La destrucción del sistema publico sanitario no afecta a todas por igual. El colectivo pensionista y los pacientes crónicos son los que más sufren la situación de colapso crónico porque son los que más necesidad de atención sanitaria tienen. También son los que más están sufriendo el exceso de mortalidad que está ocurriendo en los últimos meses, y del cuál el Gobierno aún no ha investigado sus causas.

Las listas espera no han parado de crecer desde el inicio del proceso de privatización (1997), agudizándose con la crisis y los recortes de 2008, hasta alcanzar cifras récord tras la pandemia. La situación es tal, que si antes acceder a una intervención de traumatología (rodilla, cadera…) se demoraba de media un año, en estos momentos, en muchas Comunidades Autónomas hay casos donde pacientes esperan de 2 a 3 años. Años de sufrimiento e incapacidad.

Algunos dirán, siempre queda la “alternativa” de hacerse una póliza privada, pero existen varios “inconvenientes”: el precio de la póliza variará en función de nuestra edad y nuestras patologías; la posibilidad de ser expulsado si la utilizas mucho; y que la calidad de la asistencia es muy inferior en los centros privados (las tasas de mortalidad son superiores respecto a los públicos). A esto se une un problema añadido: el brutal crecimiento de los seguros privados (casi 13 millones, en algunas CC.AA. casi el 40 % de la población), sin incremento de recursos humanos, ha dado lugar al mismo problema que en la sanidad pública: listas de espera de hasta 6 meses para ser visto por el cardiólogo, o 1 año por el rehabilitador, o incluso cierre de agendas con la imposibilidad de lograr una cita.

Por tanto, la solución no parece ser huir hacia los seguros privados, sino encarar el problema y blindar y desprivatizar el sistema sanitario público. No es un problema de más dinero. Lo que hace falta es que el dinero de nuestros impuestos no acabe en los bolsillos de los de siempre y se dedique exclusivamente a mantener los centros públicos.

En este sentido, la lucha por recuperar un Sistema Nacional de Salud, en el que las empresas privadas no puedan operar, es la mejor receta. El colectivo pensionista tiene que hacer suya su defensa. Si no lo hace, lleva las de perder.

Mas de 100 colectivos de todo el Estado tenemos en marcha una Iniciativa Legislativa Popular de Recuperación de la Sanidad Pública (www.recuperatusanidad.org) que recoge las principales medidas que los partidos políticos no han querido defender y que permitirían salvar el sistema sanitario. Aún estamos a tiempo.

No hay más salidas, el resto es situarse en la trinchera equivocada. Hay claramente tres alternativas: luchar para obligar a los políticos a blindar el sistema sanitario mediante la derogación de las leyes que permiten su privatización y destrucción; hacer como que se defiende la sanidad publica sin apuntar a las causas (leyes privatizadoras) y a sus responsables (partidos políticos que las mantienen); o posicionarse directamente a favor de un sistema sanitario privatizado pagado con nuestros impuestos. Estas dos últimas, a efectos prácticos coinciden en que trabajan para los privatizadores.

El 15 de octubre, todas a Madrid: La Sanidad y las Pensiones deben ser intocables.