Por Carlos Aznárez y Carolina Guiomar Trejo

En la tarde del 24 de agosto de 2022, en la comuna de Cañete fue detenido Héctor Llaitul Carillanca, werkén (vocero) histórico de la Coordinadora Arauco Malleco. Poco más de siete meses lleva en prisión preventiva el líder mapuche por imputaciones relacionadas a la Ley de Seguridad del Estado, que datan del 2020, y por robo de madera. Hoy por primera vez habla desde la cárcel sobre su actual procesamiento, además de otros temas de la actualidad chilena y de las demandas que mantiene su organización.

Casi 500 kilómetros separan la ciudad de Concepción, al sur de Chile, de su capital Santiago. En esta localidad se encuentra la cárcel concesionada, Complejo Penitenciario del Biobío, lugar a donde nos trasladamos para visitar y coordinar la entrega de un cuestionario a Héctor Llaitul, vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Preguntas donde se abordan distintos temas de la coyuntura chilena como la reciente Ley Nain-Retamal y los mega incendios vividos en el territorio mapuche (Wallmapu), junto con la lucha por autonomía y la salida de las forestales de la zona.

– Al momento de su detención usted es acusado por delitos vinculados al robo de madera y atentado contra la autoridad, previsto en la ley de seguridad del Estado, ¿qué antecedentes existen o se han sumado a la carpeta investigativa, en su opinión, que den sustento a estas acusaciones?

«Mi detención por hechos que dicen relación con la difusión de los planteamientos de mi organización, la CAM, y por la exposición de las ideas fuerza de la lucha mapuche autonomista en general, puedo indicar categóricamente que a la fecha no existen los antecedentes suficientes para la imputación de cargos y menos para una eventual condena», asegura Héctor LLaitul.

Quien señala que «este encausamiento procesal de la justicia chilena responde a la presión empresarial y a motivaciones estrictamente políticas de persecución y de criminalización de la causa mapuche, aquella que está por las demandas de territorio y autonomía, y a los que confrontamos directamente con los intereses de gran capital en el Wallmapu».

«Respecto a mis dichos expresados en entrevistas, que son el grueso de la acusación, y por lo cual se me aplica la Ley de seguridad del Estado, creemos que esto va a generar mucha discusión y debate, no solo en materia procesal sino por los aspectos políticos involucrados.  Y es una lucha que vamos a dar en los dos frentes reafirmando teorías del derecho y la justicia que puedan cuestionar y revertir la aplicación de estas leyes de excepción», agrega el werkén de la CAM.

«Vamos a dar a pelea con las herramientas del derecho internacional respecto de la libertad de expresión, apelando al derecho que tienen los pueblos a la rebelión cuando son oprimidos. Nosotros creemos que podemos obtener un logro en ese sentido y obtener finalmente un sobreseimiento en la causa».

Respecto a la imputación por usurpación de madera, ¿considera que es la acusación más débil, dado los antecedentes de la causa?

«Cuando se me acusa de estar involucrado en el robo de madera, existe una clara intención de desvirtuar nuestra lucha y confundir a la opinión pública, intentando demonizarla. Al respecto puedo afirmar que no existe absolutamente nada que me involucre, considerando que ya estamos ad portas de la preparación de juicio, y del juicio propiamente tal, la fiscalía no ha presentado ningún tipo de prueba o antecedente mínimo que me relacione con el robo de madera. Razón por lo que creemos que esa parte de la causa se cae por si sola», afirma Llaitul.

Quien descarta todo vínculo con las llamadas mafias de la madera, «nosotros no tenemos nada que ver con las mafias involucradas en el robo de madera, porque ellas pertenecen al circuito comercial de la propia industria forestal, y nosotros somos un movimiento anticapitalista y autonomista, por lo que no tenemos nada que ver con formas de reproducción capitalista, ni con su método y su circuito comercial. Nosotros desarrollamos el control territorial que es la antítesis del extractivismo de la industria forestal»

«Son ellos, las forestales las que están desde hace décadas detrás de las mafias del robo de madera, son ellos los que compran esa madera robada, evaden impuestos, donde se vinculan con los circuitos comerciales de la madera: contratistas y subcontratistas forestales y algunos mapuche que fueron cooptados por estas empresas, hacen parte de estas mafias y no han sido ni serán perseguidos judicialmente. Un tema que no se ha investigado en profundidad, porque también hay personeros de los organismos del Estado que también están comprometidos, principalmente por el tema de los impuestos y facturaciones falsas “.

Al momento de ser detenido se discutía el tema sobre el robo de madera, incluso investigaciones periodísticas apuntaban a posibles nexos de miembros de la policía en estas mafias, ¿qué opina sobre estas aseveraciones?

«Nosotros sostenemos que, si existe un vínculo de carabineros e inclusive hay comprometidos altos mandos con estas mafias de la madera, como ustedes también denunciaron días antes que me detuvieran, y un hecho que lo grafica claramente y que fue silenciado por las autoridades y la prensa burguesa es el entramado en la muerte y ejecución de Toño Marchant, situación que no está siendo investigada, porque a nuestro juicio se descubriría estos nexos».

La prisión política mapuche

Para Héctor Llaitul la condición de ser presos políticos mapuche se las proporciona el solo hecho de ser de la CAM, «le damos esa connotación por el puro hecho de pertenecer a una organización mapuche autonomista, lo que nos califica como prisioneros políticos mapuche. Y a partir de la cual realizamos una serie de movilizaciones y reivindicaciones que dan cuenta de cómo nosotros asumimos la prisión al interior del movimiento mapuche».

«Es nuestra condición de comuneros, y por la cual hacemos exigencias muy particulares y diferenciadas respecto a la situación carcelaria. Y es por esta razón que hicimos una movilización, una huelga de hambre hace poco, para que se respete el derecho no solamente como perseguidos políticos, sino también de comuneros, de representantes o de pertenecientes al pueblo Nación mapuche», añade.

Según detalla el werkén hay dos aspectos centrales en su definición de presos políticos, «uno, es tener un ideario, adoptar una práctica política como parte de una estrategia, pertenecer a una organización que le de contenido y parámetros a la acción policía. Es estar ahí comprometido con un proyecto de liberación que sobrepasa lo inmediato. Estas son las razones por las que estamos siendo perseguidos por parte del Estado».

Y, por otro lado, señala Llaitul, es tener una vinculación estrecha con los procesos comunitarios de resistencia, «tenemos un arraigo en las comunidades, lo cual es fundamental para articular la lucha autonomista con legitimidad, y para acumular fuerzas de confrontación con los intereses del gran capital en Wallmapu. Esta fuerza debe expresarse en un amplio proceso de reconstrucción, de nuestras formas de organización históricas, de nuestra economía, de nuevas relaciones sociales en nuestro territorio, por ejemplo.”

La cárcel como trinchera

Según explica el vocero, la cárcel también la asumen con un sentido programático, «somos parte del proceso de lucha general de nuestro pueblo, ya llevamos más de dos décadas sufriendo la persecución política por esto. En mi caso yo he sido procesado en varias oportunidades, estando en la cárcel anteriormente, entonces asumimos la prisión como una de las tantas condiciones de nuestro proceso de liberación: la cárcel como una trinchera más de lucha, como una consecuencia de ser militantes de la causa «.

De hecho, según puntualiza Llaitul, las actividades de denuncia, las huelgas de hambre, las movilizaciones que realizan «están muy concatenadas con el movimiento de las comunidades por la recuperación territorial, donde destacan sus expresiones de resistencia llevadas a cabo por los distintos ORT. Nunca, ninguna de ellas, dejan de lado la reivindicación de la libertad de algún weichafe (combatiente) o de algún militante de la causa mapuche que esté preso».

«Por aquella comprensión de la lucha y la solidaridad irrestricta, en la cárcel seguimos siendo militantes, y siendo un aporte en el proceso de conciencia, de politización. Los presos políticos somos una parte del proceso de liberación, una parte digna y viva de la lucha mapuche», sostiene Llaitul.

El vocero además aclara que para ellos la definición de presos políticos no la da el Estado, «porque el Estado, de hecho, la niega y siempre la a negado. Esto es totalmente contradictorio: porque si bien en el escenario internacional se presentan como progresistas y conciliadores, y no quieren aparecer como perseguidores de las organizaciones mapuche, en la práctica desconocen las consecuencias políticas del conflicto y la condición de presos políticos. Desconocen, a fin de cuentas, lo que las comunidades y organizaciones legitiman, esto es, la cárcel como espacio de lucha. La prisión política la define nuestra gente, nuestras comunidades, con nuestro pueblo, reivindicando a cada prisionero mapuche en particular y denunciando por qué se le está persiguiendo».

«Y esto resulta, tal vez, más evidente en mi caso, porque soy procesado y encarcelado por una ley de Seguridad Interior del Estado. Esto expresa también la naturaleza colonial más profunda del Estado; perseguir las ideas y las acciones revolucionarias mapuchistas que disputan su hegemonía como estructura de dominación», agrega.

Ley Gatillo Fácil

Consultado acerca de la aprobación y promulgación de la ley Nain-Retamal, Héctor Llaitul es tajante al señalar que “ésta da más prerrogativas y facultades a las policías, y se inscribe dentro de un ordenamiento jurídico político-institucional que se traducirá en mayor represión en el Wallmapu».

«La legítima defensa privilegiada permite, en estricto rigor, dar rienda suelta al uso de las armas por parte de la policía bajo una supuesta acción de defensa. Con esta facultad, en el contexto del conflicto que mantenemos con el Estado chileno y las empresas capitalistas, se abre un marco de acción para las policías y los militares que usarán fundamentalmente contra las expresiones de resistencia como la CAM», opina Llaitul.

«Estamos claros que se vienen tiempos complejos, difíciles, en donde la represión va a tener grandes alcances. Y más allá de lo que puedan decir los organismos de derechos humanos o la opinión internacional que cuestionan estas formas de actuar de los organismos armados, sobre todo en un contexto de estado excepción o estado de emergencia, y más aún, con lo que pretende la derecha, de implementar estados de sitio en zona de conflicto, implica que nos veremos enfrentados a un escenario de crímenes, de violación a los derechos humanos, en el marco de un conflicto histórico que no tiene una perspectiva de solución política por parte de la gobernanza actual«, sostiene Llaitul.

«Porque este gobierno está subsumido, digámoslo, por el neofascismo y el imperialismo, está prácticamente de rodillas o subyugado a las tendencias de las políticas represivas, a la política del garrote como ya hemos dicho. Entonces, para nosotros significa eso, significa mayor represión, criminalización y persecución con resultados de muerte, asesinatos políticos, encarcelamiento por nuestra causa «, señala el werkén de la CAM.

La política del garrote

Para Héctor Llaitul “La ley Nain-Retamal es una  muestra más de que, la política del garrote se ha fortalecido en el último tiempo y la política de la zanahoria está prácticamente fracasada, «toda vez que el movimiento autonomista mapuche cobra fuerza y hay un proceso de agudización contra el sistema capitalista, contra el Estado, y que las comunidades han avanzado sustantivamente en lo que respecta el control territorial,  el gobierno de turno aplica la persecución y la cárcel como métodos punitivos , inclusive, los últimos anuncios de Giorgio Jackson  dicen relación con que no habrá devoluciones de tierras en aquellos conflictos donde exista signos de violencia».

«La ley del gatillo fácil, se suma también a una serie de otras iniciativas como la ley de usurpaciones, la ley del robo a madera, la ley que sanciona el control de armas y municiones, entre otras, las cuales refuerzan esta nueva estrategia de represión», puntualiza el líder.

Los Incendios forestales

Respecto a los incendios que afectaron el territorio mapuche ancestral, Héctor Llaitul precisa que se trata «de territorios que hemos venido reivindicando, se trata de nuestro territorio ancestral que abarca parte sustantiva de lo que actualmente es Chile y Argentina.  En la actualidad este territorio ha asumido otras formas: de agricultura, con pueblos, ciudades y otros asentamientos, y que conviven con nuestra realidad mapuche, con las comunidades».

A partir de lo anterior el vocero señala que, «los últimos megaincendios, están dados por distintos factores. Si hablamos que las superficies afectadas en cada período de incendios promedia las 52 mil hectáreas quemadas, ahora se quintuplicó, superando las 310 mil en las regiones la Araucanía y el Biobío, transformándolo en uno de los peores de los últimos tiempos».

Según Llaitul, uno de esos factores indudablemente es el cambio climático, «que se extrema con la ocupación desmedida de las empresas forestales y otras expresiones extractivista en nuestro territorio. Todas las condiciones que este despojo ha ido generando en relación a los suelos, en relación a las condiciones hidrográficas, al proceso de desertificación, los cuales han llegado a un extremo».

«Este impacto no solo ha afectado a las comunidades mapuche, sino a la gente empobrecida de estas zonas, porque ha habido muertos, destrucción de casas, de sistemas agrícolas y ganaderos. Lo que está de fondo en esta situación es la configuración de la propiedad de la tierra en estas zonas, concentradas fundamentalmente en entidades privadas».

Actualmente las plantaciones forestales, según las cifras oficiales, cubren una superficie alrededor de 4 millones de hectáreas, equivalentes a poco más de 17% del total de bosques de Chile.

«Es por ello que, para nosotros, queda absolutamente claro que la presencia de un modelo forestal, en base al monocultivo de pino y eucalipto, ambos altamente inflamables, es la responsable en definitiva de los incendios. Y lo seguirá siendo si no cambia ese modelo».

Un polvorín

Héctor Llaitul señala que «no hay que olvidar que, en el caso del eucalipto, este cultivo ha generado todo un proceso de erosión, de desertificación del suelo, porque es una especie que consume mucha agua para su desarrollo. Pinos y eucaliptus, Especies exógenas del territorio que han sido manipuladas en laboratorios de las grandes empresas forestales para tener mayor capacidad producción y crecimiento, y convertirse después en materia prima exportable, ya sea en celulosa o en derivados de papeles y cartones. Esta realidad ha generado una situación muy fuerte, muy dura, y año a año sumado a el cambio climático, generan las condiciones que favorecen la posibilidad concreta de una mayor propagación de los incendios, y es precisamente lo que ocurrió».

Por otra parte, explica Llaitul, «queda absolutamente en evidencia que todo el sistema de propiedad usurpado, que tienen las forestales en esta parte del Wallmapu, es decir la vasta extensión territorial que están siendo hoy día devastadas por los monocultivos, y son propiedades de grandes corporaciones, de grupos económicos. Los principales son el grupo Matte, el grupo Angellini, que son la Forestal Arauco y la CMPC, son un verdadero polvorín.

Su responsabilidad en los incendios

Consultado sobre quienes acusan a los grupos radicales mapuche en provocar alguno de los incendios, Héctor Llaitul descarta esas imputaciones, «son acusaciones infundadas, parte de una campaña anti-mapuche que instaló la derecha fascista y reaccionaria, es parte del discurso oficial más recalcitrante que existe en esta parte del territorio, que culpa a las organizaciones mapuche autonomistas de los procesos que ellos mismos impulsan o no alcanzan a controlar, como los incendios «.

«Nosotros ya hicimos un pronunciamiento, donde descartamos de forma categórica nuestra participación. Y como lo declaramos es inconcebible que tengamos responsabilidades en circunstancia que nuestras comunidades están rodeadas de forestales».

El vocero insiste que la responsabilidad que le compete a las forestales es absoluta, «porque no hay nada de regulación, no hay medidas que permitan palear la situación de riesgo o mitigar sus consecuencias cuando ocurren estos hechos. Menos en el sentido de la planificación, o la regulación que tanto se habló tras los megaincendios.  Porque la ambición de los grupos económicos es tan desmedida, es tan voraz, que no pusieron ningún tipo de freno ni limitación al momento de plantar y ocupar territorios con especies exógenas y altamente destructivas», recalca.

Para la CAM, es la industria forestal la que también generó condiciones socioeconómicas desiguales en estas zonas, «con una población empobrecida, porque en su actividad no se pagaron impuestos en los territorios ocupados, en los lugares específicos donde tienen sus plantaciones, sino en sus oficinas administrativas y donde vive la elite financiera. Y obviamente aquí salta a la palestra uno de los grandes factores que propició que los grupos económicos pudieran acumular la riqueza y sigan acumulando fortunas, razón por la cual confrontan con todos los oprimidos en general y con nuestro pueblo mapuche en particular; nos referimos a la subvención de parte del Estado que han recibido desde los tiempos de la dictadura».

Decreto 701

El dirigente mapuche, recuerda que «solamente el decreto 701, promulgado en 1974, permitió subvencionar el 75% de la actividad forestal durante décadas, decreto que se mantuvo activo durante todos los gobiernos de la Concertación hasta el año 2016, y que aún no se ha derogado».

«El decreto 701 significó una protección directa a todo el extractivismo forestal de parte de cada gobierno post dictatorial, toda vez que siempre ha habido reivindicaciones territoriales y políticas, hasta llegar a la militarización de las zonas de conflicto que se conoce actualmente, en donde hay una cantidad de recursos de parte del Estado para mantener a pacos y milicos protegiendo los intereses de las grandes corporaciones, en contra de nuestro pueblo en lucha», estima Héctor Llaitul.

En su opinión, «resulta increíble la cantidad recursos que se han gastado para seguir favoreciendo a la industria forestal en Wallmapu. Por lo tanto, estamos hablando de la responsabilidad no solamente de la industria forestal, sino que todo el sistema de dominación en su conjunto, en contra de nuestro pueblo».

«Entonces, cuando nosotros confrontamos contra la industria forestal, en los hechos también estamos confrontando con políticas de Estado, por eso nosotros hablamos derechamente de que nuestra lucha confronta contra el Estado capitalista, de formato colonial, donde se reproduce el gran capital a costa de la usurpación del territorio ancestral Mapuche», añade.

Regulación Forestal

Respecto a la discusión que se abrió durante los incendios sobre regular mejor la actividad forestal, para la CAM, es un discurso artificioso que se plantea desde la autoridad, «considerando lo que ha significado la presencia de la industria forestal, y el impacto a nivel ecológico, a nivel de los bosques, de los suelos, del agua de las forestales en el territorio durante todo este tiempo».

«Por eso y para aclarar, esta crisis de los incendios para nosotros, no es una puerta que se abre, no es un espacio para debatir acerca de una regulación forestal, como forma de resolver un conflicto histórico con el pueblo mapuche.  La única solución, y nosotros lo hemos dicho muy claramente, desde que se inició el movimiento autonomista mapuche, es que la forestales tiene que hacer un retiro absoluto y definitivo de los territorios ancestrales, revindicados ampliamente por nuestro el pueblo nación mapuche», afirma.

«Siempre hemos manifestado ser parte del movimiento mapuche revolucionario, y por ello no vamos a ser parte de ningún tipo de iniciativa o debate respecto de una nueva forma de legislar o de regular el ámbito forestal en nuestro territorio. Es una posición histórica nuestra, desde nuestro surgimiento, que no vamos a tener ningún tipo de coexistencia con la forestales. Nuestra acción es por la reivindicación territorial y política, desde lo propiamente mapuche, con nuestro rakiduam y kimun ancestral, el cual se contradice con el sistema de muerte impulsado por las forestales «.

La autonomía y control territorial

La salida de las forestales, según Llaitul, son parte de su lucha por la autonomía, «en busca de la reinstalación de nuestras formas de vida mapuche, en el entendido de que estamos generando las condiciones materiales e inmateriales para nuestra reproducción como pueblo nación. Es una lucha por la autonomía política y territorial de manera integral».

«Si nosotros no tenemos la autonomía, no podemos desarrollar y seguir existiendo, con un sentido de Wallmapu, de Wallontumapu, como nosotros lo entendemos. Por eso para nosotros es absolutamente fundamental reivindicar, en ese terreno estratégico, que la lucha es por la autonomía», especifica el dirigente mapuche.

Quien agrega que es «un tipo de autonomía revolucionaria, ya lo hemos dicho, un tipo de autonomía de facto, en los hechos, que implica no solamente el desapego de toda esta institucionalidad opresora, es independencia de todas las institucionalidades del Estado y del sistema capitalista. Es la reconstrucción o la reinstalación, a su vez, de lo que nos legó nuestro pueblo, nuestros ancestros, un legado que seguimos en un sentido revolucionario y transformador».

«Y por eso, toda vez que nosotros reemplazamos el monocultivo y reinstalamos nuestro habitat con nuestras siembras, nuestras casas, nuestras formas culturales, nuestras formas idiosincráticas, en clave autonomista.  Y la plataforma, muy concreta para eso, es el control territorial, ahí se expresa claramente lo que nosotros pretendemos, no solamente en el plano material o en el plano simbólico político, sino también en el plano cultural y espiritual, que para nosotros es lo fundamental, es decir estamos reconstruyendo el ethos mapuche, sostiene Llaitul.

Última arremetida

Consultado sobre lo que ha significado esta lucha por la autonomía para sus comunidades, Héctor Llaitul, acusa que han sufrido una «última arremetida de represión estatal en contra del movimiento autonomista y que ha significado la prisión política de varios weichafe, inclusive la nuestra, de la dirigencia, y de militantes destacados de la CAM. Y esto tiene que ver con la presencia y la continuidad de la industria extractivista en toda la territorialidad ancestral».

«Hay una arremetida y hay una criminalización, persecución de los movimientos que estamos en lucha frontal contra procesos de inversión capitalista de este tipo en el territorio. En ese plano se nos ha venido acusando de otros delitos o ilícitos y que solo buscan desvirtuar nuestra lucha de reivindicación ancestral».

«Y los últimos hechos quedan graficados muy claramente, con este gobierno que se cree progresista, pero que ha tomado la decisión de perseguir y reprimir incluso las siembras y cosechas. Es decir, arremeten contra nuestras recuperaciones productivas dejando en claro que no van a permitir otro tipo de actividad económica que pueda fundar o sustentar la autonomía material para nuestro proceso de reconstrucción nacional».

Hemos observado operativos de la policía militarizada, en compañía del ejército chileno, para reprimir actividades productivas al interior de los predios recuperados, donde se realizan labores como limpiezas, siembras, cosechas, construcción de rukas, todas en el marco del control territorial”

«Acciones represivas que rayan, no solamente en el carácter del fascismo, sino también en acciones muy claras de racismo e intolerancia al impedir que se reproduzcan los entramados culturales mapuche, en donde le damos un valor distinto a la tierra, un valor distinto a la forma de concebir un tipo de economía propia para el sustento, con respeto al entorno, en donde el equilibrio y la reciprocidad con la naturaleza sea una realidad práctica, no sólo un discurso».

Arbitraje de La Haya

Respecto al arbitraje que se está planteando en el tribunal de La Haya por dos comisiones mapuche, Llaitul señala que, «como organización, como expresión del movimiento autonomista no participamos en esta iniciativa. No creemos de hecho que exista un avance sustantivo en la reivindicación territorial y política, por esa vía. Y nosotros hemos sido muy claros con nuestro proyecto político estratégico, en base a la resistencia y la reconstrucción, y que vamos a ir acumulando fuerza en el plano de la autonomía de facto, como lo hemos explicado».

«Además no estamos de acuerdo que participen personajes como Baltazar Garzón, que ha sido denunciado por su rol en la lucha de parte del movimiento autonomista vasco, de los combatientes por la libertad del pueblo vasco, que han sido reprimidos y perseguidos por parte de este juez», agrega.

El plan Buen Vivir

Para Héctor Llaitul y la CAM, resulta importante detenerse en el llamado Plan Buen vivir, anunciado en mayo del 2022 por el actual gobierno, el que es considerado por ellos, «una de las maniobras mejor utilizadas por Gabriel Boric en contra del movimiento mapuche autónomo, y que ha sido presentar lo viejo como nuevo».

Un plan que contempla una serie de medidas que se inscriben, según el werkén, «en la lógica neoliberal que profundizó la Concertación para ‘atender’ la problemática mapuche, fracasando estrepitosamente».

En términos generales, apunta Llaitul, este plan contempla dos ejes, aquel que gira en torno al reconocimiento de la demanda indígena con base en la restitución de tierras y la creación de una especie de ministerio especial de ‘asuntos’ indígenas. El otro que corresponde al impulso de “parlamentos” con una ‘agenda indígena’, con la consecutiva inyección de recursos.

A partir de estos dos ejes, a la CAM cuestiona con interrogantes, «¿sobre qué tierras aplicará ese plan?, ¿sobre los miles de hectáreas en manos del latifundio y las forestales o sobre las mismas reconocidas en los Títulos de Merced y por otros instrumentos como la Reforma Agraria?, ¿Quienes harán el catastro? En fin, es lo mismo que hace 30 años», opina Llaitul.

Quien explica que sus demandas, «como organización autonomista y revolucionaria, es sobre las tierras antiguas, base de nuestro territorio ancestral, no sobre las reconocidas por el Estado chileno. Este es el problema de fondo por el cual nació el movimiento mapuche, y todo indica que esto no será atendido con dicho plan»

Asimismo, la organización mapuche, se pregunta, si imponen un ministerio de asuntos indígenas, «¿quién estará a la cabeza? ¿cómo funcionará? Por que este tipo de medidas corresponden a la típica estrategia de cooptación que han utilizado los gobiernos consecutivos a lo lago de 30 años. Intentar politizar y dar tribuna a las demandas de los sectores moderados para así a su vez arrinconar y reprimir a los sectores autonomistas y revolucionarios mapuche».

Respecto al segundo eje, el vocero, también despliega interrogantes, ¿con quiénes se sentarán o se están sentando a hablar los funcionarios de gobierno? ¿las ‘autoridades’ para ellos tienen el mismo significado que para los sectores que llevan décadas movilizados por la tierra? ¿Lo que el gobierno entiende por “legitimidad” sólo tiene sentido entre sus militancias universitarias y acomodadas sin vínculos territoriales?», se cuestiona Llaitul.

Quien sostiene que «en las comunidades la legitimidad y la justeza de la causa mapuche se construye en la cotidianidad de la lucha, con trabajo, con trawün y respeto, a diferencia de lo que implementaron las políticas públicas que terminaron folklorizando la salida al conflicto. Es por esto que tales ‘parlamentos’ están destinados a fracasar o a tener una nula legitimidad territorial, ya que quienes participan o participarán en ellos fueron escogidos desde arriba, no desde los territorios y menos con representantes de las expresiones de resistencia “.

Lo mismo ocurre, según el werkén, con la inyección de recursos, «porque lo importante no es cuántos ceros tenga la cifra, sino de qué manera se invierta. Una recuperación de tierras vive con muy poco dinero y así sus integrantes pueden comer, trasladarse, sembrar, luchar. El dinero importa, pero no es lo sustantivo para enfrentar un conflicto de esta envergadura».

«La lógica de inversión y desarrollo que reproduce este gobierno cae en la misma trampa que sus predecesores, y es por estas razones, que sostenemos que este plan, en el marco del conflicto, que se agudiza por el reacomodo del capital y la represión en Wallmapu, fracasará», concluye.

Finalmente, consultado si existe alguna posibilidad o instancia para entablar algún dialogo con el gobierno, el vocero mapuche es categórico «nosotros ya dijimos que no íbamos a ser parte de ningún dialogo que implique negociación, y menos, mientras exista militarización, persecución y prisión política. Mientras, no se discuta el problema de fondo que es la presencia de la industria extractivista en el Wallmapu, y se hable seriamente de territorio y autonomía».

Además, señala como cierta ironía, «Es por todo lo anterior que no vamos a participar, por lo demás… como estoy preso y con una ley de mordaza, sin posibilidad de expresarnos libremente, me resultaría imposible participar».