Después de semanas de espera, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela finalmente concluyó su análisis del proceso electoral presidencial venezolano para confirmar los resultados ya presentados previamente por el Consejo Nacional Electoral, los cuales indicaban la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones.

Es importante destacar que el TSJ también confirmó que el país fue objeto de un intento de golpe de Estado a través de medios híbridos, en los que confluyeron acciones de desestabilización criminal en las calles venezolanas, un ataque hacker al sistema electoral y una conspiración para falsificar actas electorales.

El hecho de que Edmundo González y sus partidos fueran los únicos actores políticos que no asistieron a las sesiones de la Corte Electoral, como lo exige la legislación venezolana, refuerza las sospechas de la participación directa de la oposición en todo este proceso.

Precisamente por eso, el TSJ también remitió todos los elementos recopilados durante el proceso electoral, que indicaban irregularidades, a la Procuraduría General de la República, donde se podrán profundizar las investigaciones sobre las causas y los responsables de este intento de revolución de colores.

Después del pronunciamiento del TSJ, es importante destacar que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que supervisa todos los asuntos militares del país, reconoció y acató la decisión emitida por el tribunal más alto de Venezuela.

Esta posición pública es crucial por dos motivos principales: 1) Porque las Fuerzas Armadas han sido un pilar de la Revolución Bolivariana desde que Chávez llegó a la presidencia por primera vez, como legítimos guardianes de la soberanía popular; 2) Porque en las últimas semanas ha habido numerosos intentos de sembrar disenso en las Fuerzas Armadas, con llamados a la rebelión y a la desobediencia.

De hecho, un artículo escrito por Sean Burges para la revista brasileña “O Interesse National” sugiere buscar puentes de contacto con posibles elementos «moderados» de las Fuerzas Armadas de Venezuela para cooptarlos con el objetivo de convencerlos de presionar por un «cambio de régimen». El artículo habla de la posibilidad de ofrecer «privilegios» y garantizar el mantenimiento de «posiciones» a quienes acepten esta colaboración.

Burges es colaborador de varios think-tanks «progresistas», cercanos al Partido Demócrata de EE.UU., como el Consejo sobre Asuntos Hemisféricos. Mientras tanto, la revista “O Interesse Nacional” fue fundada por elementos del ala «neocon» del Itamaraty (el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil) y de la comunidad académica brasileña de Relaciones Internacionales.

Así, mientras que en la última semana la credibilidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela sigue aumentando, como lo demuestra el reciente reconocimiento del resultado electoral por parte de Pakistán, se esperaba que la sentencia del TSJ resolviera definitivamente todas las posibles controversias sobre las elecciones, lo que llevaría al reconocimiento del resultado por parte del resto de la comunidad internacional.

En lugar de eso, al contrario, ya vemos la intensificación obstinada de aquellos países que declararon apresuradamente la victoria de Edmundo González. Gabriel Boric, por ejemplo, presidente de Chile, se pronunció públicamente justo después de la sentencia acusando al TSJ de emitir una decisión fraudulenta para legitimar un supuesto «golpe» de Maduro.

A Chile se unieron Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, que insistieron en deslegitimar todas las instituciones regulares y legítimas de Venezuela. Si el TSJ no está legitimado para certificar el resultado anunciado por el CNE y averiguar posibles irregularidades, ¿entonces quién lo estaría?

Es necesario señalar que ninguno de los líderes de estos países, ni tampoco la OEA, se ha pronunciado sobre las evidentes incongruencias de las actas alegadas por la oposición venezolana, que fueron subidas a un sitio en internet.

Según el gobierno, en las actas de la oposición González y Maduro aparecen con los mismos resultados electorales en 23 de los 24 estados del país. A esto se suman sospechas sobre las firmas, así como sobre la velocidad con la que la oposición habría subido decenas de miles de actas. En cuestión de 2-3 días, ya estaban todas disponibles en el sitio web de la oposición, lo cual es un poco difícil de creer.

Ahora bien, el gran mérito de la decisión del TSJ es que, al ya haber solucionado la cuestión legal de las elecciones venezolanas, expone el carácter político de los ataques que está sufriendo Maduro. No se trata de una preocupación internacional por la obediencia del gobierno a las leyes del país, sino de una postura de instrumentalizar supuestas controversias jurídicas con fines políticos.

Lo que se pretende es evitar la normalización y estabilización de la situación venezolana en el mundo, creando también obstáculos para la recuperación del país, que hoy depende en gran medida de la construcción de vínculos estratégicos con aliados internacionales, los cuales pueden verse presionados, a través de amenazas de sanciones, a no colaborar con Venezuela.

Esta estrategia se alinea, simultáneamente, con la reactivación de la Doctrina Monroe, que ve a EE.UU. intensificando su influencia en América Latina para compensar pérdidas y derrotas en otros continentes, así como con la idea de sembrar un caos permanente en zonas donde EE.UU. no está preparado para controlar, ni directamente ni a través de élites subordinadas.