airbus
- La adquisición de 25 cazas Eurofighter Typhoon por 4.500 millones de euros y también encargados a Airbus.
- La sustitución de los aviones de despegue vertical Harrier, previsiblemente por aviones americanos F-35, y que tienen asignado un coste de 6.500 millones de euros.
- La construcción de 248 unidades del vehículo de combate sobre ruedas 8×8 por importe de 2.100 millones de euros, de los que se lucrará el consorcio creado ad hoc por Santa Bárbara, Escribano y Sepa
- La construcción de 45 helicópteros de combate NH-90 por al menos 1.490 millones de euros que irán a parar a Airbus.
- La adquisición de 4 baterías de misiles Patriot a EE.UU
- La adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam que realzará Expal y Escribano.
- Misiles antiaéreos Mistral 2
- La adquisición de 26 aeronaves de vigilancia marítima C-295 con Airbus y por importe de 1.695 millones de euros.
- La adquisición de dos nuevos buques hidrográficos costeros
- La adquisición de 27 drones RPAS Sirtap por 595 millones de euros para Airbus y Orbita CS.
- El encargo de los 8 helicópteros antisubmarinos MH-60R, igualmente de Airbus, por 820m millones de euros.
- La adquisición de 3 aviones de reabastecimiento en vuelo A330 por 810 millones de euros,
- La construcción del nuevo avión de combate europeo FCAS, en consorcio con Francia y Alemania, que tendrá en todo su ciclo de diseño, prefabricación, fabricación y entrega un coste total de aproximadamente 80.000 millones de euros, y que en la fase actual alcanza los 8.000, de los que el 33% corresponde a gasto español.
- El encargo de 4 (ampliables a 16) drones europeos EUROMALE o EURODRON, por 1900 millones de euros de coste para España.
- La segunda fase de entrega de aviones de instrucción Pilatus PC 21, en total 16 aviones. Por 250 millones de euros.
- La adquisición de morteros EIMOS par armas los 8×8, por importe de 125 millones de euros y abierto a la adquisición de una segunda fase.
- La modernización de las baterías NASAMS de misiles antiaéreos de altas prestaciones por 637 millones de euros.
- La modernización y adquisición de 500 misiles Mistral 3, por importe de 325 millones de euros.
- La adquisición de helicópteros EC135 para el ejército y la guardia civil por importe de 178 millones de euros
- La adquisición de un programa renovado de radio de comunicaciones tácticas de las FAS, mediante el Sistema Conjunto de Radio Táctica-SCRT, por importe de 738 millones de euros.
Se trata de un armamento destinado a lo que el ejército español llama «proyección», ensamblable con el de los otros socios militares españoles y enfocado a su uso en escenarios bélicos en el exterior y, cuando menos, de imposición de un cierto estatus quo. no tanto para la defensa del territorio, en teoría la justificación teórica del ejército. Mas adelante dedicaré un parágrafo a la extraña coincidencia de nuestro nuevo ciclo de rearme con las directrices de la UE y la OTAN y con los intereses de las industrias miliares de EE. UU. y Europa principalmente al respecto
Es llamativo verificar cómo España ya participa en un número muy importante de operaciones militares en el exterior, al menos 27 aunque reconoce oficialmente 17. Para ello mostraré dos presentaciones elaboradas por el propio estado que afirman números diferentes de intervenciones en el exterior.
La primera, del ministerio de defensa, afirma la presencia, con 17 operaciones, con aviones y barcos de guerra, tropa, baterías de misiles, etcétera, y bajo banderas de la OTAN, de la UE, de la ONU e incluso de iniciativa propia en el sahel y el golfo de guinea, dos áreas que según nuestra estrategia de defensa forman parte de nuestra «frontera de seguridad avanzada» y en las que se dirime en parte una parte del goloso negocio de materias primas esenciales.
Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional presenta un segundo mapa de las intervenciones en el exterior donde consigna 27, de las que 19 son militares puras, existiendo otras de la guardia civil.
Es llamativo, porque además España ya lleva gastado en este tipo de operaciones, de las que ya hemos hecho más de 110 desde que Felipe González autorizó la primera, al menos 21.769 millones de euros. En el cuadro elaborado ponemos en rojo o azul el ejecutado con gobiernos del PP o PSOE para que se vea que ambos han contribuido por igual a esta escalada inmoral.
Si nos centramos en los datos proporcionados por el propio ministerio en su documento explicativo de la estrategia de inversiones militares, desde 2020 a 2023 ya se han gastado 20.044,7 millones de euros en inversiones militares y se prevé que de 2024 a 2029 se calzarán otros 93.836,54 millones más.
La escalada es escandalosa y señala que el ciclo de poder PSOE con sus izquierdas aplaudidoras va a tener el deshonroso deshonor de haber decidido redondear 113.881,24 millones de euros de inversiones militares (casi dos veces el rescate a la banca). ¿Para que nadie se quede atrás?
Acompaño el gráfico de evolución de los créditos por inversiones industriales de defensa que he elaborado a partir de los datos proporcionados en el documento citado:
Y así mismo, el panorama de previsiones de crecimiento previstos hasta 2029.
Si los números previstos marean, también escandaliza la deuda militar de más de 20.000 millones de euros que ya arrastramos por ejercicios anteriores y que lastran nuestra economía.
Si vamos sumando, en 2029 tendremos una deuda militar de no menos de 60.000 millones de euros (suponiendo que el nivel de pagos que vaya haciéndose tanto del principal adeudado como de sus intereses de aplazamiento vaya al menos amortizando el 30 o 40% del principal comprometido). ¿Es una deuda democrática o ilegítima la que se adopta en perjuicio de la sociedad, por personajes vinculados a intereses discutibles, se contrae de espaldas a la sociedad y empobrece a la misma?
El pilar europeo de la defensa, la OTAN y EE. UU.
Toda la política de inversión en armas está absolutamente subordinada y es dependiente de otras instancias donde se toman las decisiones, merced a las alianzas político-militares que España mantiene tanto con EE. UU., como con la OTAN y en su condición de miembro de la UE.
Por lo que se refiere a Europa, existe un programa de apoyo a la investigación y capacitación de la industria de la defensa que se canaliza a través del Fondo Europeo para la Defensa y que se nutre de presupuestos propios de la UE y aportaciones de los estados miembros. El programa cuenta con un presupuesto propuesto por la Comisión Europea de 13.000 millones de euros para el periodo 2021-2027 y aspira a movilizar recursos económicos de los propios estados y de la iniciativa privada al menos tres veces por encima de esta cifra.
De los recursos del Fondo Europeo para el desarrollo, se destinarán 4.100 millones de euros a financiar al 100% las actividades de investigación colaborativa y, el resto, a cofinanciar con los Estados Miembros las actuaciones de capacitación de la industria europea.
España gestiona estos fondos a través del CDTI, dependiente del Ministerio de Ciencia e innovación e investigación, que actúa además como «experto» acompañando al Ministerio de Defensa a los comités de programas de los Fondos de Defensa europeo (EDF), Acción Preparatoria de Investigación (PADR) y Programa de Capacitación Industrial (EDIDP). Una evidencia del militarismo «militante» del ministerio y del CDTI.
Conforme a los planes del Fondo de Defensa Europeo, hay 11 capacidades comunes que obligan a los estados a enfocar sus propias prioridades inversoras y que facilitan la obtención de fondos de los programas europeos. Curiosamente, se parecen mucho a las capacidades que España señala como propias en sus planes de inversión industrial-militar.
Además los programas NGWS movilizarán otros 8.000 millones de euros hasta 2027, de los que España se llevará un magro pellizco para su industria aeronáutica militar, al participar en un 33% (2.640 millones de euros) junto con Francia y Alemania en el futuro sistema de combate aéreo europeo (Next Generation Weapon System/Future Combat Air System).
Por lo que respecta a la OTAN, también condiciona la orientación del armamento de los países aliados. Y no sólo por la imposición de un suelo de gasto del 2% del PIB de cada país (suelo que, según anuncia Trump debería incluso ser superior), sino porque obliga al uso de un determinado tipo de armamento y tecnología, lo que condiciona las empresas proveedoras, mayoritariamente de EE.UU y algunas europeas (también de Israel en lo que respecta a ciberseguridad y a drones e inteligencia artificial).
España, por ejemplo, en el Consejo de Ministros de 19 de noviembre de este año, ha acordado adquirir munición por importe de 623,21 millones de euros por el cauce de la OTAN en el marco del Acuerdo de Asociación para el Apoyo a la Munición y pronto adquirirá aviones americanos F-35 que tienen prevista una asignación inicial de 6.500 millones de euros.
La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) se encarga para los países de la OTAN de reunir capacidades de adquisición, logísticas, médicas y de infraestructura, apoyo operativo y de sistemas y de proveerla de estas.
La OTAN y su estrategia de seguridad condiciona la acción política de los países miembros y participa en varios escenarios internacionales.
¿Es posible estimar a cuánto ascenderá el gasto militar en 2024?
Los datos que tenemos, a tenor de cuanto vengo explicando, son parciales y en gran parte habla de cifras conservadoras, porque es posible que el susto final sea muy superior.
A finales de 2023 hicimos una estimación del gasto militar para 2024 en la que asumimos un crecimiento moderado del gasto de defensa y del gasto escondido en otras partidas de otros ministerios y organismos, para la que utilizamos el presupuesto de 2023, prorrogado, con los crecimientos mínimos que el propio ministerio había confesado más las correcciones que a dicho gasto efectuó la IGAE en sus liquidaciones mensuales de gasto.
La cifra corregida ascendía a 56.068,78 millones de euros que descomponíamos en aproximadamente 16.150 millones del presupuesto de Defensa más el de los programas especiales de armamento, otros 12.029,49 millones disfrazados y distribuidos en otras partidas y ministerios, así como 12.500,48 millones de euros que estimábamos de crecimiento de partidas presupuestarias distribuidas entre el fondo de contingencia, créditos extraordinarios extrapresupuestarios y cantidad imputable para adquisición de deuda para financiar el presupuesto deficitario, y otros 11.544,77 millones más que se corresponden con la amortización de deuda pública e intereses de ésta imputables porcentualmente a su participación en el gasto presupuestario total a Defensa, según el siguiente cuadro.
El gasto era superior si al mismo añadíamos las partidas calculadas para lo que hemos venido llamando control social: la acción política y las instituciones del estado (comunidades autónomas incluidas) que regulan las funciones de control social cada vez más militarizado y enfocado desde la obsesión securitizadora y militarista, para alcanzar los 63.662,76 millones de euros.
En mi criterio, y pendientes de las oportunas comprobaciones tras la liquidación del ejercicio, lo más probable es que nos hayamos quedado cortos.
Para ello me baso en las siguientes consideraciones:
1) El potente incremento del gasto militar comprometido por el Consejo de Ministros durante 2024 (a falta al menos de 4 ó 5 consejos de ministros), en más de 15.000 millones de euros, según hemos detallado
2) La partida de 6.000 millones que se ha incrementado únicamente con la finalidad de apoyar la guerra de ucrania
3) La aprobación de 1.145,07 millones de euros con cargo al Fondo de Contingencia (581,21 millones en el consejo de ministros de 9 de abril y 563,86 en el Consejo de Ministros de 30 de julio).
4) La constatación por IGAE de otros 2.514,68 millones comprometidos hasta septiembre de 2024 «de más» en el Ministerio de Defensa.
5) Los aumentos de gasto por compra de munición por importe de 623,21 millones de euros autorizados en el consejo de 19 de octubre (no contabilizado aún por IGAE) para adquisición de munición.
6) El cargo imprevisto que va a suponer en términos de complementos y retribuciones para los 14.000 militares desplazados a Valencia, así como los cargos que igualmente se suplementen por material y gastos de todo ese operativo.
7) Los 1.741,06 millones de euros de transferencias de Hacienda a Defensa para inversiones en infraestructura, funcionamiento operativo de los servicios, inversiones de carácter inmaterial e ingresos obtenidos por créditos generados.
8) La cifra de 9.7579,28 millones de euros que ofrece la Estrategia Industrial de la Defensa como gasto previsto para 2024.
Todo ello nos sitúa, en cualquiera de los escenarios que pensemos, en cifras que superan las estimaciones que hemos realizado al inicio de 2024.
No es extraño pensar que el gasto militar ejecutado en 2024 supere los 60.000 millones de euros, una escalada que casi nos sitúa en cerca de un 6% del PIB.
Y todo esto, ¿para qué?
Hemos intentado describir un panorama de refuerzo del militarismo capitaneada por un gobierno rendido a los reclamos de aumento del gasto militar y favorables al lobby industrial-militar.
Contamos con un desalentador y desesperante crecimiento del gasto militar, tanto el que ocultan como el que reconocen, que crece progresivamente desde hace décadas y que ahora parece que quiere tomar nuevo impulso en un contexto mundial de aceleración de los conflictos interestatales y de grandes bloques, de preparación y amenaza con el uso de la guerra y de nueva escalada de armamentos.
No menos deprimente es el activismo de las izquierdas gobernantes en esta recrecida militarista y el silencio y desinterés, cuando menos irresponsable y en general cómplice, de las fuerzas políticas representadas en el parlamento, particularmente las que se suponen más sensibles a la causa de la paz y la solidaridad, que pretenden pasar de puntillas cínicamente sobre este tema tan espinoso como si no fuera con ellos el problema.
Si atendemos a las tendencias actuales de nuestro gasto militar, tanto por su enfoque como por su magnitud y la complacencia con la que se configura el consenso que lo facilita, podemos decir que éste sirve, básicamente, para consolidar dos crudas realidades y promover cinco líneas de acción política.
Empecemos con las primeras.
1) La primera realidad es que apuntala la estructura militar y los males endémicos de nuestro militarismo tradicional (a los que nadie quiere meter el diente) con su gigantismo estructural, su providencialismo político, su opacidad y pretensión de autonomía corporativa, su creciente expansión a campos tradicionalmente civiles, su ideología reaccionaria y esencialista, su enfoque intervencionista, su subordinación a intereses geopolíticos externos, su parasitismo social y enorme coste de oportunidad, su insostenible gasto militar que lo financia y su papel de punta del iceberg del militarismo social y político que aprisiona la posibilidad de una democracia sustantiva, inclusiva y sensible a la justicia y la paz como valores y caminos.
Se consolida así, dotándola de una financiación exagerada y en detrimento de los bienes y necesidades sociales, la razón militarista.
Las políticas que el gobierno del PSOE y sus aliados han asumido cronifican este aparato militar y la ideología que le es propia y expanden y proyectan su radio de acción a espacios tradicionalmente civiles con el entusiasmo de nuestros dirigentes.
No hace falta argumentar demasiado sobre el papel nefasto de los ejércitos y del militarismo desplegado por nuestras autoridades. Existe ya bibliografía más que suficiente que demuestra su acción peligrosa, cuando no parasitaria, y en detrimento de la atención a las necesidades sociales. No estamos en los tiempos en los que el ejército consumía más del 50% del presupuesto estatal, pero el crecimiento de nuestro gasto militar y de la propia razón militarista está muy por encima de la media de los últimos cuarenta o cincuenta años.
Nuestro militarismo crónico se expande más allá de los ejércitos y la exagerada estructura militar que arrastramos y hoy, como ayer, penetra en las mentalidades sociales y en el quehacer político.
Precisamente hoy es de rabiosa actualidad el empleo de militares y del propio ejército y sus infraestructuras, material y logística como organizadores sociales que, por si fuera poco, reclaman estar al margen de directrices políticas e ir por libres.
Y no es solo el caso de los dos generales alzados, cual virreyes, en Valencia para la reconstrucción (en una comunidad que cuenta con personas de reconocida competencia y cualificación y con una universidad politécnica de las más importantes del estado) o del otro general que gobierna a la UME y a las tropas militares desplazadas como fuerza de choque contra la pandemia. Arroparse en militares se ha vuelto más generalizado. Recordemos la pandemia. Veamos los politólogos y comentaristas que nos explican los conflictos de Ucrania o en oriente medio o al propio coronel Baños explicando (y vendiendo cual betseller) la geopolítica y la prospectiva del mundo. Miremos los múltiples oficiales militares reconvertidos en jefes de seguridad en policías locales de todo signo, o revisemos los discursos políticos al uso.
Analicemos la transversalidad de las ayudas públicas a la industria militar o de los ministerios que participan en ocultar gasto militar. Revisemos las puertas giratorias entre el ejército y los oscuros intereses de la industria militar.
2) La segunda realidad es que se acelera la implicación, subordinada a los intereses y a las dinámicas de dominación violencia del bloque occidental, de España en las políticas de injerencia militar en defensa de un estatus quo injusto y colonial. Y esto nos convierte en una potencia militar, a nuestra modesta escala, indeseable y agresiva a los ojos de pueblos por los que nuestra presencia, vendiendo armas o participando en la injerencia militar, deja rastro.
El ejército, tanto por su despliegue en las operaciones en el exterior en las que participa, como por su implicación y asunción en los objetivos políticos y estratégicos de la OTAN, está enfocado al intervencionismo en el exterior.
El número de operaciones en el exterior, que supera las 100, del ejército heredado del franquismo, junto con el paso por estas operaciones de más de 130.000 efectivo a lo largo de todos los años en que España participa como uno de los principales contribuyentes de la UE, la ONU y la OTAN a estas operaciones da cuenta de la orientación intervencionista del ejército español y de la acción exterior española.
Del mismo modo, le tipo de armamento que financian nuestros presupuestos está enfocado a estos propósitos de injerencia militar. Barcos, submarinos, aviones, helicópteros, misiles y baterías de misiles, vehículos, drones, sistemas de guerra cibernética, satélites militares, unidades contra catástrofes y contra guerras NBQR, y un largo etcétera enfocados a su desplazamiento a miles de kilómetros y «proyectarse» en conflictos que exportamos en áreas lejanas.
También los tratados que mantenemos con EE.UU y la cesión de las bases militares de Morón y Rota para el despliegue y la proyección militar de EE.UU, así como el uso que permitimos de los campos de entrenamiento militar de Bardenas Reales a ejércitos de la UE y la OTAN, junto con los cuarteles en territorio español de la OTAN y de la UE, muestran esta orientación intervencionista de nuestro ejército.
Por si fuera poco, nuestra industria militar, la octava del mundo, fomenta la guerra y el conflicto con el apoyo proactivo de nuestras autoridades políticas, que actúan como agentes comerciales de los intereses de este nefasto lobby.
Y contemos ahora las cinco líneas políticas que el gobierno ha decidido y nos oculta:
1) Aumentar progresivamente el gasto militar en detrimento de las necesidades sociales.
Se habla de llegar, e incluso superar, el 2% PIB, sin tener en cuenta que ya lo superamos si contabilizamos el gasto oculto, los constantes gastos extraordinarios y el impacto de la deuda militar en nuestra sociedad.
Es una decisión clara del gobierno, asumida por los partidos que lo integran, que no plantean alternativas reales y aprueban claudicantemente aumentos de gasto militar en cada consejo de ministros.
Es una decisión compartida por los partidos que apoyan la mayoría de gobierno, como demuestra la absoluta falta de líneas rojas al respecto en la negociación de los presupuestos o, sin ir más lejos, la falta real de enmiendas relativas al presupuesto de defensa o a la inclusión de tapadillo de gasto militar en otros ministerios en los años en que se han llegado a discutir los PGE.
Es una decisión compartida por todo el espectro político del arco parlamentario.
Nunca se ha efectuado una auditoría del gasto militar para detectar partidas que son de sobra conocidas del mismo fuera del presupuesto de defensa, o para revisar el enorme descontrol, opacidad o despilfarro del mismo.
No se han auditado las operaciones militares en el exterior desde el punto de vista económico y político ni se ha sometido este tipo de gasto al control y evaluación, por ejemplo, de la AIREF o de instituciones independientes.
A la vez que el gasto militar crece de forma gradual y constante, las políticas públicas destinadas a cubrir necesidades sociales básicas no tienen similar tratamiento y se ven perjudicadas por el reparto de prioridades elegido por nuestros gobernantes.
Las políticas de igualdad, de cuidados, de solidaridad, lucha contra la pobreza, justicia social, seguridad ambiental o los servicios básicos se encuentran infradotados a pesar de hacer referencia a la seguridad en su vertiente de seguridad humana, mientras las preferencias por el gasto militar invierten, paradójicamente, en una seguridad militar que cada vez nos vuelve el mundo más inseguro.
2) Hacer de la falta de transparencia, de la ausencia de debate y del adoctrinamiento un eje de su política de adoctrinamiento y legitimación del militarismo
La falta de debate y crítica alcanza a todos los escenarios y espacios del ejército y de la acción militar.
Los presupuestos que se nos presentan son falsos, opacos, llenos de puntos negros y para colmo se amplían de forma constante sin control alguno y sin que la sociedad tenga la capacidad de saber el enorme impacto del mismo.
Las operaciones militares en las que participa España no se controlan ni económica ni políticamente. No hay evaluación, no hay debate público, no se admiten expertos externos e independientes, menos aun la interferencia de organizaciones sociales o grupos que podrían tener algo que decir (por ejemplo de signo ecologista, de solidaridad internacional, del ámbito pacifista) ante el impacto de la acción militar.
En el parlamento el control ejercido sobre estas políticas es inexistente. La comisión de defensa del congreso se dedica a temas anecdóticos y sin profundidad real. Tampoco el parlamento decide las líneas generales de la política militar. Por ejemplo, no se aprueba la directiva de defensa militar en sede parlamentaria, ni se debaten las grandes líneas de la defensa: qué hay que defender, cómo hay que defender, quién tiene que defender. No hay organismos de fiscalización adecuados a pesar del conocido despilfarro, duplicidad y gastos innecesarios que oculta el gasto militar español y la falta de eficiencia que mantiene.
La información que se ofrece sobre los ejércitos y la defensa en los medios de comunicación es, salvo honrosas excepciones, superficial, acrítica, desinformada y poco experta. Mantiene altas dosis de adoctrinamiento militarista y la constante de legitimación, lavado de cara, ensalzamiento de los ejércitos, minimizándose la voz crítica sobre los mismos.
Las grandes decisiones, como el endeudamiento espectacular por los programas de armamento, se adoptan de forma opaca y sin debate, mientras el lobby militar-industrial penetra en las instituciones y crece el fenómeno del puertagiratorismo en materia de defensa.
Se amplifican los acuerdos marcos con universidades, fundaciones, asociaciones y empresas de la sociedad civil para la difusión doctrinaria de lo que llaman conciencia de la defensa, mera propaganda militar destinada a cooptar materia gris al servicio del militarismo.
Se prodigan los cursos, master, etcétera de «comunicación para la defensa y seguridad» en diversas universidades y se facilitan materiales didácticos destinados a institutos y colegios de un vergonzante y manipulador contenido militarista.
Se lleva a cabo una labor de intoxicación comunicativa por parte de los departamentos diseñados por Defensa en base a un plan de comunicación que predica la procrastinación como técnica comunicativa y dirigida por una dirección general de comunicación de la defensa.
La sociedad en su conjunto es ignorada en temas de defensa. No cuenta para nada. No es consultada. De ella solo se espera que acepte, aplauda y pague.
No es de extrañar que, en un gradual giro de tuerca, acaben proponiendo algún tipo de contribución personal a futuro en la acción de las políticas de defensa, ya sea como recuperación de algún tipo de conscripción, o como asistencia a cualquier tipo de acto de identificación con los valores y metodologías militares.
3) Fortalecer el polo militar industrial, promover la venta de armas y los intereses del oligopolio militar.
España es el octavo país mayor exportador de armas del mundo.
La acción exterior española privilegia la expansión del negocio de las armas y apoya de forma intensa la internacionalización del mismo y su interlocución y negocios con países de todo signo.
La mayoría de los viajes de las autoridades del más variado signo, desde las mas altas magistraturas del estado hasta el último mono acuden a cumbres, reuniones, encuentros internacionales, ferias comerciales y eventos de todo tipo acompañados de una cohorte de directivos de la industria militar o cuando menos del portafolio de servicios que estos ofrecen.
La apuesta por la venta de armas, y con ello por la exportación de conflictos, es una descarada actividad de nuestras políticas públicas de acción comercial, industrial y exterior.
4) Amplificar el marco de actuación militarista a campos civiles
La expansión del enfoque securitizador y de las metodologías y campos de actuación militares a cada vez mas escenarios tradicionalmente civiles es evidente.
Tenemos una de las ratios de militares por cada mil habitantes más altas de nuestro entorno.
El presupuesto del Ministerio de Defensa (recordemos que no es todo el gasto militar) destina una cantidad exagerada únicamente a pago de sueldos. Es esta la principal actividad, según sus propias cuentas, a la que se dedica el ministerio de defensa y su presupuesto.
Por alguna elección perversa, la sociedad civil carece de múltiples capacidades de respuesta ante circunstancias que hacen relación a la seguridad humana y a los cuidados, pero cada vez que ocurre una crisis resulta que quien sí tiene los medios para actuar son los ejércitos. ¿por qué? ¿por qué ante la crisis sanitaria quien contaba con unidades médicas especializadas, con trajes especiales para no contaminarse, con capacidad para movilizar su cohorte de efectivos era el ejército y no los dispositivos de la sociedad civil, o los cuerpos y equipamientos médico y hospitalarios? ¿por qué ante los incendios o nevadas severos quien cuenta con la capacidad de despliegue y el material más sofisticado es el ejército y no los cuerpos civiles que deberían encargarse de estos aspectos?¿Por qué ante la DANA es el ejército el que tiene la maquinaria y capacidades y no los organismos civiles? ¿por qué cada vez es mayor la confusión de enfoques entre la acción policial y el militarismo y se asume el acelerado proceso de militarización y securitización de la acción pública? ¿por qué no está en la agenda la respuesta a estas preguntas?
No se engañen, decisión política detrás de esta expansión del militarismo. Se prefiere militarismo en detrimento de civilización.
Tenemos pensamiento militarista y militares hasta en la sopa y en parte gracias a las políticas propiciadas por la casta política, perteneciente toda ella, con independencia del partido político de adscripción, al partido militarista.
5) Alinear a España con la estrategia suicida prebélica de la mano de nuestros «aliados» y de sus estructuras militaristas.
En el actual contexto en el que se reabre un escenario prebélico de conflictos por las zonas de influencia mundial y de atizamiento de todos los fuegos, la élite política española ha decidido vincular nuestros destinos a la política militar de la OTAN, de las élites militaristas europeas y de EE.UU; país sobre el que pivota todo este alineamiento.
España prepara la guerra. Una guerra que no es defensiva y que no beneficia a las necesidades de la sociedad ni a las urgencias del planeta y cuyos escenarios se encuentran a miles de kilómetros.
El gasto militar español financia la participación española en conflictos, el entrenamiento del ejército en conflictos reales, la injerencia española en éstos, el uso en ellos de armamento sofisticado de agresión y no defensivo, la propagación de conflictos mediante nuestra venta de armas y potenciación de la actual carrera de armamentos, la agudización de las tensiones prebélicas con nuestra implicación en la OTAN y participación en sus escenarios de conflicto, el carácter agresivo de nuestras políticas militares mediante la cesión del territorio español para las bases de EE.UU en el mediterráneo y atlántico, la financiación de las bases de altas capacidades al servicio de la OTAN y de los cuerpos militares de la UE.
6) Hacer imposible una vuelta atrás mediante el abrasivo endeudamiento y la constante adquisición de compromisos de gasto militar a largo plazo.
¿ Cómo afectar a la gente para construir una energía política capaz de obligar a un cambio de rumbo?
Las cifras son abrumadoras y esconden una realidad infumable, pero son números inocuos, porque aislados de cualquier contexto vital no afectan para nada a las preocupaciones y aspiraciones del personal y porque no existe, hasta el momento, una potente oferta (llamémoslo así) de implicación personal y no delegada de acción común y de lucha eficaz para romper estos círculos viciosos del militarismo.
Hasta ahora las vías de acción que habitualmente se desarrollan entre nosotros en la lucha contra el gasto militar, aunque muy simplificadamente, eligen varios caminos:
a) Uno, el de denuncia del mismo, dirigida al público en general, a públicos seleccionados con más o menos capacidad de influencia y actuación, a organizaciones activistas o, en algunos casos, a mover conciencias de los decisores políticos y/o permitir un trabajo de lobby ante estos.
Para ello contamos con diversos informes del gasto militar o de algunos aspecto s concretos de este, elaborados por varios grupos o personas que más o menos son de referencia (SIPRI, Dèlas, Gasteizkoak en Euskadi, Tortuga en el espectro antimilitarista, SETEM, algunos centros de investigación, etc.) desde criterios, análisis y apuestas políticas diferentes.
b) Y otro, de activismo y llamamiento a la implicación personal contra aspectos del gasto militar, como pueden ser las campañas de objeción fiscal, las acciones contra la banca armada o contra las ferias de armas.
Las líneas de actuación van desde las acciones de calle y performances, hasta la denuncia más o menos documentada y pública y la difusión en medios, hasta el trabajo de lobby, con una clara bifurcación de enfoques (no necesariamente incompatibles pero tampoco coincidentes ni complementarios) entre quienes apuestan por el lobby pacifista y el trabajo para presionar/convencer a los decisores políticos desde arriba y quienes proponen el activismo desde abajo y la desconexión en lo posible como medio privilegiado de apropiación del problema y de actuación para conquistar lo que no nos van a dar gratis.
Si algo hemos conseguido, a lo largo de tantos años de pico y pala, es que ya nadie dude de la opacidad, ocultación, transversalidad a gran parte de los ministerios y entidades, enormidad y peso en términos de pérdida de oportunidad y deuda que acarrea el gasto militar español.
Sin embargo el mayor conocimiento no se ha traducido en la energía política suficiente para generar un cambio de rumbo. El conocimiento no necesariamente genera sensibilización y el conocimiento y la sensibilización no necesariamente provocan, por usar términos clásicos aunque un poco de capa caída en estos momentos, ni conciencia ni energía transformadora. ¿Qué falla?
Los informes que incansablemente (o ya con cierto cansancio) venimos realizando, amén de sensibilizar a gentes ya de por sí convencidas y de desvelar artimañas que desenmascaran a políticos guiados por el cálculo cínico o más honestos y que tal vez intenten dar un paso más allá, tienen, en mi opinión, muy poca eficacia en general para construir algo así como una energía política capaz de enfrentarse a esta situación.
Tal vez, y en el contexto de inmediatez y de subyugación digital de sujetos anónimos y aislados que embadurna y desvincula cada vez más a la gente del común, algo tiene que ver el hecho de que a los datos que aportamos les faltan otras motivaciones añadidas, como pueden ser la de mostrar la íntima relación de estas cifras con las circunstancias que provocan el clima de malestar y de desorientación solipsista que vivimos (total, no dejan de ser otro dato más, otro malestar más, a acumular a la pila que ya soportamos a diario), o la de no haber sabido (al menos en mi caso) ofrecer un horizonte de propuestas de acción y de implicación personal suficientemente creíble y con un objetivo de aspiraciones y lucha alcanzable mediante la lucha social.
Lo que hacemos y proponemos no es que esté mal pensado (y hay que seguir con ello, no quiero ponerlo en duda) pero tal vez no sea suficiente (no es un reproche al esfuerzo, que me parece irreprochable, del activismo contra el gasto militar, ningún tipo de censura a lo que hacemos como podemos, sino más bien un interrogante sobre su profundidad, sobre el horizonte de lucha y sentido que podemos proponer al respecto y una búsqueda de qué mediaciones podemos ensayar y compartir para alcanzar ese punto en que se pueda aspirar a un nuevo ciclo movilizador del pacifismo transformador) para (como hemos conseguido otras veces, como por ejemplo con la insumisión, o con las movilizaciones contra algunas guerras) obligar a cambios de calado gracias a la lucha social.
Hoy en día las capacidades de difusión de las problemáticas del gasto militar tanto en nuestra sociedad en general como, lo que es más importante para la lucha social contra el mismo, entre los grupos, organizaciones, ideologías y movimientos que pueden provocar esa energía política y movilizadora que necesitamos, son altas. Incluso, dada la variedad de análisis, pueden elegir enfoques o coordinarlos. Puede haber quien no se hay enterado, aunque quien quiere puede enterarse porque están al alcance de la mano los suficientes elementos para ello. No tenemos, por tanto, un problema (o no es nuestro principal problema) de falta de información sobre el gasto militar. Tal vez entonces el problema es de ¿perspectiva y horizonte de lucha? ¿credibilidad de los medios y propuestas? ¿. . . ?
No tengo respuestas, sino interrogantes y perplejidades que aprovecho para compartir con la (tal vez ingenua, dado el nivel de debate que generan mis aportaciones) esperanza de que nos permitan pensar(nos) mejor y generar ese enorme motor que ha sido siempre en la lucha pacifista-antimilitarista la sinergia de la inteligencia colaborativa puesta en marcha y la convicción de la importancia de la implicación personal y directa de cada cual para conseguir cambios aparentemente inalcanzables (como acabar con la mili, cortocircuitar una guerra o promover políticas de paz positiva y resolución alternativa de conflictos, por ejemplo).
Me llama la atención que, aun cuando las propuestas de acción directa más conocidas (objeción fiscal por ejemplo) se conocen y hasta asumen oficialmente (caso de CGT u otras organizaciones sindicales, o de Ecologistas en Acción, organizaciones eco-feministas, algunas organizaciones de solidaridad, o de grupos vinculados a confesiones religiosas, por ejemplo) por múltiples grupos y organizaciones, en realidad formen parte residual de las agendas de lucha de estos movimientos y que su aportación al perfeccionamiento de las campañas y propuestas sea tan solo promover, difundir, pero en menos medida llenar de contenido dichas propuestas.
Me llama la atención la falta de respuesta, tanto sindical como activista en sentido genérico, que en general existe ante aspectos consustanciales al gasto militar y a lo que financia, como, por ejemplo, la producción de armamento, la investigación vinculada al mismo, el boicot a industrias militares o de material de doble uso, etcétera. Comprendo que es un tema espinoso, porque afecta a derechos laborales y a la subsistencia de familias y del mundo del trabajo. Pero que sea espinoso no entiendo que quiera decir que sea imposible o inabordable.
Me llama la atención igualmente que, a pesar de la importante sensibilización que ha supuesto el activismo contra la banca armada, centrado en desvelar su papel cómplice con la financiación de la industria militar y la venta de armas, las propuestas de banca ética y la intervención ante los accionariados de las principales compañías bancarias cómplices, no hayamos conseguido generalizar una movilización ciudadana de rechazo y de desbancarización en esas entidades o iniciativas de fácil acceso por parte de una masa suficientemente crítica para dificultar esta complicidad banca/militarismo. De hecho me presupongo (porque obviamente no lo sé ni puedo saberlo) que ni siquiera las organizaciones sociales en general se implican en esta preocupación y desvinculan sus productos bancarios de las entidades partícipes en el negocio de la guerra (o al menos no publicitan este compromiso suyo sí lo hacen).
Me llama la atención la ausencia de otras propuesta e iniciativa de implicación y acción directa practicable por cualquier persona de forma sencilla y accesible para luchar contra el gasto militar en sus múltiples escenarios y durante todo el ciclo del mismo. Me pregunto habitualmente (y me lo pregunta mucha gente en charlas) qué puede hacer a nivel personal cualquier persona que toma conocimiento del verdadero problema del gasto militar y que quiere hacer algo, más allá de cabrearse o hacer objeción fiscal.
Echo habitualmente en falta la falta de propuestas promovidas desde las organizaciones más conscientes de auditoría ciudadana y de exigencia de rendición pública de cuentas del gasto militar en general o de algunas de las actuaciones que financia, como las operaciones militares en el exterior, las subvenciones que recibe la industria militar, la investigación militar, la huella del militarismo en los espacios naturales o en el calentamiento global, las exenciones económicas y privilegios que percibe el militarismo en comunidades autónomas y ayuntamientos por el uso de servicios comunes que pagamos los demás, el despilfarro militar, etcétera.
También echo en falta la incorporación de las aspiraciones y la complejización de los análisis que ofrecemos habitualmente y de sus contenidos con las perspectivas de movimientos sociales alternativos que apuestan por la lucha contra el gasto militar.
Y, en la misma línea, la falta de propuestas alternativas de tanto de prioridades políticas diferentes a las militares o de propuestas viables y necesarias de trasvase del gasto militar a fines relacionados con el cambio de rumbo, la seguridad humana y ambiental.
Por las mismas razones me llama la atención que no hayamos sido capaces de vincular la polifonía de campos de actuación en las que desde la diversidad estamos embarcados contra el gasto militar en un conjunto (y puede que único) hilo conductor que los dote de una perspectiva de lucha global, de un marco general de acción activista, de una propuesta genérica de cambio de rumbo y de una campaña continuada de activismo durante todo el año que vincule y enmarque las distintas iniciativas y proponga una movilización constante y acumulativa. Contamos con campañas puntuales de objeción fiscal que se centran en los meses de declaración de la guerra, acciones contra la banca armada centradas en las fechas de las juntas de accionistas de los bancos militaristas, acciones contra el atraque de barcos con armas en puertos españoles, actuaciones aisladas contra las empresas militares y un largo etcétera pero, en mi opinión, no contamos con una campaña global, multi-abarcante y de verdadera movilización de la energía política opuesta al gasto militar.
Considero un desafío que se me escapa y ante el que me veo incompetente, cómo abordar el poder llegar en el contexto vital vigente (actualmente de relaciones efímeras y digitales, con el peligro que entrañan) a afectar a una masa crítica de población (más allá de a fugaz indignación y de la efímera y emocional creación de un malestar más a acumular a la pila de ellos) y de proponerla modos de acción (tradicionales o que imaginemos, de acuerpamiento y analógicos o digitales y cibernéticos) que generen la energía política y los medios de acción capaces de atentar contra la lógica del gasto militar y de lo que financia.
Considero un reto que nos corresponde afrontar el de romper el techo de cristal de la minorización y la invisibilización de nuestros discursos, análisis, luchas y propuestas en los medios de comunicación más generalistas.
Y, ligado a este, propongo como un marco de diálogo y debate adecuado para buscar ese horizonte de sentido el profundizar la idea de transarme, suma de procesos a desencadenar para quitar en cada momento todo el poder posible al paradigma militar (y en este caso al gasto militar) y construir simultáneamente y cuanto más podamos mejor, procesos de resistencia y de prácticas alterativas que sean realizables y tendencialmente dirigidas a un cambio global de rumbo. Rellenarla de contenidos puede dar una idea precisa no sólo de donde estamos, sino de dónde queremos ir y de los procesos que queremos desencadenar y los contenidos y logros que queremos alcanzar para transitar ese espacio/tiempo de ruptura y cambio de rumbo.