San Diego. Uno por uno, los solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras que esperan en México audiencias judiciales en Estados Unidos comparecieron ante el juez Lee O’Connor para explicar por qué, después de meses de esfuerzo, no pudieron encontrar un abogado.

Un hombre dijo que intentó repetidamente con los nombres en una lista de abogados gratuitos o de bajo costo que proporciona la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Nadie respondió, y comenzó a buscar en Tijuana, quienes lo consideraron deshonesto. El juez advirtió que los abogados mexicanos no pueden ejercer en Estados Unidos.

Una salvadoreña con tres hijos aseguró que nadie respondió a sus llamadas telefónicas.

Nuestra ley es muy complicada, le dijo O’Connor en noviembre antes de ofrecerle una tercera extensión para tratar de encontrar un abogado. La ley de inmigración se considera una de las áreas más complicadas de la ley… incluso para los abogados.

Dichos intercambios en la sala de audiencias son comunes en la política permanecer en México, implementada por el gobierno de Donald Trump y que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano, en ciudades fronterizas a menudo peligrosas, mientras sus casos se desahogan en tribunales de migración en Estados Unidos, donde la carga de trabajo es abrumadora. La política, que se ha aplicado a unas 60 mil personas, se ha convertido en un elemento clave de la aplicación de la ley fronteriza estadunidense. La Corte Suprema dictaminó este mes que dicha política podía permanecer vigente pese a una apelación en curso.

Sólo 5.3 por ciento de los solicitantes de asilo sujetos a los protocolos de protección a migrantes, el nombre oficial de dicha política, tenían abogados hasta finales de enero, en comparación con 85 por ciento de los solicitantes de asilo en todo el país, según el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.

La escasez de abogados ayuda a explicar por qué sólo 4 por ciento de las decisiones basadas en esta norma resultaron en asilo, mientras la tasa de concesión nacional fue de 29 por ciento durante el año fiscal 2019.

El nuevo coronavirus presenta más obstáculos a medida que los abogados enfrentan una posible exposición en las pequeñas salas de audiencias y una prohibición de viajes no esenciales a México durante al menos 30 días.

Por ejemplo, las audiencias en San Diego se cancelaron el viernes, horas después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó a los 40 millones de residentes del estado quedarse en casa indefinidamente, aunque el tribunal permaneció abierto.