Con el pretexto de la pandemia, entre 2020 y 2022 muchos países impusieron los confinamientos y paralizaron la economía, unas medidas sin precedentes en tiempos de paz. Luego dijeron que esas restricciones habían sido beneficiosas para el planeta porque habían permitido reducir las emisiones de gases “de efecto invernadero”.

Desde entonces los planes de “confinamiento climático” son unan constante. Su objetivo es el decrecimiento: reducir la actividad económica para evitar el calentamiento del planeta. En 2020 uno de esos parásitos que colonizan los organismos internacionales, la economista Mariana Mazzucato, presidenta del Consejo de “Salud para Todos” de la OMS, sostuvo que “en un futuro próximo, el mundo podría recurrir nuevamente a los confinamientos, esta vez para hacer frente a la emergencia climática” (1).

Bajo el “confinamiento climático” los gobiernos limitarían el uso de vehículos privados, prohibirían el consumo de carne roja e impondrían medidas extremas de ahorro de energía, mientras que las empresas de combustibles fósiles tendrían que cesar sus actividades, añadía Mazzucato.

Muchos ven la crisis climática como distinta de las crisis sanitaria y económica causadas por la pandemia. Sin embargo, estas tres crisis –y sus soluciones– están interconectadas. La crisis climática es también una crisis de salud pública, concluía torpemente la economista.

El mes pasado el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un “llamamiento a la acción climática mundial” en el que vuelve a poner encima de la mesa las restricciones a la actividad económica como remedio para salvar el clima (2).

El objetivo del FMI es reducir las “emisiones de gases de carbono” a la mitad en cinco años. Según el cuento de la lechera del FMI, eso reduciría la temperatura mundial en 1,5ºC, suficiente para salvar a la humanidad de abismo en el que se encuentra.

Pero, como suele ocurrir, el FMI se saca las cifras de la manga: durante la pandemia los confinamientos sólo redujeron las emisiones de CO2 en un 7 por cien, según el Global Carbon Project.

Además, el FMI recomienda poner un precio mínimo para el CO2, es decir, un impuesto sobre las emisiones, como ya ha hecho en Dinamarca al obligar a los ganaderos a pagar tasas por los pedos de vacas (3). A partir de 2030 deberán abonar 300 coronas danesas, unos 40 euros, por tonelada de emisiones de metano, aunque no se sabe si lo calcularán a ojo de buen cubero o habrá un inspector de hacienda pegado al culo de los animales.

(1) https://www.project-syndicate.org/commentary/radical-green-overhaul-to-avoid-climate-lockdown-by-mariana-mazzucato-2020-09
(2) https://www.elibrary.imf.org/view/journals/066/2024/006/066.2024.issue-006-en.xml
(3) https://ecoinventos.com/primer-impuesto-pedos-del-mundo-dinamarca-aplica-impuesto-a-vacas-que-producen-gases/