Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2024/02/06/8f7e-f06.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws                    Tom Mackaman                                                                    06/02/24

Historiadores de EE.UU. presentan un escrito ante la Corte Suprema pidiendo la exclusión de Trump de la papeleta en virtud de la Decimocuarta Enmienda

Un grupo de 25 historiadores estadounidenses, entre ellos James M. McPherson, de la Universidad de Princeton, ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el que le piden que confirme la sentencia de la Corte Suprema de Colorado que impide que Donald Trump aparezca en la papeleta electoral por su papel en la insurrección y el asedio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Trump aprovechó sus últimos meses como presidente para organizar una insurrección contra el resultado de las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden por más de siete millones de papeletas y 76 votos del Colegio Electoral. El 6 de enero fue el resultado de una elaborada planificación orquestada desde la Casa Blanca, que desembocó en el asalto al edificio del Capitolio. Los insurrectos amenazaron con tomar rehenes o asesinar a los líderes del Congreso, así como al vicepresidente Mike Pence. El intento de golpe de Estado, que se prolongó durante varias horas y supuso una retirada militar aún inexplicada, estuvo a punto de triunfar.

Sin embargo, Biden y el Partido Demócrata no hicieron ningún esfuerzo serio para castigar o incluso imponer sanciones legales a Trump y su cuadro fascista, y Biden declaró que su principal preocupación era mantener “un Partido Republicano fuerte”.

El escrito de los historiadores, denominado amicus curiae (amigo del tribunal), es irrefutable, al menos desde el punto de vista de los hechos. La Decimocuarta Enmienda a la Constitución de EE.UU., ratificada en 1868, durante el periodo de Reconstrucción tras la Guerra Civil, establece claramente:

Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, o elector de presidente y vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, civil o militar, bajo los Estados Unidos o bajo cualquier estado, si, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de la legislatura de cualquier Estado, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, de defender la Constitución de los Estados Unidos, hubiere participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos.

El lenguaje deja poco margen para la interpretación. Trump era “un funcionario de Estados Unidos”, de hecho, el máximo funcionario, que prestó “juramento… de defender la Constitución”, pero que luego “participó en una insurrección o rebelión”. La cláusula también prohíbe ocupar cargos públicos a quienes hayan prestado “ayuda o consuelo” a una insurrección. Por tanto, la Decimocuarta Enmienda prohíbe a Trump ocupar “cargo alguno”.

Los abogados de Trump han montado una defensa ecléctica, cuyos elementos constitutivos son mutuamente contradictorios. Su abogado ha argumentado, de diversas maneras, que Trump no participó en una insurrección ni prestó “ayuda o consuelo” a ninguna, que el presidente de los Estados Unidos no es un funcionario de los Estados Unidos y, lo más absurdo de todo, que la tercera cláusula de la Decimocuarta Enmienda es inoperante porque el Congreso nunca promulgó una legislación habilitante específica, un argumento cuya lógica anularía muchas de las 27 enmiendas de la Constitución, incluida la Primera, que afirma la libertad de expresión y de asamblea, y la Decimotercera, que abolió la esclavitud.

Los historiadores califican las pruebas documentales de las décadas de 1860 y 1870 como “las más probatorias” contra las posiciones de Trump. Concluyen que el registro muestra que los “responsables de la toma de decisiones elaboraron la sección 3 abarcando al presidente y creando un control duradero contra las insurrecciones, sin requerir ninguna acción adicional del Congreso”. Entre otros hechos destacados del registro histórico, el informe aporta pruebas que revelan que:

• En el debate de la enmienda en el Congreso, la inclusión del presidente en la sección 3 se discutió expresamente y se mantuvo.
• Los contemporáneos declararon públicamente que la sección 3 impedía al antiguo presidente de los Estados Confederados de América, Jefferson Davis, acceder al cargo de presidente de los Estados Unidos.
• Destacados republicanos de la época afirmaron que la sección 3 se aplicaba no solo a los insurrectos esclavistas de la década de 1860, sino también a posibles insurrectos futuros.
• · Los contemporáneos entendieron que no era necesaria ninguna legislación habilitante para aplicar la prohibición de la sección 3 de que los insurrectos ocuparan cargos públicos.
• Los contemporáneos, así como los redactores de la Constitución en 1787, se referían al presidente de los Estados Unidos como “un funcionario de los Estados Unidos”, en consonancia con el lenguaje de la Decimocuarta Enmienda.

El documento de los historiadores está meticulosamente investigado y presentado. Los que contribuyeron a él han escrito, colectivamente, decenas de libros sobre el siglo XIX, la Guerra Civil y la Reconstrucción. Además de McPherson, destacan Orville Vernon Burton, de la Universidad de Clemson y la Universidad de Illinois, Nell Irvin Painter, de la Universidad de Princeton, Manisha Sinha, de la Universidad de Connecticut, Steven Hahn, de la Universidad de Nueva York, George C. Rable, de la Universidad de Alabama, David Roediger, de la Universidad de Kansas, Brooks D. Simpson, de la Universidad Estatal de Arizona, y Thomas C. Holt, de la Universidad de Chicago.

Si los jueces de derechas fueran coherentes en la aplicación de su doctrina de la “intención original” ―que pretende aplicar el pensamiento interno de los redactores de la Constitución― se verían obligados por el informe de los historiadores a eliminar a Trump de la papeleta electoral. Pero, por supuesto, no es así. La “intención original” no es una doctrina jurídica coherente, sino una justificación ex post facto que se utiliza cuando conviene a fines políticos preconcebidos y se desecha cuando no. Hace ya un cuarto de siglo, la Corte Suprema demostró estar dispuesta a dejar de lado la “intención original” cuando intervino en las elecciones presidenciales de 2000 entre Bush y Gore para detener el recuento de votos en Florida, entregando la Casa Blanca al republicano George W. Bush.

El Partido Republicano está en general unido en apoyo a Trump. No hay razón para dudar de que lo mismo ocurre con la mayoría fascistizante de la Corte Suprema. Sin embargo, una parte del Partido Demócrata y quienes están en su órbita esperan que la Corte o algún otro deus ex machina haga desaparecer a Trump y devuelva la política estadounidense a un supuesto estado de normalidad.

Mientras tanto, el sector dominante del Partido Demócrata teme hacer cualquier cosa que pueda ofender al Partido Republicano. Esta consideración explica las columnas de opiniónque se han publicado en los últimos meses en los principales órganos del liberalismo estadounidense, el New York Times y el Washington Post, oponiéndose a la eliminación de Trump de la papeleta en virtud de la Decimocuarta Enmienda. Su argumento principal, manifestado con la mayor franqueza por el profesor de Derecho, Samuel Moyn, es que hacerlo desacreditaría una victoria de Biden y podría provocar otra insurrección fascista. Escribiendo en el Times, Moyn razona que “rechazar la candidatura de Trump bien podría invitar a que se repita el tipo de violencia que llevó a la prohibición de los insurrectos en la vida pública en primer lugar”. La lógica de Moyn equivale a rendirse. Por supuesto, los partidarios de Trump no aceptarán un fallo de la Corte Suprema en su contra. Tampoco aceptarán el resultado de las elecciones de 2024 en caso de que Trump pierda.

La condena política más extraordinaria contra Biden es que Trump lo aventaja en las encuestas, incluso en la mayoría de los “estados reñidos” que decidirán el resultado en el Colegio Electoral. La ruinosa popularidad de Biden ―su índice de aprobación es el más bajo de la historia para un presidente en funciones que aspira a una reelección, más bajo incluso que el de Trump hace cuatro años―se debe completamente al hecho de que su única política ha sido la guerra. No ha hecho nada para mejorar la vida de las masas trabajadoras ni de los jóvenes, y ha dejado que la pandemia de COVID-19 haga estragos sin control y acabado incluso con una mínima vigilancia e información de salud pública. En su lugar, “El Genocida Joe” ha dedicado todo a la guerra por delegación de Washington con Rusia en Ucrania y a la limpieza étnica de los palestinos por parte de Israel. Su Administración ha ampliado la guerra en Oriente Próximo a Yemen y se prepara para atacar Irán. Este es un Gobierno de guerra y austeridad social.

El enorme abismo que separa las necesidades de las masas con respecto a los dos partidos capitalistas y sus probables candidatos, el fascista Trump y el belicista Biden, es la causa de la mayor crisis política estadounidense desde la Guerra Civil. Al igual que ese evento titánico, es una crisis que no se resolverá dentro de los “controles y equilibrios” normales del Gobierno federal. Este es un punto crucial que falta en el informe de los historiadores.

Quizás el género del amicus curiae no permita discutir el hecho histórico más destacado de todos: que la Decimocuarta Enmienda fue en sí misma el resultado y la culminación de una revolución social. Ratificada en el periodo conocido como Reconstrucción “Radical” o “del Congreso”, la Decimocuarta Enmienda fue el punto álgido político del periodo de la Guerra Civil, lo que McPherson ha caracterizado acertadamente como “la Segunda Revolución estadounidense”.

El asesinato de Lincoln, solo cinco días después de la rendición confederada en Appomattox, privó a esa revolución de su líder principal. Lo peor estaba por llegar. El sustituto de Lincoln, Andrew Johnson, de Tennessee, candidato a la vicepresidencia en 1864 para el segundo mandato de Lincoln, demostró ser un acérrimo opositor del ala radical del Partido Republicano, liderada por Thaddeus Stevens, de Pensilvania, y de los esclavos liberados y los republicanos del Sur.

Envalentonados y sin arrepentirse, los líderes derrotados de la Confederación, incluidas figuras como el exvicepresidente confederado Alexander Stephens, se pusieron manos a la obra para volver a consolidar el poder. En todo el sur se impusieron los “Códigos para negros” para oprimir a los antiguos esclavos. Algunas de estas leyes eran tan extremas que obligaban a los exesclavos a trabajar para sus antiguos amos. Varias voces prominentes llegaron a pedir que se revocara la abolición de la esclavitud. Fue en este periodo cuando surgió el Ku Klux Klan, el ala paramilitar del Partido Demócrata sureño, que aterrorizaba y asesinaba a republicanos blancos y negros por igual. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Johnson intentó utilizar el veto para obstaculizar los esfuerzos del Congreso para llevar a cabo la Reconstrucción política y social del sur.

Pero la Segunda Revolución estadounidense aún no había llegado a su fin. Thaddeus Stevens organizó un contraataque, movilizando a una mayoría del Congreso que anuló el repetido uso del veto por parte de Johnson y lo convirtió en un pato cojo, cuya ocupación principal se limitó a fulminar contra la Cámara de Representantes. Las elecciones de 1866 se convirtieron en un referéndum sobre la lucha entre el presidente y el Congreso. Los votantes lanzaron una feroz reprimenda a Johnson y a los demócratas.

A Thaddeus Stevens y los radicales, el pueblo entregó supermayorías republicanas en el Senado (42-11) y en la Cámara de Representantes (143-49). La presidencia estadounidense nunca había sido tan débil. Al final se presentaron cargos para destituir a Johnson, y el Senado se quedó a un voto de condenarlo, lo más cerca que estuvo el Senado de emitir un veredicto de culpabilidad y destituir a un presidente acusado de “altos delitos”.

Fue en este periodo cuando se introdujo y ratificó la Decimocuarta Enmienda. Podría decirse que fue la enmienda más radical e importante después de la Primera, ya que confirmó la antigua política republicana del jus soli de ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes y la amplió a los esclavos liberados. También estableció la cláusula del “debido proceso” para proteger a los individuos de las depredaciones de los Gobiernos estatales. Su tercera cláusula, que prohíbe a los insurrectos ocupar cargos públicos, y que es el foco del fallo de Colorado que actualmente discute la Corte Suprema, nunca había atraído demasiado la atención, permaneciendo relegada a estas otras disposiciones clave de la enmienda. El hecho de que la tercera cláusula sea ahora relevante atestigua la profundidad de la crisis actual.

La Corte Suprema de Roberts, que pronto se pronunciará sobre el caso de Colorado, Trump vs. Anderson, es el más reaccionario desde la Corte Suprema de Taney, que defendió la esclavitud, de 1836-1864. Es muy relevante, en este sentido, que la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda tuviera como objetivo la infame decisión del caso Dred Scott de la Corte Suprema de 1857. En esa decisión, el presidente de la Corte Suprema, Roger Taney, y la mayoría del tribunal utilizaron una demanda de libertad presentada por un esclavo para emitir una amplia expansión legal de la esclavitud, dictaminando que las personas de ascendencia africana no tenían derechos en virtud de la Constitución y que el Congreso no tenía autoridad para prohibir la esclavitud en ningún lugar.

Abraham Lincoln, quien se perfilaba entonces como una figura política importante del Partido Republicano, sospechaba de una conspiración en la que estaban implicados su rival de Illinois, el senador Stephen Douglas, los presidentes anterior y actual, Franklin Pierce y James Buchanan, y Taney. En su famoso discurso de 1858, “Casa dividida”, Lincoln respondió al fallo del caso Dred Scott atacando a los conspiradores:

No podemos saber a ciencia cierta que todas estas adaptaciones exactas sean el resultado de un acuerdo previo. Pero cuando vemos un montón de maderos enmarcados, de los que sabemos que diferentes partes han sido extraídas en diferentes momentos y lugares y por diferentes obreros ―Stephen, Franklin, Roger y James, por ejemplo― y vemos esos maderos unidos, y vemos que forman exactamente el armazón de una casa… nos resulta imposible no creer que Stephen y Franklin y Roger y James se entendieron desde el principio, y que todos trabajaron con un plan o borrador común elaborado antes de que se diera el primer golpe.

Algunos de los primeros historiadores acusaron a Lincoln de hipérbole. Sin embargo, historiadores posteriores encontraron pruebas archivísticas sólidas que sugerían que Lincoln tenía razón y que había habido connivencia entre Buchanan y Taney.

La acusación de Lincoln de una “conspiración del poder esclavista” todavía resuena. Al igual que su antecesora, la Corte de Taney, la actual Corte Suprema es el centro de conspiraciones contra los derechos democráticos, desde las elecciones robadas de Bush-Gore hasta el presente. De hecho, la propia esposa del juez Clarence Thomas, Virginia Thomas, tuvo una participación protagonista en la conspiración de la insurrección del 6 de enero de 2021. No cabe duda de que los futuros historiadores descubrirán más enredos entre Trump y los jueces fascistizantes que componen la mayoría del tribunal.

Sin embargo, no solo se trata de Trump y la Corte Suprema, sino también la Administración de Biden y los dos principales partidos constituyen, en esencia, una conspiración permanente contra la población. Todos están de acuerdo en los objetivos de expandir las guerras en el extranjero, por medios secretos, y suprimir los derechos democráticos dentro de los EE.UU., especialmente el derecho a pronunciarse en contra de la guerra, como se ve en la histeria dirigida contra los que se manifiestan en contra del genocidio en Gaza en las universidades.

Esto entraña una lección histórica fundamenta: la Decimocuarta Enmienda, junto con los otros grandes logros de la época ―la emancipación de los esclavos y la destrucción de la clase dominante esclavista del sur― fue el resultado de una revolución que primero tuvo que superar todo el entramado político que existía antes de la Guerra Civil, incluida la propia Corte Suprema.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de febrero de 2024)