Dice el refrán que en la casa de los pobres las alegrías duran poco. Esta sentencia se ha vuelto a cumplir de nuevo con la gran mayoría de pensionistas; aunque en este caso hay que reconocer que la alegría por la subida del 0,9%, además de breve, ha sido muy moderada. Y es que los nueve euros mensuales para las pensiones medias, o los seis para las más bajas, no dan para mucha celebración.

Habíamos calculado que, con el aumento aplicado del gobierno de progreso, los beneficiarios de las pensiones mínimas tendrían para media bombona de butano; la fuente energética que la inmensa mayoría de la tercera edad utiliza para calefacción, agua caliente o cocina; cuando no para los tres electrodomésticos.

Sin embargo, por culpa de los conflictos internacionales, las tensiones de la bolsa, la geopolítica y todas esas cosas, que siempre repercuten en la subida de los precios, nuestra popular bombona del gas se ha vuelto a poner por las nubes. En concreto, el importe del butano se ha incrementado un 4,95%. Una subida que para sí la quisiéramos los trabajadores, jubilados o en activo. Eso por no hablar de los parados de larguísima duración o de los millones de asalariados que no tienen convenio que los proteja mínimamente o que trabajan en eso que, con un cierto cinismo, se ha dado en llamar economía colaborativa.

Lo realmente escandaloso es que este empobrecimiento de la clase trabajadora se ha producido en una etapa en que los ricos (de la banca y de las grandes empresas) no han dejado de ver crecer sus fortunas. Cualquiera que no sea economista o tertuliano a sueldo del capitalismo triunfante podría pensar que lo que sucede es que aquello que se recorta a los pobres va automáticamente a los ricos.

Cierto es que este sistema funciona con la producción y trasferencia de plusvalías, con las inversiones y con los beneficios de las empresas. De acuerdo en que mientras no haya cambios profundos esto es así. Pero incluso aceptando -a regañadientes, claro- estas reglas del juego, no parece de recibo que en pleno siglo XXI las economías más potentes del mundo no puedan (o no quieran) satisfacer las necesidades de sus poblaciones.

Y entre esos servicios sociales amenazados por el tsunami neoliberal, ninguno tan sensible como las pensiones; un sector de casi 10 millones de personas que, tras una vida dedicada al trabajo y a sacar adelante a sus familias, se ven en el tramo final de su existencia condenados a vivir con el temor de no llegar a fin de mes y tener que recortar otro poco el presupuesto doméstico.

La sociedad, el Estado que administra la riqueza común, no puede dar la espalda a sus mayores. Retrasar -como ya se está haciendo- la edad de jubilación o recortar la cuantía -como sibilinamente también ocurre ahora- va contra toda lógica, como muchos economistas reconocen. No es cierto que no haya dinero; nunca ha habido tanta riqueza. Lo que pasa es que existen muchas reticencias a que esa riqueza se reparta mucho más justa y equitativamente. Por eso el movimiento de los pensionistas tiene que seguir defendiendo sus derechos, gobierne quien gobierne.

Antonio Pérez Collado

Asamblea de Pensionistas y Jubilad@s de CGT-Valencia