Cuando los medios occidentales hablan de opresión hacia las mujeres en el mundo islámico, hay un país que aparece con luz propia en el relato: Irán. La teocracia chií, el velo obligatorio, la policía de la moral, el régimen de los ayatolás. El otro país —Arabia Saudí— también sale en la foto, pero con diferente encuadre. Sale como aliado estratégico, como anfitrión de la Copa del Mundo 2034, como inversor en clubes de fútbol europeos, como socio energético indispensable. La diferencia en el trato no refleja una diferencia real en la situación de las mujeres. Refleja quién nos vende petróleo, quién tiene contratos de armamento con Occidente y quién no. Eso es lo primero que hay que decir antes de entrar en cualquier dato.
Ambos países aplican versiones de la sharia como sistema jurídico y ambos utilizan ese marco para controlar de forma sistemática los cuerpos, los movimientos y las vidas de las mujeres y las personas disidentes. Las diferencias existen y merecen análisis preciso. Pero la narrativa dominante que convierte a Irán en símbolo global de la opresión islámica mientras Arabia Saudí preside foros de la ONU sobre igualdad de género no es política exterior disfrazada de preocupación por los derechos humanos.
En Irán, el control sobre las mujeres se ejerce con una violencia estatal documentada y creciente. El hiyab es obligatorio por ley desde 1979, y desde abril de 2024 el Estado intensificó su aplicación mediante el Plan Noor (Plan Luz), un dispositivo de vigilancia masiva con patrullas a pie, en moto y en vehículo para controlar que las mujeres cubrieran su cabello en espacios públicos. La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU describió este mecanismo como «vigilancia paramilitar» patrocinada por el Estado. Las sanciones contemplan multas millonarias, despido laboral, exclusión de servicios bancarios y encarcelamiento. El otoño de 2024 trajo la aprobación parlamentaria de la Ley de Protección de la Familia mediante la Promoción de la Cultura de la Castidad y el Hiyab: 74 artículos que contemplan la pena de muerte por activismo pacífico contra el velo obligatorio, flagelación, prohibiciones de viajar y restricciones al empleo y la educación. Su promulgación quedó suspendida bajo presión, pero su aprobación ya marca la dirección del régimen.
El asesinato de Jina Mahsa Amini en septiembre de 2022, detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo, desató el levantamiento Mujeres, Vida, Libertad (Zan, Zendegi, Azadi). La respuesta del Estado fue letal: al menos 500 personas muertas, miles de detenidas. La activista y Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, encarcelada en la prisión de Evin, acumula condenas de más de 44 años de prisión y 154 latigazos. En diciembre de 2025 fue detenida de nuevo mientras asistía al funeral de un abogado de derechos humanos. La abogada Nasrin Sotudeh lo dice con claridad: «El origen de todas las desigualdades comenzó con el control sobre el cuerpo de la mujer con el fin de convertirlas en esclavas».
Todo esto es real. Todo esto merece condena. Y aquí es donde el análisis exige rigor, porque Arabia Saudí hace exactamente lo mismo con menor escrutinio internacional y mayor impunidad diplomática. Las mujeres saudíes viven toda su vida bajo el sistema de tutela masculina (mahram), que las equipara jurídicamente a menores de edad. Padre, esposo, hermano o incluso hijo tienen potestad para autorizar o denegar decisiones sobre educación, viajes, matrimonio, tratamiento médico y trámites ante organismos públicos. La Ley de Estatuto Personal de 2022, presentada por el gobierno como un avance, mantiene la obligación de obediencia de la esposa al marido y vincula el sustento económico a ese cumplimiento, incluyendo la disponibilidad sexual. El borrador del primer código penal escrito de Arabia Saudí, analizado por Amnistía Internacional, consolida esas prácticas en papel: pena de muerte, flagelación y amputación como castigos vigentes; homosexualidad y aborto tipificados como delitos; ningún mecanismo para procesar los crímenes cometidos en nombre del «honor». Solo en los primeros nueve meses de 2024, las autoridades saudíes ejecutaron al menos a 214 personas, el 41% por delitos no letales. Las ejecuciones se realizan principalmente mediante decapitación con sable en espacios públicos.
El régimen saudí ha aprendido a hacer reformas de imagen con precisión quirúrgica. En 2018 se permitió a las mujeres conducir. Se relajaron algunas restricciones en espacios públicos. El príncipe heredero Mohammed bin Salmán declaró que la abaya no es obligatoria según la sharia. Estas concesiones, celebradas internacionalmente, son la cara visible de lo que Human Rights Watch denomina una estrategia de blanqueamiento sistemático. El Foro Económico Mundial sitúa al reino en el puesto 126 de 146 en su índice de brecha de género. La activista Manahel al-Otaibi fue condenada en enero de 2023 a 11 años de prisión en un juicio secreto, acusada por su forma de vestir y por publicar en redes a favor de los derechos de las mujeres. Defender públicamente la abolición de la tutela masculina es un delito que puede llevar a décadas de cárcel.
La situación de las personas LGBT+ en ambos países aplica la misma lógica de control total. Según Human Dignity Trust, Arabia Saudí e Irán están entre los doce países del mundo donde la pena de muerte está vigente para las relaciones entre personas del mismo sexo. En Irán su aplicación es documentada y sistemática: en 2022 dos hombres fueron ejecutados seis años después de ser condenados por actividad sexual consentida. En Arabia Saudí, la ausencia de código penal escrito convierte la persecución en un asunto de arbitrariedad judicial. Hay condenas documentadas a 1.000 latigazos por grabar un vídeo homosexual y a 450 por usar redes sociales para ligar. Las ejecuciones ocurren, pero la opacidad del sistema impide cuantificarlas. Las personas trans son igualmente perseguidas en ambos países por no ajustarse a los códigos de vestimenta y expresión de género impuestos por el Estado.
Para entender la arquitectura de este control, es útil la distinción que recoge el artículo de Afroféminas «Entre religión y derechos: las mujeres musulmanas africanas»: la diferencia entre sharia —el conjunto de principios religiosos— y fiqh —la interpretación humana de esos principios—. Confundirlos es una operación política que permite a los Estados musulmanes integristas presentar como mandato divino lo que es decisión de hombres con poder. Cuando un juez saudí condena a una mujer por un tuit, o la policía de la moral en Irán detiene a una joven por unos mechones de pelo, no están ejecutando un supuesto mandato divino. Están ejecutando la voluntad del Estado. Y la diferencia lo cambia todo.
Ahora bien, ¿por qué Irán acapara la condena internacional y Arabia Saudí no? La respuesta no está en los derechos humanos. Está en la geopolítica. Irán es el adversario declarado de Estados Unidos e Israel, potencia chií en un tablero regional dominado por alianzas suníes prooccidentales. Su demonización como «régimen teocrático» cumple una función ideológica que va mucho más allá de la preocupación por las mujeres iraníes: legitima sanciones, aísla al país y lo mantiene fuera del sistema financiero global. Arabia Saudí, en contraste, es el mayor exportador de petróleo del mundo, comprador masivo de armamento occidental —España incluida— y ancla del sistema del petrodólar. Su régimen es igualmente teocrático, igualmente patriarcal, igualmente represivo. La diferencia es que paga bien.
El ejemplo más grotesco de este doble rasero fue la decisión de la ONU en marzo de 2024: la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el principal organismo mundial dedicado a la igualdad de género, eligió a Arabia Saudí para presidir su 69ª sesión en 2025. La decisión fue unánime. España votó a favor. Amnistía Internacional y Human Rights Watch lo condenaron. Nadie rectificó. Arabia Saudí no necesita cambiar sus leyes; le basta con ocupar los sillones donde se supone que se defienden. Sobre las contradicciones que este tipo de decisiones revelan para las mujeres racializadas, los derechos humanos universales tienen fronteras muy precisas cuando chocan con los intereses del capital.
El sportswashing saudí completa el cuadro. La organización de la Copa del Mundo 2034, la compra del Newcastle United, el circuito de golf LIV, los torneos de tenis y boxeo, los conciertos de artistas internacionales: todo forma parte de una estrategia calculada para normalizar el régimen en el imaginario global. El entretenimiento hace lo que la diplomacia no puede: construir una imagen de modernidad sin exigir ningún cambio real. Y funciona porque los medios occidentales, los patrocinadores y los gobiernos lo permiten. Condenar a Irán sale gratis. Condenar a Arabia Saudí tiene precio.
Lo que une a ambos países, más allá de sus diferencias estructurales, es que el cuerpo de las mujeres y los cuerpos disidentes son el primer territorio conquistado por el poder. El velo obligatorio en Irán, la tutela masculina en Arabia Saudí, la pena de muerte por amar de formas no autorizadas en los dos: son tecnologías de control con distinto formato y la misma función. Nombrar esa función con el mismo rigor en ambos casos, sin que el mapa geopolítico decida a quién se condena y a quién se absuelve, es el mínimo que puede hacer un feminismo que se pretenda antirracista y decolonial.
Redacción Afroféminas
