Los hechos se precipitaron a partir del 17 de julio, cuando en una nueva operación de guerra sicológica de corte terrorista propagandístico −ante el fracaso de la llamada contraofensiva militar y el fiasco de la cumbre de la OTAN en Vilna−, el régimen de Volodymir Zelensky atacó con vehículos aéreos no tripulados navales, el puente de 19 kilómetros que une a Crimea con la Rusia continental, con saldo de dos personas muertas y una menor herida. Expertos militares señalaron que los drones navales de superficie (presuntamente un Mikola3 de origen británico) atacaron el puente al amparo de un convoy de barcos que transportaba los últimos cargamentos en el marco del acuerdo sobre granos, y habrían sido guiados por un dron de fabricación estadunidense Reaper (traducido como Segador o La Parca, sistema espacial de reconocimiento y designación de objetivos para llegar al blanco), al que Ucrania no tiene acceso independiente. Según la vocera de la cancillería rusa, María Zajarova, el régimen terrorista de Kiev tiene todas las características de un grupo internacional de delincuencia organizada. Dijo que la decisión de atacar el puente fue tomada con la participación directa de políticos y miembros de los servicios de inteligencia de EU y Reino Unido (CIA y MI6), que están a cargo de la estructura terrorista.

La respuesta de Moscú fue contundente e inesperada tanto para la OTAN como para Ucrania: desde el 17 de julio y durante cuatro noches seguidas, Rusia realizó ataques de represalia con armas de precisión desde el mar y el aire contra instalaciones donde se preparaban actos terroristas, talleres industriales donde se producían lanchas no tripuladas, infraestructuras de almacenamiento de combustible y depósitos de municiones del Ejército ucranio en las cercanías de las ciudades portuarias de Odesa, Mikolaiv y Chernomorsk.

Desde el comienzo de la Operación Militar Especial en febrero de 2022, el Kremlin había consentido a Washington y la OTAN –y su herramienta en Kiev: Zelensky− traspasar varias líneas rojas sin resultados significativos. Rusia no ha imitado el brutal estilo de guerra de EU en Hiroshima y Nagasaki, Corea, Vietnam, Cuba (1961), Granada, Panamá, la ex Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Somalia y Yemen, y pese a las sanciones de EU/Unión Europea, no cortó los lazos económicos con todos los actores hostiles para llevar el conflicto a una solución más rápida. De allí que Washington y Bruselas pensaban que las líneas rojas rusas eran palabras vacías y sin consecuencias.

Asimismo, el 17 de julio el Kremlin anunció que suspendía la participación de Rusia en la Iniciativa de Granos del mar Negro, firmada el 22 de julio de 2022 por representantes de Moscú, Kiev, Ankara y la ONU, que prevé la exportación de cereales, alimentos y fertilizantes ucranios a través del mar Negro desde tres puertos, incluido el de Odesa. Rusia alegó que cumplió con su parte garantizando un corredor seguro a través de áreas marítimas controladas por la Armada rusa, para que se pudiera llevar adelante la exportación de granos por Kiev (en beneficio de las corporaciones Cargill, DuPont y Monsanto, propietarias de 17 millones de hectáreas de cultivo en Ucrania), pero EU y la UE no levantaron las sanciones que impusieron a Moscú, como por ejemplo la desconexión del sistema bancario Swift, boicoteando de facto la exportación de productos rusos al entorpecer su comercialización.

A su vez −y en conexión con la suspensión del pacto de granos y la liquidación del corredor humanitario marítimo−, el 19 de julio el Ministerio de Defensa ruso anunció que a partir del día 20 todos los buques que naveguen en el mar Negro con destino a puertos ucranios serán considerados potenciales portadores de carga militar y en consecuencia se considerará que los países de banderas de dichos buques participan en el conflicto ucraniano del lado del régimen de Kiev. Rusia argumenta que las autoridades ucranias utilizaron las garantías de seguridad en el mar Negro, para golpear dos veces el puente de Crimea (8/10/22 y 17/7/23), y aprovechando las garantías de inviolabilidad, los puertos de la provincia de Odesa fueron usados como talleres y almacenes de las fuerzas armadas ucranias y desde allí se habría atacado buques de la Flota del Mar Negro rusa y embarcaciones civiles en las vías exteriores e interiores del puerto de Sebastopol.

El 21 de julio, Dmitri Polianski, representante adjunto de Rusia ante la ONU, denunció que durante el año que estuvo vigente el acuerdo de granos, Kiev ha acumulado importantes capacidades militares-industriales, de combustible y almacenamiento en zonas de sus puertos en el mar Negro, albergando también importantes recursos humanos de las fuerzas armadas y mercenarios extranjeros. Consideró, además, que la infraestructura portuaria de Odesa es un lugar de despliegue y reabasto de sus tropas con armamento occidental.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, descartaron el uso de medios militares de EU para proteger los envíos de cereales que entran y salen de los puertos ucranios. El 21 de julio, el presidente turco, Recep T. Erdogan, reconoció la validez del reclamo de Moscú para suspender el pacto y llamó a los países de Occidente a escuchar sus argumentos con el objetivo de reanudar el acuerdo de granos. A su vez, Zelenski declaró en videoconferencia en el Foro de Seguridad Aspen, que Ucrania considera el puente de Crimea como objetivo militar que debe ser neutralizado. Kiev también considera que los buques que naveguen por el mar Negro con destino a puertos rusos podrían considerarse portadores de carga militar, con todos los riesgos asociados. El mar Negro, pues, es un nuevo escenario bélico.