La ministra de Empleo, Yolanda Díaz (SUMAR), anunció ayer (a bombo y platillo) que se había llegado a un acuerdo con sus compañeros de gobierno (PSOE) para “derogar” la Ley Mordaza.
Esta normativa, con 9 años en vigor y que ha sido una de las más dañinas para la ciudadanía, tiene a muchos sectores sociales en contra. Desde su implantación, la CGT venimos insistiendo en que la Ley Mordaza tiene que ser anulada: ni “maquillada” ni modificada, como al parecer se pretende desde el Ejecutivo de PSOE y SUMAR, el cual, a la espera del texto definitivo que se publique en el BOE, pretende mantener el uso de pelotas de goma y las devoluciones en caliente, entre otras cosas
Con esta ley se ha perseguido derechos fundamentales como el de expresión, reunión, manifestación, persiguiéndose la protesta, pero también esta misma ley ha dado un poder casi total a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se convirtieron de la noche a la mañana en “jueces”, puesto que dejaba a criterio de los agentes de estas instituciones estatales imponer multas o detener a personas que estaban ejercitando derechos en las calles. Muchas compañeras (como es el caso reciente de las sindicalistas de la CNT en el caso de La Suiza de Xixón), han sido
hostigadas y denunciadas gracias a leyes de este tipo. Sin duda alguna, la Ley Mordaza se ideó y se puso en marcha para perseguir y criminalizar la protesta.
Si bien es cierto que ha sido una normativa impuesta en la etapa de gobierno del Partido Popular, también lo es que ninguna formación política que ha venido a tocar poder más tarde la ha derogado aún habiéndolo prometido en campaña electoral, y llegando a la situación de que dicha ley lleva siendo aplicada durante más tiempo por quien decía que la iba a derogar, que por el gobierno del Partido Popular que fue quien la aprobó. Así, PSOE y Unidas Podemos, y ahora PSOE y SUMAR no solo continúan manteniendo la Ley Mordaza sin derogar, sino que se mantienen artículos en el Código Penal que son usados para reprimir y coartar libertades. Y la razón es bien sencilla: esta ley y este código penal protege y respalda al gobierno de turno, a la clase política en general y a los empresarios, de las movilizaciones y acciones que en determinados momentos puedan organizarse desde la sociedad civil.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) seguiremos trabajando, tanto a nivel sindical como social, por la eliminación de esta normativa que lesiona derechos fundamentales. No vamos a aceptar sólo modificaciones de artículos, retoques o adornos de un texto que desde la oposición política PSOE y SUMAR “prometieron” eliminar cuando llegasen al poder. De este “poder” no esperamos nada, por el contrario sí de quienes están y estamos luchando por las libertades y derechos fundamentales. Ninguna ley podrá reprimir lo que tengamos que decir, como tampoco ningún gobierno podrá limitar nuestro derecho a la protesta y a la movilización en la calles.
Tampoco vamos a olvidarnos de las represaliadas, mutiladas, perseguidas, encausadas, etc., en diferentes operaciones/montajes policiales, ni mucho menos de la clase trabajadora migrante que llega a Europa a través de nuestras fronteras terrestres y marítimas en busca de una vida digna, y a la que se le aplican leyes inhumanas e injustas desde el “gobierno más progresista de la historia de la democracia española”.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT