Como si libraran una guerra de videojuego en línea, las plataformas estadunidenses han decidido esta semana dirigir su mirilla láser al cuadrante de Cuba para marcar y silenciar a los personajes de un enemigo que no tiene cómo defenderse.

Algunos podrían argumentar que es honroso que te etiqueten como medio gubernamental de financiamiento público, y ciertamente lo es. Pero Twitter no pretende enaltecer a Granma, Cubadebate, Radio Habana Cuba, Juventud Rebelde y otros, sino reducir la difusión de sus mensajes. Sin previo aviso y a lo bestia, la trasnacional ha extendido al Caribe sus políticas de control, el apuro de borrar voces incómodas, la corrección hipócrita de sus normas de comunidad y, una vez más, ejerce la censura a escala global, simplemente retocando sus algoritmos y sin los procedimientos que permitirían justificar esas decisiones. Para colmo, considera a los medios privados imparciales y más genuinos que sus homólogos financiados con fondos públicos, por lo que en el planeta Twitter todo lo que huela a interés particular está libre de etiqueta. En esta visión sesgada, los usuarios no tienen derecho a juzgar el contenido por sus méritos.

Pero el mayor absurdo de todo esto es que sea una corporación vinculada al gobierno de Estados Unidos como Twitter la que etiqueta a otros como medios afiliados a un Estado. No es difícil encontrar evidencias de que la plataforma ha trabajado en intimidad cada vez mayor con la Casa Blanca desde que los políticos estadunidenses comenzaron a presionar a las empresas tecnológicas para que regularan el contenido. En un recurso legal de 2011 fácil de encontrar en Internet, Twitter acordó con la Comisión Federal de Comercio implementar, monitorear y ajustar sus medidas de seguridad bajo observación del gobierno y ha entregado desde entonces los datos de miles de usuarios a las agencias gubernamentales.

La revista Forbes publicó en agosto que Estados Unidos encabeza la lista de los gobiernos que exigen la entrega de datos a las plataformas tecnológicas, con casi 2 millones de cuentas de usuarios cedidas desde 2013. En las elecciones que llevaron a Biden a la Casa Blanca, Twitter fue una de las muchas corporaciones de Silicon Valley que reconocieron trabajar directamente con las agencias gubernamentales de EU para determinar qué contenidos deberían ser eliminados con el fin de asegurar la contienda electoral.

Cada vez que Twitter informa que ha purgado miles de cuentas sospechosas de tener un comportamiento inauténtico y actuar bajo la dirección de gobiernos extranjeros, jamás serán cuentas de países de la OTAN ni de otros amigos del gobierno estadunidense, y no hace falta mucha imaginación para explicar la causa. Los sancionados favoritos son Rusia, China, Irán, Venezuela y Cuba, por supuesto.

El 12 de mayo de 2020 la plataforma bloqueó 526 perfiles gestionados desde la isla. No explicó su decisión a los usuarios que vieron canceladas abruptamente sus cuentas, pero al día siguiente, el 13 de mayo, Michael Kozak, entonces subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró ante la prensa que el Departamento de Estado había identificado más de cuatro docenas de cuentas cubanas que violaban las políticas de Twitter –¡lo anunció la agencia gubernamental, no la súper e independiente empresa privada!–. Casi en simultáneo, The Miami Herald publicó declaraciones de otra funcionaria sobre los avances de las relaciones con Twitter: Tenemos un diálogo continuo con las empresas de tecnología y estamos trabajando con ellas para compartir nuestras ideas sobre los intentos de los actores estatales y no estatales de aprovechar sus plataformas para difundir desinformación y propaganda, dijo Lea Gabrielle, directora del Centro de Compromiso Global (GEC), también del Departamento de Estado.

El historial de Facebook como medio afiliado al gobierno de Estados Unidos es aún más negro y bastante conocido. Cito como botón de muestra el escándalo protagonizado en 2021 por la entonces vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien dijo a los periodistas que el Ejecutivo compilaba listas de personas que publican en esa plataforma contenidos problemáticos, para que Facebook pueda eliminarlos. El periodista Glenn Greenwald, de The Intercept, reaccionó airado: Unión del poder corporativo y estatal, uno de los sellos clásicos del fascismo. Greenwald hablaba de Facebook, pero podría ser ésta una magnífica etiqueta para colgarle también a Twitter.