La corrupción no es una excepción, es una estructura. Empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr moldean la administración pública con cómplices políticos.
Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según documentos judiciales publicados en distintos medios de comunicación, está revelando una arquitectura empresarial e institucional diseñada para condicionar concursos públicos y canalizar comisiones en beneficio de intermediarios políticos. Según la UCO, Acciona habría abonado hasta 620.000 € en comisiones vinculadas a cinco proyectos cofinanciados con fondos europeos entre 2018 y 2021, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. De esas cantidades, al menos 450.000 € seguían pendientes de pago, y Acciona figuraba como adjudicataria en el 75% de las obras afectadas. Esto es solo una pequeña parte de lo que ya se ha publicado y, probablemente, también de lo que aún está por salir a la luz.