Diversas organizaciones periodísticas y de comunicación de Bolivia expresaron su rechazo a la determinación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de retirar, a partir del 17 de enero, las señales de teleSUR (canal 206) y Russia Today (canal 204) de sus servicios de Televisión por Fibra Óptica, Televisión Satelital y de la aplicación Entel TV Smart. Las asociaciones advirtieron que la medida afecta el derecho de la ciudadanía a acceder a información plural y diversa.

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Mediante un comunicado conjunto, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) cuestionaron la decisión de la empresa estatal, la cual fue justificada en supuestos “temas administrativos” que, según señalaron, no han sido explicados de manera clara ni detallada.

Para ambas organizaciones, esta falta de información “vulnera el derecho de las audiencias a recibir una explicación seria, transparente y acorde con la responsabilidad que corresponde a una empresa estatal”.

Las entidades periodísticas señalaron que la insuficiente argumentación ofrecida tanto en el comunicado oficial de Entel como a través de sus canales de atención al cliente genera fundadas sospechas de que se está frente a un acto de censura inaceptable y a una vulneración a la libertad de expresión.

Esta preocupación —indicaron— se ve reforzada por antecedentes ocurridos en Bolivia en años pasados, así como por experiencias recientes en otros países de la región, donde decisiones similares adoptadas tras cambios políticos derivaron en restricciones al pluralismo informativo y en el debilitamiento del debate democrático.

En ese marco, las organizaciones subrayaron que el respeto a la diversidad de voces y la tolerancia frente a posturas distintas o incluso contrapuestas constituyen pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, principios que, además, se encuentran reconocidos y protegidos por la Constitución Política del Estado.

Asimismo, advirtieron que el silenciamiento arbitrario de medios de comunicación y periodistas puede desencadenar una espiral de consecuencias graves para la libertad de expresión, normalizando prácticas de censura que luego resultan difíciles o incluso imposibles de revertir.

“Esta situación perjudica a toda la sociedad y expone a medios y periodistas al riesgo de que, en el futuro, se adopten decisiones aún más restrictivas contra quienes no se alineen con los discursos oficiales”, afirma el texto.

Por ello, exhortaron al Gobierno boliviano a garantizar plenamente el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad informativa, sin distinción del tipo de actor involucrado, así como el derecho de la población a informarse a través de los medios que libremente elija.

A este pronunciamiento se sumó la Asociación de Medios Alternativos de Bolivia (AMAB), que recordó que, en gestiones anteriores, incluso bajo gobiernos de orientación ideológica distinta a la actual, canales internacionales como CNN transmitieron su señal en el país sin restricciones ni censura.

AMAB afirmó que la exclusión de Telesur y RT “constituye un atentado directo contra el derecho fundamental de los bolivianos a informarse de manera libre, plural y diversa”, y que vulnera principios esenciales consagrados tanto en la Constitución Política del Estado como en los tratados internacionales de derechos humanos.

La organización sostuvo que en un Estado que se proclama democrático, el acceso a múltiples fuentes informativas no debe considerarse un privilegio, sino un derecho. En ese sentido, enfatizó que la libertad de prensa es pilar de la convivencia democrática y no solo protege a periodistas y medios, sino principalmente a la ciudadanía, que tiene la facultad de decidir qué contenidos consumir y qué voces escuchar para formarse un criterio propio sobre la realidad nacional e internacional.

Finalmente, AMAB advirtió que la decisión de Entel no puede entenderse como un simple ajuste técnico o comercial, sino como “una medida de carácter político que restringe deliberadamente el acceso de la población” a visiones distintas de las promovidas por la actual administración estatal.