Empresas españolas y fondos buitre han bajado el pulgar a España y están detrás de los litigios instados ante el Comité de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI), que han derivado en los procesos de embargo contra bienes españoles en el exterior por valores millonarios. Deutsche Bank, HSBC, BNP o el fondo soberano de Abu Dhabi, Masdar, entre los implicados.

Si bien un juez británico ya ha bloqueado las cuentas del Instituto Cervantes en Reino Unido, no es ni el primero ni el único embargo que la abogacía del Estado espera en las próximas semanas. También en Gran Bretaña la Justicia ha otorgado el embargo provisional de parte de la indemnización que las aseguradoras del Prestige tienen que pagar a España por el desastre medioambiental provocado en las costas gallegas hace 20 años.

El proceso comenzó en 2013, cuando España enfrentó una oleada de demandas ante el Ciadi iniciadas por RREEF Infrastructure Limited y Antin, dos grandes fondos vinculados al Deutsche Bank y BNP a finales del año pasado. A ellos se unieron el fondo Eiser Infrastructure y el fondo de pensiones de Canadá, PSP Investment, que presentaron sus demandas en diciembre de ese año. Después fue Masdar, empresa estatal de Abu Dabi, la que reclamó a España por la misma causa. Aunque también hubo otras dos instancias de arbitraje donde España también fue demandada: la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) y Uncitral, dependiente de Naciones Unidas.

Se trataban de acciones donde los inversores extranjeros reclamaban a España al menos 7.566 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables. Reclamaban indemnizaciones no por pérdidas, sino por no tener la rentabilidad esperada a consecuencia de las reformas del sector eléctrico que se abordaron en 2010, 2013 y 2015.

Dichas reformas alentaron una avalancha de acciones legales donde España lo tenía todo perdido, y que coinciden en el tiempo con los momentos de mayor decadencia económica del país. Todos temían que España no pudiera hacer frente a los pagos y se lanzaron a los procesos judiciales que pudieran hacer efectivos los laudos condenatorios.

Según el Banco de Pagos Internacionales, España tiene créditos pendientes en todo el mundo por valor de más de un billón de dólares: debe a Gran Bretaña 51.000 millones, a Estados Unidos 187.000 millones, a Francia 224.000 millones y a Alemania nada menos que 244.000 millones. Es decir, que España está en quiebra técnica y los fondos buscan carroña.

Y ahora la situación es similar a la de 2013, sólo que bajo un gobierno de signo distinto. La mecánica de los fondos de inversión en este tipo de litigios es siempre la misma: un bombardeo legal y embargos contra un gobierno saliente, que deberá ser abordado por el Ejecutivo que se conforme tras las elecciones generales previstas para noviembre de 2023, el cuál tendrá que aceptar compromisos de pago leoninos.

De hecho, esta estrategia legal y política a la vez incluye a operadores españoles entre sus diseñadores. El despacho de abogados Cuatrecasas es el representante legal de varios de ellos (OperaFund, NextEra e Infrared); o el propio Juan Carlos I, que fue «padrino» de las inversiones del fondo soberano abudabí Masdar en España, país donde precisamente se ha «refugiado».

Si bien hay que dar por hecho que de aquí a noviembre vendrán nuevos embargos «preventivos», que servirán sobre todo para jalonar la imagen pública del gobierno del PSOE y Podemos, la factura se terminará de pagar con el nuevo gobierno ya constituido, algo que indica que tanto los Estados Unidos como Gran Bretaña -principales tramitadores de estos apremios- dan ya a este gobierno por amortizado.