Fuente: https://focostv.com/dream-team-negacionista-de-las-violaciones-del-regimen-incluye-al-comisionado-presidencial-de-derechos-humanos/                                                                   Jaime Quintanilla                                                                            julio 14, 2023

El fiscal Rodolfo Delgado, la vicecanciller Adriana Mira, el representante del Ministerio de Seguridad Élmer Castro y Andrés Guzmán, el nuevo comisionado presidencial de derechos humanos, mintieron, negaron dar respuestas o evadieron los señalamientos por las graves violaciones del régimen de excepción. Organizaciones civiles y miembros de la comisión cuestionaron el negacionismo y expusieron una serie de abusos con testimonios y pruebas.

Andrés Guzmán sonaba un poco nervioso, pero como todo buen empleado de la Presidencia Bukele no dudó en negar y minimizar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, las muertes y los asesinatos que han ocurrido en el régimen de excepción. El viernes 14 de julio, en la audiencia pública que convocó la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Guzmán se estrenó en el sistema interamericano con su cargo de comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador. Lo hizo defendiendo a un Estado que ha suspendido derechos constitucionales por más de 16 meses. 

Guzmán estuvo sentado en un panel junto con Rodolfo Delgado, el fiscal general impuesto por la Asamblea oficialista en mayo de 2021; Élmer Castro, director jurídico del Ministerio de Justicia, Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores; y Linda Amaya de Morán, directora del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Este grupo, la voz del Estado ante la CIDH, justificó el régimen de excepción, pero no respondió ni una sola pregunta que los comisionados y los miembros de las organizaciones civiles salvadoreñas les hicieron. Guzman y Delgado incluso mintieron y negaron las violaciones de las víctimas del régimen de excepción y de el espionaje y persecución contra periodistas. También los acompañaron un representante de la Dirección General de Centros Penales y de la Procuraduría General de la República, pero no pudieron participar por cuestiones de tiempo.

Desde el 26 de marzo de 2022, cuando el fiscal general ordenó una “cacería” humana y Bukele retuitaba a supuestos policías que decían que les había “quitado la correa”, miles de familias han pasado de ser víctimas de las pandillas a ser víctimas del Estado. El Gobierno, a través de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Fiscalía y el Órgano Judicial, ha ocultado toda la información que pueda dar luces de los miles de atropellos denunciados y de las más de 170 muertes de reos del régimen en las cárceles.

Han sido las organizaciones no gubernamentales, como las que estaban en la audiencia de la CIDH, y periodistas los que han dado cuenta de las consecuencias que el régimen de Bukele ha tenido en sus víctimas. Las organizaciones denunciaron que han recibido 6,436 denuncias por violaciones a derechos humanos durante el régimen y que han contabilizado 174 muertes dentro de las cárceles. Hasta la fecha el Gobierno salvadoreño solo ha informado que 6,000 personas han sido liberadas porque fueron capturadas injustamente y el fiscal general dijo que archivó 142 casos sobre muertes porque concluyó de manera secreta que fueron muertes naturales y no criminales.

El recién estrenado comisionado Guzmán tuvo que esperar turno, mientras la vicecanciller Mira narró los crímenes que cometieron las pandillas hasta el 26 de marzo de 2022. La intervención de Mira concluyó sin que mencionara una sola vez el régimen de excepción ni los crímenes que ha cometido el Estado salvadoreño con esta política. Pero no falló en pintar a Bukele como una “esperanza” que vino a mejorar el país.

“Las pandillas tuvieron secuestrada a la sociedad. Todo ello causó entre la población más rechazo y frustración en la incapacidad de los Gobiernos por un verdadero control. Pero hubo entonces una pequeña voz que empezó a dar una luz de esperanza, alguien que propuso algo distinto, el entonces alcalde Nayib Bukele”, dijo.

Mira también siguió el guion con el que el oficialismo ha justificado el régimen de excepción: las víctimas de las pandillas son más importantes que las víctimas del Estado. “Las verdaderas víctimas no son los pandilleros, quienes por años han azotado a la población con actos delictivos; las víctimas reales son los salvadoreños de bien, las gran mayoría de la población, ellos son los que merecen ser tenidos en cuenta”, agregó.

Ante esta primera intervención de los delegados del Estado de El Salvador, Julissa Mantilla, de la CIDH, quedó sorprendida que durante  20 minutos no se mencionó la política en revisión. “Me sorprende, me llama mucho la atención, valorando su presencia y toda la información que nos han dado, que no hayan hecho una sola mención al estado (régimen) de excepción”, dijo.

Entonces, la actuación estelar del comisionado del presidente Bukele para los derechos humanos arrancó con una queja.

“Me causa muchísima atención el hecho de que el Estado se refirió directamente a la solicitud realizada por la CIDH y en 20 minutos hicimos una explicación clara del sufrimiento de tantas víctimas durante tantos años y que actualmente siguen sufriendo por causa de la violencia ya relatada. Pero no escuchamos ninguna solicitud, o por lo menos no lo recuerdo, de referencia a preguntas específicas sobre eso por parte de los señores comisionados. Hecho que me llama la atención pues es parte muy importante pues 6 millones de personas deberían de tener mucha más importancia que aquellas sobre las que se está enfocando la mayoría de las preguntas”, dijo Guzmán.

Así fue la primera intervención ante la CIDH de este abogado colombiano cuestionado en su país por espiar a los sindicalistas de la Defensoría del Pueblo. Su papel frente al régimen, ahora en vitrina regional, es el mismo que ya actúan desde los funcionarios del gabinete de Seguridad hasta la procuradora de Derechos Humanos: una defensa a ultranza de la política más popular, y a la vez más violatoria a los derechos de los salvadoreños.

Cuando le llegó el momento de hablar al representante del Ministerio de Justicia y Seguridad, Élmer Castro, solo dio un par de logros que no se puede verificar por el bloqueo a la información pública. Por ejemplo, dijo que durante el Gobierno de Bukele hay más de 400 días sin homicidio, pero no explicó dónde está el repositorio de esa información.

Castro no pudo justificar las prolongaciones del régimen de excepción en una amenaza actual, sino que se refirió a un posible escenario futuro en el que las pandillas se reagrupen. “Se ha justificado suficientemente la necesidad de la misma, puesto que continúa la amenaza de la reagrupación de estas estructuras criminales”, dijo.

La única que dio algunos datos nuevos fue Linda Amaya de Morán, directora del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, quien dijo que 43 niños que estaban con sus madres dentro de las cárceles han sido reunidos con sus familiares libres.

Amaya de Morán también se refirió a la muerte de dos bebés dentro de las cárceles del régimen, pero lo hizo para exculpar y quitarle toda la responsabilidad al Estado salvadoreño. Dijo que uno nació con complicaciones médicas porque su madre “era narcodependiente” y que otra niña de un año y cuatro meses con problemas de asma murió cuando ya había salido de la granja penitenciaria de Izalco. “15 días antes de que la niña falleciera, la junta de protección había estado acompañando a la familia. A la se le brindó transporte y atención médica durante todo este tiempo”, explicó escuetamente la funcionaria de Bukele.

El último en intervenir fue el fiscal general Delgado. El fiscal del régimen. Protagonista en primera fila de las miles de capturas arbitrarias denunciadas a la fecha. “La FGR no ha recibido ningún tipo de denuncia relacionada con torturas o tratos humanos degradantes en contra de algún salvadoreño. Eso tomando en consideración que mi institución es la encargada de dirigir cualquier tipo de investigación bajo los parámetros de objetividad y sin discriminación alguna en razón de la persona”, dijo. Delgado, sin embargo, miente. Hay familias que aseguran haber pedido auxilio a la Fiscalía, Habeas corpus rechazados por la Corte Suprema, y miles de denuncias públicas e informes que la Fiscalía está obligada a retomar de oficio.

Delgado también echó mano de una de las tácticas con la que los diputados Nuevas Ideas han minimizado las muertes dentro de las cárceles: la tasa de fallecidos dentro de penales es menor a la de Gobiernos pasados.

Delgado omitió por completo que las esquelas que el mismo Instituto de Medicina Legal le ha dado a los familiares de los privados de libertad fallecidos dan cuenta de asesinatos o negligencia del Gobierno. Hay casos en los que han determinado que la muerte fue a causa de una “asfixia mecánica por estrangulación”.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) durante esta y la pasada administración han publicado informes escuetos que recogen algunos datos sobre denuncias por las violaciones de los derechos humanos. En 2022,  Redacción Regional reveló que hasta el 14 de octubre del año pasado tenía “38 expedientes de muertes potencialmente ilícitas en centros penales”, que incluyen 43 muertes de personas capturadas en el régimen de excepción. Hasta la fecha, la PDDH no ha informado cómo avanzan estos casos y algunos familiares han denunciado que no les brindan información sobre las investigaciones.

El Estado que apresa periodistas no sabe del acoso a periodistas

El comisionado del Gobierno de Bukele para la libertad de expresión, Andrés Guzmán, usó parte de su exposición para decir que por primera vez se enteraba de que un periodista estuvo preso en el marco del régimen de excepción.

“Hasta ahora estamos conociendo; sin embargo, desde mi despacho y de manera oficiosa vamos a solicitar todas las investigaciones a la Fiscalía haciendo énfasis de cuáles han sido las posiciones políticas de él. Porque si llega a existir algún rasgo al respecto será de especial atención y haremos todo lo pertinente para lograr salvaguardar los derechos de esta persona”, dijo Guzmán, sentado en la misma mesa donde estaba el fiscal general.

Cuatro días previos a la audiencia de la CIDH, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) acompañó en una conferencia de prensa a  Víctor Barahona, el periodista de Radio Tu Onda Club y conductor el programa de entrevistas “Análisis con la comunidad” en canal 29, de Apopa, que estuvo detenido de forma arbitraria por 11 meses, hasta que le decretaron medidas alternas.

De hecho los medios para los que laboraba Barahona fueron los primeros en denunciar el hecho en junio de 2022. “Este medio de comunicación hace la denuncia enérgica nacional e internacional por la captura de nuestro periodista, que además es una muestra que la libertad de expresión ha sido coartada para aquellos medios y personas que no aplauden las medidas del actual régimen dictatorial”, dijo la Radio Tu Onda Club entonces.

Barahona salió de la cárcel con un notable desmejoramiento físico. Narró que casi muere, ya que es hipertenso y que fue torturado física y psicológicamente junto con otros privados de libertad.

Guzmán solo se refirió a este caso en concreto y negó que existieran otras denuncias. Rechazó “de forma general y clara todas las afirmaciones que han hecho las diferentes personas que se han referido al hecho que en El Salvador existen torturas, que existen violaciones a la libertad de expresión, existen seguimientos o algún tipo de acoso contra periodistas, pues la verdad no se ha evidenciado. Yo he solicitado desde la comisión que presido toda la información referente a denuncias efectuadas por agresiones físicas, psicológicas o seguimientos contra periodistas a la FGR, a la PDDH, la información siempre ha sido que no hay ni una sola denuncia a la fecha”, aseguró.

Mintió.

El comisionado aparenta desconocer una noticia que fue mundial: más de una treintena de periodistas, activistas y políticos fueron espiados con el software Pegasus y que varios de los periodistas afectados lo denunciaron ante la FGR. También dijo desconocer de las medidas cautelares que la CIDH le dictó a 34 miembros del periódico digital El Faro por el acoso y seguimiento de los que han sido víctimas.

Aunque Guzmán reconoció que hay periodistas autoexiliados y dijo que iba a solicitar información sobre sus casos (una tarea que viene prometiendo desde nombramiento el 25 de mayo), minimizó el hecho afirmando “no hay una sola denuncia ni una sola prueba de que las 17 personas hayan sido perseguidas o acosadas”, en alusión a un listado mencionado por la Asociación de Periodistas de El Salvador. El comisionado pasa por alto que a finales de 2021, el mismo Rodolfo Delgado amenazó con procesar penalmente a los periodistas que divulgaran información de investigaciones en proceso de la institución.

En la sesión en la que el team negacionista del Estado salvadoreño evadió responder por las violaciones del régimen, la CIDH volvió a solicitar que se “autorice una visita de la comisión (a El Salvador). Esta petición se ha hecho públicamente, se ha hecho por carta, lo he hecho yo en reuniones bilaterales con la misión y lo vuelvo a reiterar”, dijo la comisionada de la CIDH, Julissa Mantilla.

El Estado, a la fecha, sigue negándose, pese a que Guzmán y compañía aseguran que aquí no pasa nada.