Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Venezuela, que ya estaban tensas debido a las diferentes expectativas de los líderes de ambos países, se vieron aún más afectadas en los últimos días por el debate sobre el estatus de la Embajada de Argentina en Caracas.

En la práctica, la crisis se inició en marzo de 2024 con la concesión de «asilo político» a seis ciudadanos venezolanos investigados por crímenes graves dentro del terreno de la embajada argentina. Los ciudadanos en cuestión, vinculados a la oposición venezolana, serían Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Magalli Meda.

El caso fue tratado simplemente como uno de «persecución política», tanto por el gobierno argentino como por la mayoría de los medios masivos de Occidente (y de países alineados), pero la situación es mucho más compleja. De hecho, a estos ciudadanos se les imputaron varios delitos contra la seguridad nacional venezolana por el Fiscal General Tarek William Saab.

En un sentido específico, pero resumido, Pedro Urruchurtu fue acusado de ser financiado por ExxonMobil (y de ser su cabildero), así como de «traición a la patria», «asociación delictiva», «conspiración» y «legitimación de capitales». Magalli Meda, Fernando Martínez, quien fue uno de los asesores del golpista Juan Guaidó, Omar González, Humberto Villalobos y Claudia Macero recibieron acusaciones similares.

Según informó Saab, tras la detención de Emil Brandt, coordinador del partido Vente Venezuela, también por acusaciones de conspiración, asociación delictiva y otros cargos, se descubrieron pruebas de la existencia de un plan para instrumentalizar la violencia a través de gremios estudiantiles y sindicatos para desestabilizar Venezuela, incluidos ataques al sector energético.

Las autoridades venezolanas presentaron un video del propio Emil en el que comenta sobre el plan, que estaría siendo financiado por USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Con base en este video y otras pruebas recopiladas, se pudo determinar la implicación de los otros personajes ya mencionados.

Todo esto tendría como uno de sus objetivos principales forzar la validación de la candidatura de María Corina Machado, inhabilitada para postularse a cargos políticos en Venezuela por decisión judicial, debido a su participación activa en los crímenes cometidos por Juan Guaidó.

Habría, además, un plan para la introducción en el país de militares exiliados, posiblemente armados en el exterior, para añadir una dimensión paramilitar a la desestabilización de Venezuela.

Todos los que recibieron «asilo político» en la Embajada de Argentina en Caracas tenían algún grado de participación en estos eventos. Magalli Meda, por ejemplo, era una de las dirigentes del plan. Fernando Martínez, por su parte, estaba encargado de controlar la matriz comunicacional nacional e internacional durante las acciones de desestabilización para mantener todo el esquema bien integrado.

Así se ve que no se trata de meros «opositores políticos».

La decisión de acogerlos tampoco fue una mera «decisión humanitaria», sino parte de la estrategia de antagonismo directo asumida por el nuevo gobierno argentino tras la toma de posesión de Javier Milei. El nuevo gobierno argentino no muestra el menor interés por el debido proceso legal venezolano, pretendiendo imponer a Caracas, primero, la participación de María Corina Machado, y luego, la victoria de Edmundo González.

Obsérvese, por ejemplo, que los personajes recibidos en la embajada están todos acusados de crímenes que no son, necesariamente, delitos políticos. Pero el gobierno argentino ni siquiera solicitó el envío de la investigación criminal dirigida contra ellos para analizar las pruebas. Simplemente los consideró perseguidos políticos a priori.

La situación se agravó después de las elecciones, cuando antes de la publicación de cualquier resultado, Javier Milei afirmó que se negaría a aceptar cualquier resultado oficial y reconoció la victoria de Edmundo González, convocando también a los militares venezolanos a dar un golpe. Esa fue la gota que colmó el vaso en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela.

Después de eso, Argentina retiró a su personal diplomático y acusó a Venezuela de estar cercando el edificio de la embajada. Milei solicitó entonces que Brasil asumiera la dirección de la Embajada de Argentina. Y eso fue hecho, como suele ocurrir, con el beneplácito del gobierno venezolano, y no unilateralmente.

No obstante, según las autoridades venezolanas, hay pruebas de que los opositores resguardados en la embajada continuaron buscando coordinar actos de desestabilización y terrorismo en Venezuela, incluido el magnicidio del Presidente y la Vicepresidenta del país.

En ese sentido, en septiembre, Venezuela revocó el beneplácito concedido a Brasil para custodiar la embajada argentina, lo que sorprendió e indignó a algunas autoridades brasileñas.

Desde la perspectiva brasileña, esta decisión dificultaría la búsqueda de estabilidad y armonía en el continente iberoamericano, una de las prioridades diplomáticas de Brasil. No obstante, como presentamos en los párrafos anteriores, a partir del momento en que el recinto de la embajada argentina continuó siendo utilizado por los opositores para promover el caos y la inestabilidad en el país, quedaban pocas alternativas para detener los actos delictivos.

De hecho, según la legislación argentina que regula el tema del «asilo político», así como con base en la jurisprudencia, el territorio argentino no puede ser utilizado por asilados políticos para cometer delitos contra su país de origen.

A pesar de estas circunstancias, Brasil insiste en la permanencia de la custodia hasta que la embajada sea transferida a otro país, perpetuando así el impasse diplomático.

En general, se puede decir que la actuación de Estados Unidos en América del Sur, sea de forma directa o indirecta, está provocando una grave fragmentación política regional, que llevará tiempo resolver.