Eugenio Reyes, en representación de la federación ecologista, ha declarado que recientemente, el 4 de diciembre, se ha presentado un escrito ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el que pide información sobre el otorgamiento de prórroga concesional de quince años que se le ha otorgado a una empresa petrolífera, Minerva Combustibles, que la ostenta desde nada más y nada menos que hace 86 años (1939).
Los ecologistas reclaman a la Autoridad Portuaria que aclare si, para aprobar esta prórroga, se ha exigido a la empresa un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.l tramitado (ordinario o simplificado), una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Informe Ambiental Estratégico o algún documento equivalente como un Informe de Riesgo sobre las obras proyectadas conforme a la legislación actual, ya que en el momento del otorgamiento, a principios del siglo pasado, esta legislación no existía.
La prórroga concedida a las instalaciones de depósitos de combustibles del Puerto de Las Palmas colindante con edificio de viviendas es una decisión que pone en riesgo a miles de vecinos de La Isleta durante casi dos décadas más. La Autoridad Portuaria ha optado por mantener hasta 2043 una concesión heredada de una Orden Ministerial franquista de 1939, perpetuando en pleno siglo XXI una actividad industrial de alto peligro a escasos metros de viviendas, colegios y espacios públicos.
Y lo hace ignorando que el propio Plan Especial del Puerto, desde los primeros planes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, declara esta zona como de uso terciario (oficinas, comercial, zonas libres, parques, etc.) precisamente porque la cercanía de depósitos y tuberías de combustible es incompatible con la seguridad del barrio.
Esta prórroga no es un solo un trámite o un derecho del concesionario: es un acto discrecional de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con Coalición Canaria a la cabeza, que implica una gran irresponsabilidad pues vuelve a sacrificar la salud y la tranquilidad de La Isleta en favor de intereses industriales que deberían haber sido reubicados hace años en cumplimiento de dicho Plan urbanístico. Una decisión que clama por explicaciones y que exige, de una vez por todas, que la ciudadanía deje de ser el escudo humano de actividades peligrosas.
Además Ben Magec-Ecologistas en Acción denuncia que la publicación en el BOE no cumple con los requisitos mínimos establecidos legalmente y que se le facilite copia urgente del expediente y ampliación de plazo para poder recurrir la resolución con conocimiento de causa.