Fuente: Umoya num 99 – 2º trimestre 2020                                Alicia G. Menéndez

Restos de colonialismo en la justicia belga

La cantante maliense Rokia Traoré fue encarcelada el 10 de marzo en Francia, por negarse a dar la custodia de su hija al padre belga. En el momento del arresto, se encontraba viajando
de Malí a Bélgica, país donde tenía que comparecer ante la justicia. Durante los quince días que estuvo encerrada se declaró
en huelga de hambre para reivindicar que se le otorgase “un juicio justo”. Ya ha sido liberada, pero el Tribunal de Bruselas le ha negado su derecho a apelar por la custodia de su hija, por no
haber podido acudir a declarar cuando estaba en prisión. Es un
caso de racismo, amparado en la justicia, que recuerda a épocas
pasadas -o no tan pasadas-.

Hace 60 años, las naciones africanas Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo todavía eran colonias
belgas. Desde que fueron colonizadas hasta que lograron la
Independencia, miles de mujeres africanas vivieron el sufrimiento
de ver cómo sus hijos les eran arrebatados. Miles de niños mestizos, de madre africana y padre belga, fueron sacados de las colonias y llevados a Bélgica. Una vez allí, cuando el padre belga no los “reconocía como suyos”, eran llevados a orfanatos, internados o, en el mejor de los casos, familias de acogida; además de encontrarse con dificultades a la hora de obtener la nacionalidad belga.
En abril de 2019, el primer ministro de Bélgica pidió disculpas en el Parlamento, en nombre del gobierno, “a los mestizos nacidos de la colonización belga y a sus familias, por las injusticias y el sufrimiento”.
Según dice François d’Adesky, cofundador de la asociación Los
mestizos de Bélgica, fueron entre 14.000 y 20.000 los menores
que sufrieron esto. El primer ministro belga también declaró su “compasión” hacia todas las madres africanas a quienes se les habían arrebatado sus hijos.
Tras ello, expresó: “espero que este momento sea un paso más
hacia la conciencia y el conocimiento de esta parte de nuestra
historia nacional”. Sin embargo, hoy siguen dándose sucesos con
similitudes a lo ocurrido durante el colonialismo, amparados en el
sistema jurídico europeo. El caso de Rokia Traoré es un ejemplo de ello.                                                                                     Traoré fue detenida en un aeropuerto francés y encerrada en la prisión de Fleury-Mérogis, en los suburbios de París. Estaba viajando a Bruselas, donde tenía que comparecer ante la justicia
para intentar revocar la decisión que había tomado el tribunal belga en noviembre de 2019. Esta decisión consistía en que Traoré debía dar la custodia de su hija de cinco años al padre,
Jan Goossens, ciudadano belga y prestigioso director del Festival de Marsella. Traoré tiene la nacionalidad maliense y francesa, pero reside en Bamako, capital de Malí.                                        La arrestaron bajo la orden de detención europea, bajo la
acusación de “secuestro, confinamiento forzado y toma de rehenes”. Esta orden fue creada, en origen, para agilizar el arresto de terroristas tras los atentados del 11-S, y facilitar la detención y la extradición al país de emisión. Su abogado, Keneth Feliho, declaró que la parte contraria “había marcado incorrectamente la casilla” y el juez había sido cómplice al ordenar el arresto, lo que supone una “violación del principio de la interpretación estricta de los delitos en el derecho penal”.                                                     Según el tribunal belga, la cantante tenía de plazo hasta febrero de 2020 para dar su hija a su exmarido, pero no lo hizo.
Meses antes, la justicia maliense había celebrado un juicio en el
que se le concedía la custodia de la hija a Traoré. Pero la justicia
belga no lo considera “válido”.
Además, Rokia Traoré había presentado una denuncia por supuesto abuso sexual de Jan Goossens a su hija, que el Tribunal belga también desestimó.
La artista fue liberada de la prisión el 25 de marzo, tras quince días de huelga de hambre. Según su abogado, obtuvo la libertad condicional por su débil estado de salud y por la “situación de inseguridad de las cárceles francesas con la pandemia por coronavirus”. Al salir, Rokia Traoré se encontró con que su derecho de apelación a la decisión del Tribunal belga para
reclamar la custodia de su hija le había sido cancelado por no
haber acudido a la celebración del juicio. El motivo por el que
faltó fue que estaba en la cárcel por una orden emitida por el
propio tribunal, lo que parece un acto ilegítimo e incluso podría
considerarse como una trampa.
Cuando estaba en la cárcel, el gobierno de Malí declaró su apoyo a Traoré y alegó que ella tenía un “pasaporte diplomático de Malí que debería otorgarle inmunidad”. La cuestión no es quién tiene razón en la disputa por la custodia, sino que el hecho de que la justicia europea se considere capacitada para invalidar una decisión de Malí es un comportamiento colonial y racista, pues demuestra que se creen con más autoridad que la justicia africana. Feliho explica que “varios tratados internacionales estipulan que, en materia de custodia de los hijos, es la jurisdicción del lugar de residencia la que es competente para decidir sobre su custodia”.
Rokia Traoré es una celebridad, una artista con fama internacional. Fueron muchas las personas y colectivos, además de las autoridades malienses, que pidieron su liberación y que ahora la apoyan y exigen su derecho a un juicio justo. Artistas como Salif Keita, Youssou N’Dour, Angélique Kidjo o Damon Albarn; e intelectuales como Felwine Sarr, Edgar Morin, Barbara Cassin, Achille Mbembe y Souleymane Bachir Diagne. También asociaciones como Afroféminas, con la campaña #FreeRokia, o la asociación belga Les Mères veilleuses, que recogió unas treinta mil firmas.
Si Rokia Traoré sufre esto, ¿qué sufrirán las madres africanas “no conocidas”?