El Gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó a su par argentino devolver un avión de carga  de la empresa venezolana Emtrasur retenido ilegalmente desde junio de 2022, en repuesta a la solicitud de su par estadounidense que pidió al gobierno actual  que le entregara la aeronave bajo el argumento de que antes de ser adquirida por Caracas había sido vendido por Estados Unidos a Irán y  entregado a la  empresa comercial de Irání Mahan Air, utilizando el falso argumento de que la tripulación iraní estaba vinculada con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán considerada como terrorista por el Departamento de Estado.

Caracas determinó que esta decisión pone en riesgo «la seguridad aeronáutica en la región» y viola «todas las normas que regulan la aeronáutica civil» y «los derechos comerciales, civiles y políticos» que atienden  a Emtrasur, filial de la aerolínea estatal  de Venezuela Conviasa, ya sancionadas también por  el Departamento de Estado de EE.UU.

Los gobiernos de  EE.UU. y Argentina violaron «las regulaciones internacionales a las cuales están obligadas los Estados en materia de navegación aérea», lo que genera «una situación grave de inseguridad jurídica y operacional sin precedentes» en la región sostiene el comunicado.

También denunció el gobierno venezolano «el ocultamiento de información al momento de identificar el vuelo» y el «apagado del transpondedor en varios trayectos de la ruta», considerando como «vergonzosa operación de rapacería” lo actuado en este caso y también que haya quedado retenido tanto tiempo hasta la salida del avión hacia EE:UU, el pasado 12 de febrero lo  que se «inscribe en la lista de agresiones delictivas» en contra del país suramericano.

Entre otras acciones coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela ese país citó la confiscación Citgo Petroleum Corporation (Citgo), que tenía su sede central en Houston (Texas) y la «aplicación de más de 930 sanciones ilegales, en complicidad con la extrema derecha opositora que actúa como agentes directos del imperio norteamericano contra Venezuela».

La aeronave de la compañía estatal venezolana Emtrasur, estuvo bajo investigación de las autoridades argentinas en relación con 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes; a estos últimos se les había relacionado con actos de terrorismo internacional, que nunca se comprobaron. El tribunal estadounidense argumentó que como el avión fue transferido, en realidad vendido, a la firma venezolana en octubre del 2021, sin la autorización de Washington DC, violó una orden de 2008 emitida por el Departamento de Comercio, lo cual es falso, como se ha demostrado.

La realidad es que en una de las tantas acciones criminales de Estados Unidos,  acaba de arrebatar un avión de carga venezolano, comprado por ese país a Irán y que  fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza ilegalmente, adonde había llegado  el 6 de junio de 2022 para traer autopartes desde México a solicitud  de SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para Volkswagen.

El 8 de junio, dos días después de su llegada, el avión voló a Uruguay para cargar combustible, pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar. Ya de regreso al aeropuerto de Ezeiza, la Shell se negó a cargar combustible, pero tampoco y vale la pena recordarlo lo hizo YPF.

¿Qué había sucedido? Desde el Ministerio del Interior de Paraguay cuando era presidente en ese país Mario Abdo Benítez, cuyo padre fue secretario privado del ex dictador Alfredo Stroessner, habían comunicado a su par de Uruguay que este avión podía tener “terroristas” a bordo. Indagando luego, varios investigadores conocieron que este informe llegó de la inteligencia israelí, cuya presencia en  territorio paraguayo, es cada vez más importante.

En esos momentos la oposición derechista al gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) en Argentina, pidió información, por lo que se revisó la carga que había llegado y la documentación, sin encontrar nada ilegal.

Pero ahora nadie recuerda que  fue la Delegación de Asociaciones israelita- Argentina (DAIA), que envió sus abogados a presentarse  ante el juez de la justicia federal Federico Villena, una denuncia asegurando que había terroristas a bordo. La DAIA, no tenía ninguna prueba, como normalmente debe hacerse cuando uno se presenta para abrir una causa y por supuesto argumenta con alguna prueba para comenzar la investigación.

¿Por qué razón el juez Villena y la fiscal del caso Cecilia Incardona, aceptaron “esperar” alguna prueba que la DAIA aseguraba iba a lograr? ¿Cómo aceptar algo sólo por sospecha” en un tema internacional de tal envergadura? Es decir todo fue ilegal desde un principio  prestándose tanto el juez como la fiscal del caso poniendo la mira en la tripulación víctima de sospechas.

A lo largo de tres meses y una semana,19 tripulantes 14 venezolanos y cinco iraníes a pedido de la DAIA permanecieron recluidos en un hotel cercano al Aeropuerto bajo la sospecha de que mantenían vínculos con el terrorismo. Después quedaron retenidos los iraníes y una parte de los venezolanos, sin causa alguna.

A partir del 8 de junio de 2022 el avión fue retenido y sin prueba alguna, la fiscal permitió que subieran a requisar el avión, mientras retenían a la tripulación y no sólo ingresaron al avión las entidades de inteligencia local, sino también de Israel y EE.UU. No encontraron absolutamente nada, pero la embajada Israelí y la dirección de la DAIA impidieron junto con Estados Unidos la salida del avión.

Nada estaba fuera de la ley. Los pilotos iraníes estaban instruyendo en el manejo del avión de carga, el primero que tenía Venezuela de este tipo, como hacen todos aquellos que venden un medio de transporte y que instruyen en los primeros viajes a sus pares locales.

Ahora la decisión adoptada por el juez Federico Villena, tras el pedido efectuado por la fiscal  Cecilia Incardona y el director general de Cooperación Regional e internacional de la Procuración General la nación, Diego Solerno para la salida del avión hacia EE.UU “constituye una grave violación al convenio, sobre aviación civil internacional, convenio de Viena sobre el derecho a los Tratados, Carta de Naciones Unidas (ONU), convenio bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela y otros relativos a la navegación aérea internacional y Derechos Humanos, sostiene el abogado Alejandro Rusconi de la Asociación de Juristas Internacionales y otra instituciones.

La aeronave permanecía retenida, “en virtud de un procedimiento plagado de irregularidades y nunca pudo comprobarse la comisión de delito alguno que justificara tamaño atropello. De hecho, el 13 de septiembre de 2022, la Sala Tercera de la Cámara Federal de La Plata ordenó a Villena que definiera la situación procesal de los tripulantes, varios de los cuales lograron regresar a sus países de origen sobre finales de octubre”, señala Rusconi.

Posteriormente “la misma Cámara Federal de La Plata en mayo 2023, confirmó la falta de méritos respecto del piloto y otros cuatro tripulantes, ratificando el sobreseimiento de los otros 14 y en el mismo fallo consideraron que la aeronave debía ser restituida a la empresa Venezolana  pero esto último nunca se cumplió, debido a la existencia de un pedido de la justicia norteamericana”.

A esto se suma  que nunca se le autorizó a la empresa Emtraur a realizar tareas de mantenimiento y resguardo de la aeronave. “Sin embrago el juez Villena, si permitió, a pedido de la Unidad de Confiscación  de Bienes Personales; Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la contratación de una empresa con sede en Fort Lauderdale, Florida, para realizar “tareas de mantenimiento”.

“Las maniobras señaladas dan cuenta de que todo el procedimiento estuvo fundado únicamente en las presiones del gobierno de EE.UU, no existieron pruebas fehacientes que avalen tamaño atropello contra una nación soberana  como la República de Venezuela, que en reiteradas oportunidades ha manifestado su rechazo y condena a la situación”, asegura Rusconi.

También señala que después de las elecciones presidenciales en Argentina en 2023 y frente a un gobierno claramente alineado a los intereses estadounidense, volvieron  a la carga fundándose en un acuerdo, un tratado (bilateral) de asistencia jurídica internacional entre Argentina y Estados Unidos aprobado  en 1991, por ley 24 034, en pleno auge de las “relaciones carnales”  del gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999) que como se sabe tanto daño provocaron a los argentinos. Rusconi se refiere a todos los artículos  del Tratado  que contemplan las posibilidades  que tiene jurídicamente el  Estado argentino para asegurar su negativa a aceptar una demanda como la de EE.UU a nuestro país y sostiene que   el secuestro del avión está viciado  de ilegalidad,

La aeronave estuvo más de un año bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. De hecho, realizaron inspecciones mecánicas y de los lugares de almacenamiento, aunque todas las tareas de mantenimiento quedaron a cargo de la empresa Risk Mondial, Aviation & Recovery. En los últimos meses, el avión se puso en movimiento más de una vez y circularon videos en las redes, como señalan los investigadores sobre el tema.

En la madrugada del 12 de febrero de 2024, agentes de los Estados Unidos realizaron el decomiso del avión venezolano-iraní, ordenado por el juez  Villena luego de un pedido de la Justicia y el gobierno del presidente  Joe Biden “en virtud de la transferencia (supuestamente) irregular que se había hecho de la máquina por parte de su anterior propietaria, la aerolínea iraní Mahan Air.

En los últimos días, se intentó aquí involucrar a Venezuela, diciendo que un miembro de la  sede diplomática venezolana en Buenos Aires  se había acercado al avión para tomar una fotografía del aparato en tierra.

Finalmente en forma ilegal el avión fue llevado a Estados Unidos, lo que  se une a todo lo que ha sido robado a Venezuela, entre ellos además de Citgo,  los fondos millonarios en bancos estadounidense y en otros países  a instancias de E$E.UU, mientras que el Tribunal Supremo británico  resolvió en 2020 quedarse  con  mil millones de dólares en oro venezolano puestos a resguardo en el Banco de Inglaterra, cuando se veía un fortalecimiento del gobierno de Maduro y aún circulaba el supuesto autoproclamado presidente Juan Guaidó ya en decadencia en esos tiempos,

Además del bloqueo contra Venezuela impuesto por Washington, ahora aprovecharon el momento en que el gobierno del presidente ultraderechista de Javier Milei cuenta con todo el apoyo israelí, estadunidense y por supuesto británico, que conjuntamente se están apoderando de la Patagonia.

¿Hasta dónde llega a afectar estos nuestra soberanía nacional, y la de nuestros países?, Milei ya dio pasos propios cuando sin preguntar  al congreso y  sin otra consulta, decidió regalar a Volodimir Zelensky el presidente pro nazi de Ucrania dos helicópteros  utilizados por la Aeronáutica local

Hay que recordar que Venezuela, fue el país que tanto ayudó a Argentina  en los tiempos de recuperación democrática que fueron los años 2003, 2004, 2005, después de la crisis gravísima de diciembre de 2001, cuando el pueblo en las calles, llevó a la renuncia del entonces presidente Fernando De la Rúa, de la Unión Cívica radical (UCR) que se había unidos con diversos sectores creando una alianza  que se disolvió rápidamente, De la Rúa llegó al gobierno en diciembre de 1999 y gobernó hasta diciembre del 2001, cuando el país atravesó la crisis más dura de su historia con la cesación de pagos de la deuda (default), por un levantamiento popular que terminó con la huida del presidente en un helicóptero desde  la casa Rosada (gubernamental).

El Gobierno de Venezuela  al que estamos ligados por nuestra concepción de Patria Grande, siempre solidario, utilizó ese avión de carga en sus primeros viajes para llevar ayuda a  los países caribeños y centroamericanos  azotados por fenómenos naturales. Cuanto le deben a Venezuela los países más pequeños del continente favorecidos por la venta a precios más bajos y pagos a largo plazo, del petróleo  fuera cual fuera su gobierno, porque Chávez consideraba que esto ayudaba a los pueblos, ante las duras asimetrías, impidiendo que fueran de rodillas y comprometieran  garantías de sus propios territorios para pagar la venta de combustibles,

Ahora Argentina está viviendo una verdadera catástrofe, un intento por vendernos al mejor postor, vender nuestras empresas estratégicas, nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros males, y llevar al grado extrema de pobreza a la absoluta mayoría de la población, lo que es  sólo  el comienzo de un plan, que si dejamos que suceda terminará con la soberanía  para apoderarse de la posición estratégica de este país  y los inmensos recursos, en el nuevo esquema del plan de Estados Unidos de  recolonizar a toda América Latina y el Caribe. La solidaridad con la Venezuela solidaria es clave para recuperar la soberanía que estamos perdiendo día tras día y por aquello de “amor con amor se paga”.

*Este artículo fue publicado por Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba