El Departamento de Justicia (DOJ) ha imputado este martes a cuatro ciudadanos estadounidenses y tres rusos acusados de llevar a cabo una ‘campaña extranjera de influencia maligna de varios años en Estados Unidos’ para ‘sembrar la discordia y difundir propaganda prorrusa’.

Dejando clara la naturaleza explícitamente antidemocrática de las acusaciones, el fiscal general adjunto Matthew Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado que ‘el servicio de inteligencia extranjero de Rusia supuestamente utilizó como arma nuestros derechos de la Primera Enmienda —libertades que Rusia niega a sus propios ciudadanos—para dividir a los estadounidenses e interferir en las elecciones en Estados Unidos‘.

Bien podrían haber escrito: ‘Los estadounidenses tienen libertad de expresión, siempre que digan lo que nosotros queremos’.

El DOJ acusó a Moscú de reclutar y financiar grupos políticos estadounidenses, alegando que actuaban como ‘agentes ilegales no registrados del gobierno ruso’. Las siete personas acusadas podrían enfrentarse a penas de entre cinco y diez años de prisión en caso de ser declaradas culpables.

Las acusaciones se producen en un momento en el que el gobierno de Biden está intensificando aún más la guerra por poderes con Rusia en Ucrania con el despliegue de tropas de la OTAN, en medio de asombrosas pérdidas en el campo de batalla para el ejército ucraniano. Habiendo invertido ya $114 mil millones en la guerra, y proponiendo un presupuesto militar récord de $1 billón, y apostando toda la reputación del imperialismo estadounidense en la guerra, la administración se está moviendo para silenciar la oposición interna hacia la guerra.

La clase dominante también pretende utilizar la guerra como arma contra el movimiento huelguístico que se está desarrollando en Estados Unidos, que incluye las huelgas más recientes de trabajadores universitarios, trabajadores del sector químico y profesores, como parte del auge internacional de la lucha de clases impulsada por los ataques a los niveles de vida relacionados con la guerra instigada por Estados Unidos.

El Departamento de Justicia afirma que dos agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), Aleksey Borisovich Sukhodolov y Yegor Sergeyevich Popov, supervisaron una campaña para reclutar, financiar y dirigir grupos políticos estadounidenses, entre ellos el Partido Socialista del Pueblo Africano (African People’s Socialist Party, APSP) y el Movimiento Uhuru de Florida, otro grupo nacionalista negro. No se aportan pruebas de ello.

Los cuatro estadounidenses acusados —Omali Yeshitela, Penny Joanne Hess, Jesse Nevel y Augustus C. Romain Jr.— residen en San Petersburgo (Florida) y están vinculados al APSP y al Movimiento Uhuru. Ambas direcciones de los respectivos movimientos han negado las acusaciones en el pasado.

La sede del APSP fue allanada anteriormente por agentes del FBI fuertemente armados como parte de una acusación de 25 páginas contra Aleksandr Viktorivitch Ionov, un ciudadano ruso acusado del vago cargo de ‘conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos’, que equivalía a un montaje político. Esa acusación ha sido sustituida por la actual, ligeramente más larga y de 37 páginas.

La acusación vuelve a afirmar que Ionov, como agente del FSB, financió y controló el APSP y el Movimiento Uhuru.

Subrayando la naturaleza proguerra de la campaña emprendida por el DOJ, los fiscales afirman que uno de los objetivos de la supuesta operación de influencia de Ionov era ‘crear la apariencia de un apoyo popular estadounidense a la anexión rusa de territorios en Ucrania’. El DOJ señala un supuesto correo electrónico entre Ionov y Nevel que, según afirma, contenía temas de conversación prorrusos, mientras que Yeshitela y otro miembro del APSP ‘hicieron declaraciones de solidaridad con el gobierno ruso’, según el comunicado de prensa.

También afirma que la supuesta trama de ‘interferencia electoral’ se extendió más allá del ciclo electoral local de 2019 en San Petersburgo, Florida, para incluir las elecciones presidenciales de 2020.

El alcalde de San Petersburgo, el demócrata Ken Whelch, apoyó las acusaciones reaccionarias, diciendo que ‘Petersburgo no apoya, aprueba ni tolera que ningún gobierno extranjero participe en actividades para socavar o influir en nuestras elecciones’.

Las acusaciones siguen a acusaciones infundadas y hasta hoy no probadas de sectores del Gobierno alineados con el Partido Demócrata de que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016 para conseguir la elección de Donald Trump. Estas constituyeron la base de la investigación del abogado especial que produjo el Informe Mueller, que no encontró ninguna prueba de colusión entre Trump y Moscú.

El director adjunto interino Kurt Ronnow, de la División de Contrainteligencia del FBI, dijo sobre la publicación de la acusación: ‘El anuncio de hoy pinta una imagen desgarradora de las acciones del gobierno ruso y de hasta dónde llegará el FSB para interferir en nuestras elecciones, sembrar la discordia en nuestra nación y, en última instancia, reclutar a ciudadanos estadounidenses para sus esfuerzos’. Y continuó: ‘Todos los estadounidenses deberían estar profundamente preocupados por las tácticas empleadas por el FSB y permanecer vigilantes ante cualquier intento de socavar nuestra democracia’.

No es necesario ningún gobierno extranjero para socavar lo poco que queda de democracia en Estados Unidos. El gobierno estadounidense silencia a quienes sacan a la luz sus crímenes y no tiene ningún fundamento moral para excusar a nadie por la cuestión de los derechos democráticos. Ha perseguido implacablemente al periodista Julian Assange, encerrándolo en una prisión del Reino Unido y torturándolo durante más de una década, y al denunciante Edward Snowden por sacar a la luz los crímenes de guerra y las operaciones de espionaje de Estados Unidos. Snowden se vio obligado a huir a Rusia para escapar de un destino similar.

La administración Biden apoya la caza de brujas de investigadores de COVID-19 en apoyo de sus preparativos de guerra contra China, detiene a periodistas que informan sobre protestas contra la violencia policial y a los que intentan cubrir los crímenes del capitalismo estadounidense, como en el caso del envenenamiento de residentes por Norfolk Southern tras el descarrilamiento de Palestine, Ohio. También podría añadirse que entre los aliados de Washington figuran regímenes sanguinarios que asesinan a periodistas, como el régimen saudí. Éstas son sólo una parte de las tropelías perpetradas por Washington.

(Publicado originalmente en inglés el 21 d