Por Wisam Zoghbour*, para Diálogos del Sur Global, desde Gaza
Israel, el Estado ocupante, se ha acostumbrado a utilizar métodos criminales pasados contra el pueblo palestino dondequiera que se encuentre, incluyendo la política de detención administrativa y desaparición forzada, para obligarlo a renunciar a sus derechos nacionales legítimos, incluyendo el derecho a construir un Estado independiente con Jerusalén como capital y el derecho a la autodeterminación.
El Estado ocupante sigue cometiendo el crimen de desaparición forzada, que es una de las caras de la guerra genocida en la Franja de Gaza, en curso por el noveno mes consecutivo, resultando en alrededor de 50 mil mártires y desaparecidos, y alrededor de 86 mil heridos, de los cuales unos 12 mil necesitan urgentemente tratamiento fuera de la Franja. Además, más del 70% de la Franja de Gaza ha sido destruida.
La Ocupación prosigue con la política de desaparición forzada contra el pueblo palestino, negándose a revelar la identidad de sus detenidos, las circunstancias de sus detenciones y, en caso de martirio de alguno de ellos, las circunstancias de su martirio, como ocurrió recientemente con los dos médicos Adnan Al-Barsh e Iyad Al-Rantisi, cuyos martirios fueron anunciados por los medios israelíes, como amenaza a la vida de más de 310 detenidos del cuerpo médico.
Cabe mencionar que las fuerzas de ocupación israelíes han arrestado a miles de palestinos en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre. Informes y estadísticas de fuentes vinculadas a la Ocupación indican que sus fuerzas han arrestado a unos 4 mil palestinos en la Franja de Gaza, de los cuales unos 1.500 han sido liberados. La administración penitenciaria de la Ocupación anunció, a principios de este mes de junio, la detención de 899 prisioneros que clasifica como detenidos ilegales, incluyendo mujeres, niños y ancianos.
Según testimonios, el Estado ocupante no hace distinción al arrestar entre niños, ancianos y mujeres durante su brutal guerra en la Franja de Gaza, utilizando diversos métodos de tortura y malos tratos contra los ciudadanos palestinos y colocándolos en centros de detención y prisiones secretas que recuerdan los campos de concentración nazis.
Es alarmante que el Estado ocupante, Israel, siga cometiendo el crimen de desaparición forzada contra los detenidos de la Franja de Gaza, llegando al punto de cometer ejecuciones sumarias y manipular el sistema judicial para ese fin. Informes e investigaciones de la prensa internacional e israelí revelaron el martirio de unos 36 detenidos en sus prisiones y campos, además de testimonios impactantes de detenidos liberados en los últimos meses, algunos de los cuales sufrieron amputaciones de miembros debido a la tortura y malos tratos, como confirmó uno de los prisioneros que perdió una pierna debido a la tortura y negligencia médica, resultando en gangrena e infección.
La continua incapacidad del sistema jurídico internacional para responsabilizar a Israel por sus crímenes contra el pueblo palestino y sus violaciones de la Carta de los Derechos Humanos alienta al Estado ocupante a persistir en sus crímenes, llevando al sistema internacional al borde del colapso y reemplazando el derecho internacional por la ley de la selva. Todo esto ocurre con el apoyo de países occidentales, liderados por Estados Unidos, que levantan la tarjeta roja contra cualquier intento de responsabilizar al Estado ocupante por sus crímenes contra el pueblo palestino. Esto incentiva a Israel a desconsiderar las resoluciones de la legitimidad internacional, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, así como las órdenes del Tribunal Internacional de Justicia que describen los acontecimientos en la Franja de Gaza como genocidio, exigiendo sanciones contra Israel y su consideración como un estado paria. El Tribunal Penal Internacional también clasificó los acontecimientos en la Franja de Gaza como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, poniendo al tribunal y a su fiscal jefe, Karim Khan, ante una verdadera prueba de integridad al emitir órdenes de arresto contra el primer ministro del Estado ocupante, Benjamin Netanyahu, su ministro de guerra, Yoav Galant, y todos aquellos cuyo involucramiento en crímenes de guerra sea revelado por la investigación.
* Wisam Zoghbour, director de la oficina de la revista Al-Hurriya en la Franja de Gaza y miembro del secretariado general del Sindicato de Periodistas Palestinos.
Edición: Alexandre Rocha
Revista Diálogos do Sul Global