TeleSUR                                                                                                                              07/08/25

Una jueza federal de Estados Unidos (EE.UU.) ordenó este jueves la suspensión temporal de la construcción de un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como «Alligator Alcatraz», mientras se evalúa su impacto ambiental.

La decisión, emitida por la jueza de distrito Kathleen Williams, prohíbe agregar nuevo relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días, aunque las instalaciones pueden continuar operando y albergando detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La medida responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes solicitan una orden preliminar para detener tanto la construcción como las operaciones del centro. Alegan que el proyecto amenaza humedales sensibles que albergan especies protegidas y pone en riesgo miles de millones de dólares invertidos en la restauración ambiental de los Everglades.

 

«El centro de detención viola la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA)«, afirmó Paul Schwiep, abogado de los demandantes, destacando que la instalación, ubicada en una pista de aterrizaje aislada en el condado de Miami-Dade, se construyó para cumplir una función federal de aplicación de la ley migratoria.

Durante la audiencia, Williams preguntó al abogado del estado, Jesse Panuccio, si Florida detendría voluntariamente la construcción para evitar la orden de restricción. Panuccio señaló que no podía garantizar la paralización de las obras, lo que llevó a una discusión de una hora. La jueza determinó que el centro de detención representa «al menos, una colaboración entre los gobiernos estatal y federal», justificando la intervención judicial temporal.

El centro, construido hace más de un mes por el estado de Florida, enfrenta dos impugnaciones legales. Además de la demanda ambiental, grupos de derechos civiles presentaron una segunda querella, alegando violaciones a los derechos constitucionales de los detenidos. Según esta demanda, se prohíbe a los inmigrantes reunirse con abogados, se les mantiene sin cargos formales y un tribunal federal de inmigración canceló audiencias de fianza. La audiencia para este caso está programada para el 18 de agosto.

La demanda ambiental sostiene que la construcción del centro incumple la NEPA, vigente desde hace 55 años, que obliga a las agencias federales a evaluar el impacto ambiental de grandes proyectos, identificar medidas de mitigación y permitir la participación pública. Schwiep argumentó que, aunque Florida financió y construyó el centro, su propósito es la aplicación de la ley migratoria, una competencia exclusiva del Gobierno federal.

Por su parte, Panuccio afirmó que la NEPA no aplica, ya que el estado gestiona la construcción y operación de las instalaciones.

Abogados de las agencias federales y estatales solicitaron la semana pasada desestimar o transferir la demanda, argumentando que el distrito sur de Florida no es la jurisdicción adecuada, dado que el centro se encuentra en el condado de Collier, bajo el distrito central del estado. Williams aún no se pronuncia sobre este punto.

Mientras tanto, la administración del gobernador Ron DeSantis parece avanzar en la construcción de un segundo centro de detención en el norte de Florida, en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional.

Registros estatales indican que se adjudicó un contrato para el «Centro de Detención Norte», lo que sugiere una posible expansión de estas instalaciones.