Comunidades históricas de varios departamentos de El Salvador, cuyas poblaciones fueron desplazadas de forma violenta por el ejército salvadoreño a inicios de la Guerra Civil (1980-1992), y las cuales posteriormente repoblaron sus territorios, denunciaron este miércoles las implicaciones de la detención de los líderes comunitarios y defensores ambientales de Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).

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De acuerdo a la denuncia hecha pública, esas comunidades «ven que detrás de esto, hay una intención de reactivar los proyectos mineros, a pesar de que éstos están proscritos en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada por unanimidad en marzo de 2017».

En ese sentido recuerdan que aquella ley fue aprobada «como resultado de un amplio consenso y lucha nacional antiminera», en la cual ADES y Santa Marta «han jugado un papel importante en contra de estos proyectos, por lo que el actual gobierno pretende criminalizar a organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos, del medio ambiente y particularmente la persecución al sector de veteranos de guerra».

Los representantes y activistas de aquellas comunidades históricas  de denuncian que con estas capturas «se instaura por parte del gobierno un relato negacionista de la historia, el desmantelamiento de los Acuerdos de Paz, generando retrocesos institucionales y la reversión democrática que sufre el país».

Asimismo, hacen referencia que el Gobierno de Nayib Bukele ha impulsado la «supresión de garantías constitucionales con el estado de excepción, afectando a las comunidades con la detención de muchas personas inocentes hasta ahora bajo arresto».

Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, Teodoro Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas Ortega y Arturo Serrano Ascencio fueron capturados por orden de la Fiscalía General de la República, que los acusa de un supuesto homicidio cometido durante la guerra civil salvadoreña.

La FDIM denuncia persecución judicial contra su presidenta, Lorena Peña

La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), denunció también este miércoles la apertura de un juicio civil y previsiblemente uno penal en contra de su presidenta, la salvadoreña Lorena Peña, lideresa feminista de organizaciones locales.

De acuerdo a un comunicado de la FDIM, Lorena Peña «ha sido una destacada activista social desde los años 70 hasta nuestros días, fue combatiente, comandante guerrillera del FMLN, y miembro del equipo negociador del Acuerdo de Paz de El Salvador (por parte del FMLN). Ha sido además diputada por el FMLN (2009-2018), y presidenta de la Asamblea Legislativa (2015-2016)».

También recuerda que «es fundadora de una importante organización feminista de El Salvador, Las Mélidas, y ejerce actualmente su segundo período como presidenta Mundial de FDIM electa en el Congreso Mundial realizado en Caracas en abril de 2022».

Denunciaron que «en el año 2022 la Corte Suprema, le inició una investigación por un supuesto enriquecimiento ilícito por más de 700.000 dólares», sin embargo «todas las observaciones que la Corte Suprema presentó son absurdas y fueron respondidas  una por una con sólida documentación de respaldo, informe que presentó ante las autoridades el 5 de diciembre de 2022».

Sin embargo, «ahora la Corte Suprema dice que, con base en la documentación presentada por Lorena, la envía a juicio civil por enriquecimiento ilícito; notifica al fiscal general, y sugiere además a la Fiscalía General ue puede abrirle un juicio penal por la misma causa, lo que pone a Lorena ante el peligro inminente de ser capturada y encarcelada injustamente, en ese país que no tiene ninguna garantía al debido proceso».

El comunicado de la FDIM hace la denuncia de que «todo esto es típico del lawfare tan extendido en América Latina en contra de dirigentes políticos o sociales que son considerados por las dictaduras como obstáculo para sus planes de dominación».