17 de diciembre de 2025

A las seis de la mañana, con el frío todavía clavado en el asfalto, la policía puso fin por la fuerza a la única alternativa habitacional que tenían cientos de personas migrantes en Badalona. El antiguo instituto B9, abandonado durante años por las administraciones, fue desalojado este miércoles en una operación policial masiva que deja un balance claro: cerca de 400 personas expulsadas sin una solución real de alojamiento.

El edificio, convertido en refugio improvisado ante la falta de políticas públicas de vivienda, llevaba tiempo señalizado como un “problema de orden público”. Sin embargo, nadie actuó mientras el inmueble se deterioraba ni mientras sus ocupantes sobrevivían sin luz, sin agua y sin condiciones mínimas de seguridad. La respuesta institucional no llegó en forma de recursos sociales, sino de furgones policiales.

Desde primeras horas del día, un despliegue extraordinario de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Urbana cercó el recinto para ejecutar una orden judicial que, en la práctica, condena a decenas de personas a dormir en la calle. Maletas, mochilas y bolsas de plástico fueron todo lo que pudieron llevarse quienes, hasta hoy, tenían al menos un techo bajo el que guarecerse.

Las autoridades justifican la intervención apelando a la “legalidad” y a la “seguridad”, pero eluden una pregunta esencial: dónde van ahora estas personas. No se habilitaron recursos suficientes, no se garantizó una alternativa habitacional estable y no se ofrecieron respuestas a largo plazo. El desalojo fue rápido; la solución, inexistente.

Durante el operativo de desalojo del instituto, según una nota de prensa la Delegación del Gobierno estatal en Cataluña y la Policía Nacional, la Policía española ha identificado a 54 personas, de las cuales 18 han ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona, paso previo a su expulsión. En el desalojo han intervenido, según la misma fuente, 55 agentes de la Policía Nacional, 32 de ellos de la Brigada Provincial de Extranjería, 9 de la policía científica, 8 de la Brigada Local de Información y 6 de seguridad.

Colectivos sociales y entidades de apoyo a personas migrantes denuncian que esta actuación no resuelve ningún problema, solo lo desplaza. “No es una política de vivienda, es una política de expulsión”, señalan, alertando de que muchas de las personas desalojadas acabarán dispersas por la ciudad, en situación de mayor vulnerabilidad, invisibles hasta el próximo operativo.

El alcalde de Badalona, el autoritario García Albiol, celebró públicamente el desalojo, presentándolo como un triunfo contra la ocupación. Un triunfo que vuelve a repetir un patrón conocido en el que la pobreza se criminaliza y la migración se gestiona a golpe de porra y expediente administrativo. El antiguo instituto B9 no era el problema. El problema es un sistema que permite que cientos de personas vivan sin derechos y que solo actúa cuando puede hacerlo mediante la represión.

En respuesta por la tarde se convocó una concentración de denuncia de la actuación policial y de solidaridad a las personas desalojadas, calificando la actuación promovida por el alcalde García Albiol como «racista».