El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error por la Administración Trump en marzo pasado al calor de sus crueles políticas migratorias y luego regresado a Estados Unidos, fue liberado la víspera tras una orden de una jueza federal de Maryland y se mantendrá bajo vigilancia por las autoridades migratorias de ese país aunque la magistrada bloqueó temporalmente cualquier intento de detenerlo. Su batalla legal por impedir una nueva deportación continúa activa en los tribunales.

LEA TAMBIÉN:

EE.UU. amenaza con deportar a Kilmar Abrego a Uganda para forzar declaración de culpabilidad

Abrego García fue liberado la víspera de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) luego de que la jueza federal Paula Xinis ordenó que fuese liberado. A través de un dictamen, la magistrada afirmó que «su solicitud de liberación es procedente” pues ha permanecido detenido por el ICE «sin una orden de deportación legal».

A juicio de Xinis, «la conducta de los demandados (léase la Administración Trump) durante los últimos meses contradice la afirmación de que su detención tenía como único propósito la deportación«.

Ábrego García nació en El Salvador y está casado con una ciudadana estadounidense. Llegó a EE.UU. en 2012, cuando tenía 16 años de edad. Recibió estatus de protección para no ser deportado a su país natal y no ser víctima de la violencia de las pandillas. Pese a ello, fue deportado por la Administración Trump bajo el cargo de que era parte de un grupo criminal y han dejado claro que recurrirán la decisión judicial y lo deportarán a toda costa.

Uno de sus abogados, Simon Sandoval-Moshenberg, confirmó que la jueza Xinis emitió una orden de urgencia para que no pueda ser arrestado de nuevo por un periodo «breve». Su caso se ha convertido en ícono de aquellos que piensan que la política de deportaciones masivas es excesiva.

Ábrego García deberá permanecer en territorio estadounidense mientras se impugna en los tribunales una decisión federal de deportarlo a Uganda. Además de continuar bajo vigilancia del ICE, debe llevar dispositivo de rastreo electrónico, permanecer en arresto domiciliario y estar bajo supervisión de un tercero.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, reaccionó en X diciendo: «Esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales«. Asimismo, acusó a la jueza de ser una activista judicial.