Veamos a Sudán. Su Ministerio de Justicia acaba de anunciar que ha finalizado un convenio iniciado en febrero pasado con las familias de los 17 marinos estadunidenses muertos en el ataque suicida al destructor estadunidense Cole en el puerto de Adén, en octubre de 2000. Los estadunidenses muertos dejaron 11 niños, por lo que el acuerdo, presuntamente por 70 millones de dólares, servirá para su manutención también. Los familiares afirmaban que Sudán, en el gobierno del ex presidente y criminal de guerra Omar Al Bashir, había dado apoyo a Al Qaeda, la cual se atribuyó el ataque.

Estados Unidos enlistó a Sudán como Estado patrocinador del terror en 1993, el mismo año en que me reuní con Osama Bin Laden en la aldea sudanesa de Almatig, rodeado por sus guerreros desarmados y por los muy bien armados guardias de seguridad de Sudán. Pero tres años después lo expulsaron a Afganistán, es decir, cuatro años antes de que dos atacantes suicidas de Al Qaeda, en una lancha explosiva de fibra de vidrio, se estrellara en el casco del destructor misilístico Cole, de clase Aegis y cuatro años de antigüedad, cuando se reabastecía en el puerto de Adén. Omar Al Bashir asumió el poder en Jartum en 1989.

Ahora que ha sido derrocado, el gobierno sudanés de transición necesita con desesperación un rescate de su deuda y financiamiento internacional. El ministerio de justicia fue muy franco al respecto esta semana: Quitar el nombre de Sudán de esa lista es necesario para retirar el estigma de terrorismo al pueblo sudanés y reintegrar a Sudán a la comunidad internacional.

El gobierno, al parecer, negoció primero con las familias de los marinos muertos y luego con el gobierno estadunidense para compensar los ataques de Al Qaeda en África oriental. Pero no es tan sencillo. El jefe de la unidad de dos atacantes del Cole era un yemení llamado Jamal Al Badawi, a quien se dio muerte en una incursión estadunidense el año pasado. Sin embargo, de acuerdo con Estados Unidos, el hombre que planeó el ataque al Cole fue Abd Rahman Al Nashiri, un árabe saudita que actualmente está preso en Guantánamo. Inútil es decir que Arabia Saudita –que nunca ha estado implicada en ningún ataque a nadie– se deslindó del hecho, como hizo siete años después del ataque de Adén, cuando 15 de los 19 secuestradores del 11/s resultaron ser ciudadanos sauditas. Pero esa no es la cuestión.

El aspecto más interesante del dinero que será pagado por Sudán –dinero ensangrentado, a los ojos árabes– es que Sudán no se considera responsable del ataque al Cole, ni de cualquier otro acto terrorista.

El Ministerio de Justicia en Jartum fue muy explícito al respecto en su declaración formal de esta semana. El acuerdo se llevó a cabo, explicó, “por los intereses estratégicos de Sudán… de modo que sea retirado de la lista estadunidense de patrocinadores del terrorismo”. Funcionarios sudaneses afirmaron también que su gobierno quiere que Estados Unidos deje de castigar al pueblo de Sudán por crímenes cometidos por el régimen anterior.

Ahora bien, esto tiene sentido… hasta cierto punto. Pero ¿se puede en verdad derrocar a un dictador con la promesa de democracia, y luego afirmar que se tienen las manos limpias? Los alemanes ya no apoyan a Hitler, pero siguen creyendo que su nación fue responsable por el mayor mal cometido contra la humanidad en la historia moderna. No se les permitió hacer un solo pago ex gratia y luego lavarse las manos.

No comparo el Sudán de Al Bashir con la Alemania nazi, pero, una vez que se consigna la responsabilidad moral a lo que viene a ser un pacto comercial se han sentado nuevos precedentes. El problema en este caso es que el precedente no tiene nada de nuevo. La mayoría de nosotros hemos olvidado cómo la Libia de Muammar Kadafi se zafó de la acusación de terrorismo cuando –después de que a Tony Blair se le caía la baba con el orate dictador, cuya entrega de armas nucleares inexistentes fue descrita como sabiduría política por el entonces parlamentario Jack Straw– pagó mil 500 millones de dólares en compensación a las víctimas del ataque con bomba a un avión de Pan Am en Lockerbie, Escocia (total de muertos: 270), y un ataque a una disco de Berlín en el que murieron dos militares estadunidenses y una mujer turca. De manera interesante, este arreglo también incluyó 300 millones de dólares en compensación para las víctimas libias de los posteriores ataques aéreos de Ronald Reagan a Trípoli y Bengazi.

El hombre que más adelante fue apresado en Escocia por ese ataque, Abdel Baset al-Megrahi (entregado por Kadafi junto con otro agente), fue liberado después por razones humanitarias y se le permitió volver a su país porque tenía cáncer de próstata. Deudos británicos de las víctimas de Lockerbie dudaban que Megrahi fuera responsable, en especial después de descubrir que la evidencia presentada en el juicio no resultó creíble en un examen posterior. Y, pese a que Libia accedió a la compensación, el hijo de Kadafi, Saif, declaró específicamente que Libia no era responsable del ataque en Lockerbie. Kadafi también sostuvo que no había ordenado esa atrocidad, aunque un antiguo miembro de su gabinete –hablando después del derrocamiento– dijo que el dictador estuvo personalmente involucrado.

Pero el dinero había hablado. Todavía en el poder en Libia, el régimen de Kadafi se sacudió toda responsabilidad una vez que entregó el efectivo. Más tarde fue echado del poder con ayuda de la OTAN, y luego vuelto a acusar de crímenes de lesa humanidad, entre ellos el ahorcamiento en masa de opositores en Bengazi en la década de 1970. Pero Kadafi fue ejecutado, mientras Al Bashir sigue vivo.

La justicia –siempre un tema espinoso en Medio Oriente– se ha resuelto a menudo con el pago de dinero ensangrentado, con frecuencia compensación en lugar de castigo. Y los ejércitos de Occidente han pagado a menudo retribuciones a las víctimas inocentes de bombardeos aéreos y ataques militares.

Esos pagos, en los que han participado militares tanto británicos como estadunidenses, se han hecho sobre el entendido de que las muertes no fueron causadas intencionalmente. Por tanto, se considera que las víctimas han sido, en la más repulsiva de las frases, daños colaterales. En algunos casos, oficiales militares han negociado directamente o por conducto de terceros con los deudos.

Dudo que Al Bashir llegue a ser juzgado alguna vez por el ataque al Cole –aun si fue culpable por asociación– y, como sabemos, no fue posible someter a Kadafi a ningún enjuiciamiento personal ni siquiera después de su derrocamiento. La verdadera pregunta es si es posible responsabilizar a las naciones, y cuánta justicia se puede lograr mediante transferencias financieras en vez de verdaderos procesos judiciales.

Estados Unidos tiene un montón de acusaciones de terror contra Irán. El ataque en Lockerbie pudo haber sido una de ellas si los estadunidenses no hubieran echado la culpa a la Libia de Kadafi. Y también vale la pena registrar cómo reacciona Washington cuando su personal militar está involucrado en el asesinato deliberado –el homicidio– de iraquíes y afganos inocentes. Después del asesinato de 24 civiles iraquíes por marines estadunidenses en Haditha, en 2005, por ejemplo, Estados Unidos pagó 38 mil dólares a las familias de 15 de los muertos, es decir, poco más de 2 mil 500 dólares por cadáver. De los ocho marines a los que se fincaron cargos, seis casos fueron desechados, un séptimo fue declarado inocente y al octavo se le halló culpable de negligencia en el cumplimiento del deber, pero escapó a la prisión.

Después de la masacre de Kandahar de 2012 –en la que cuatro hombres, tres mujeres y nueve niños fueron muertos a balazos o acuchillados–, sólo un soldado estadunidense fue sentenciado a prisión perpetua. Testigos afganos afirmaron que otros militares estuvieron involucrados. Washington pagó 46 mil dólares por cada civil afgano muerto y 10 mil por cada herido. Por su parte, Gran Bretaña pagó 2.8 millones de libras a la familia del iraquí Baha Moussa, asesinado bajo custodia británica en Basora en 2003, y a nueve hombres tundidos por británicos en ese tiempo. Como resultado, un solo soldado británico fue convicto de maltrato de detenidos y condenado a un año de prisión.

Ni los gobiernos estadunidenses ni los británicos, por supuesto, se han considerado responsables de ninguno de esos asesinatos. Esos escándalos, después de todo, fueron asesinatos patrocinados por el Estado. Pero se libraron de culpa haciendo lo mismo que los libios antes y ahora los sudaneses. Pagaron en efectivo.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya