La actual crisis económica y social desatada por la pandemia del Covid-19 expone muchas de las falacias en base a las cuales se organizan y funcionan las economías capitalistas contemporáneas. Entre ellas, la trampa de uno de los apotegmas que sostiene la hegemonía del pensamiento económico ortodoxo: su teoría del valor de los bienes y servicios que se producen y distribuyen en la economía.

Este axioma postula que los precios de mercado definen el valor de los bienes y servicios: por lo tanto, aquellos que tienen un precio más alto son más valiosos para la economía y la sociedad que los que tienen precios más bajos. Esto es válido para todas las mercaderías, incluyendo el salario que se paga por el trabajo vendido en el mercado: el trabajo que recibe un salario más alto es más valioso que el que recibe uno más bajo. Por supuesto, lo que no tiene precio de mercado no es valioso o en todo caso su valor es “no económico” (por ejemplo, el trabajo gratuito en el ámbito doméstico).

Estas aseveraciones se sostienen en varios supuestos: 1) los precios reflejarían el equilibrio entre las preferencias (subjetivas) de los consumidores y el beneficio deseado por los oferentes; 2) las transacciones de mercado sólo afectan a quienes intervienen directamente en la oferta y la demanda; 3) cualquier interferencia en las transacciones de mercado es ineficiente y perjudica para fijar el precio justo y eficiente.

En contraste, los economistas clásicos, desde Adam Smith hasta Karl Marx, razonaban de otro modo. Así, distinguían entre trabajo y actividades “productivas” e “improductivas”. Sus criterios para catalogar a las distintas actividades son cuestionables, pero lo importante es resaltar su idea de que los precios de mercado no determinan el valor económico y social de los bienes y servicios, sino su relevancia para el funcionamiento del sistema económico y social.

La actual crisis expone claramente que el razonamiento clásico es más adecuado que el ortodoxo o neoclásico en tanto se observa claramente que muchas actividades de alto precio tienen menor valor económico y social que otras peor remuneradas e incluso gratuitas (como el cuidado de personas); las primeras pueden parar y las segundas no. También queda expuesto que muchas actividades generan externalidades negativas para el conjunto de la sociedad (contagio a la población, derroche de recursos escasos en bienes y servicios suntuarios importados, contaminación ambiental) mientras que otras generan externalidades positivas (cuidado de la población, salubridad, orden de tránsito, producción y distribución gratuita de elementos para evitar contagios, cadena alimenticia de acceso universal, etc.).

O sea el impacto de las actividades económicas no alcanza sólo a quienes intervienen directamente en ellas. En la práctica, casi no existen bienes y servicios que no generen externalidades al conjunto de la sociedad. La diferencia es que algunas externalidades son positivas y otras negativas. De aquí se sigue que hay bienes y servicios que son básicos para que la sociedad y la economía funcionen por su importancia y por las externalidades positivas que generan. También, que los precios de mercado no reflejan el valor económico y social.

Se puede discutir la lista, pero múltiples estudios indican cuáles son los bienes y servicios básicos para que la sociedad funcione de manera integrada, eficiente y con impacto positivo para satisfacer necesidades humanas básicas (salud física y mental, autonomía personal): sector salud, servicios de cuidado de las personas, cadena alimenticia, servicios esenciales (agua, energía, telecomunicaciones, transporte), servicios educativos, vivienda, etc. No sólo son imprescindibles estas actividades y los trabajos allí desarrollados, sino también su cadena de insumos.

Todas las personas comparten necesidades humanas básicas que no son sustituibles ni tampoco intercambiables entre sí, y cuyo valor no puede estar dado por su precio de mercado. Deben ser satisfechas de forma prioritaria e igualitaria para que la sociedad se mantenga integrada, el orden social esté legitimado y las personas puedan funcionar socialmente y desarrollarse autónomamente. Por encima de esa base se erigen las otras actividades y empleos que satisfacen necesidades individuales y que tienen menor valor económico y social pese a que muchas veces su precio es muy elevado. Incluso, algunas podrían prohibirse porque generan impactos dañinos a la economía y la sociedad.

La actual crisis enseña que la sociedad es un sistema complejo cuyos subsistemas deben asentarse sobre una base sólida común; de lo contrario se generan profundas desigualdades. También, que la complejidad de la vida en sociedad no permite que se sacrifique un elemento básico en detrimento de otro, porque todos son imprescindibles para la vida. Ejemplo, el confinamiento de toda la población sin compensar adecuadamente sus impactos desiguales no es recomendable: mientras algunas personas se quedan en su confortable domicilio y siguen cobrando su salario o sus rentas financieras, otras no tienen hábitat adecuado, no acceden ni siquiera a servicios básicos y se quedan sin su único ingreso laboral.

En el caso de Argentina, la actual pandemia nos muestra que ni siquiera el sistema de salud está organizado conforme a las jerarquías entre lo básico y lo no básico. Mientras no se invirtió lo suficiente en áreas clave (incluyendo la remuneración al personal de la misma), el sector sigue segmentado conforme al poder de demanda, se gasta en servicios innecesarios (hotelería de clínicas privadas de alto precio) y no funciona coordinado conforme a criterios de prioridad social. Los actores poderosos (productores y distribuidores de fármacos, intermediarios financieros, ciertas corporaciones médicas y sindicales, etc.) tienen demasiado peso y dinamizan el sector por los precios y la ganancia de mercado.

La crisis desatada por la actual pandemia deja claro que los diferentes componentes de la economía y la sociedad deberían reorganizarse bajo la premisa de garantizar primero lo básico y pagar los mejores salarios en esas actividades, antes que permitir que grupos reducidos accedan a lo máximo. Los bienes y servicios públicos necesarios para satisfacer necesidades humanas universales deberían ser los de mayor calidad y su acceso no debería depender del desigual poder de demanda de las personas.

Los precios de mercado no definen el valor de los bienes y servicios que se producen y distribuyen en la sociedad; mucho menos el valor del trabajo. Las prioridades sociales y económicas básicas no pueden valorizarse conforme al poder de demanda de los más favorecidos, sino en función de su valor para el conjunto de economía y la sociedad.

Esto no vale sólo para la emergencia de la pandemia; la emergencia sólo lo vuelve evidente y expone la irracionalidad del modo en que está organizado el sistema económico y social. Una clara enseñanza de esta tragedia es la urgente necesidad de modificar los principios en base a los cuales se valorizan las actividades y los trabajos en nuestra sociedad y que en gran medida explican su vulnerabilidad para enfrentar esta y otras crisis.