
CHA advierte del “progresivo desmantelamiento” de las políticas públicas de acceso a la vivienda “para los colectivos más vulnerables, mientras el actual Gobierno de Aragón aumenta los fondos públicos destinados a los promotores inmobiliarios”.
Precisamente, este pasado martes se ha publicado “una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para personas vulnerables dotada con 1,8 millones de euros, idéntica cantidad a la ya convocada en mayo”, explican desde CHA. En total, el gobierno del PP en la DGA “ha destinado 3,6 millones de euros en esta legislatura a esta ayuda, mientras que el anterior ejecutivo destinó 4,3 millones de euros entre 2021 y 2023, destacando los 3,7 millones de euros de la última convocatoria en julio de 2023”, recuerdan.
“Se deben priorizar ayudas públicas directas a jóvenes y personas vulnerables. Pero ellos -el PP- destinan millones de euros a fomentar promociones que solo benefician a grupos empresariales”, asevera Sonia Alastruey.
“Este cambio de modelo es especialmente visible en las últimas ayudas convocadas en agosto de 2024: tres millones de euros para adquisición de vivienda protegida y 1,5 millones para su promoción, un total de 4,5 millones que no van al necesario parque público de viviendas” en Aragón, subraya Alastruey.
Desde CHA, señalan además que “hay que recordar que el anterior gobierno sí puso en marcha ayudas directas para que las personas jóvenes pudieran adquirir vivienda en el medio rural aragonés: 1,2 millones de euros en 2021 y 2,68 millones de euros en 2023, una línea que ha desaparecido en la legislatura actual”.
“En definitiva, poco se ha aprendido de la anterior crisis de la construcción, cuyos efectos no se han superado totalmente, ya que se siguen adoptando decisiones políticas que contribuyen a provocar los mismos efectos: aumento del precio de la vivienda, incremento de los precios del alquiler. Es decir, empeoramiento de la solución habitacional y enriquecimiento de las grandes promotoras”, recalca Alastruey.
Por todo ello, desde las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, secretaria general de CHA y portavoz en la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, ha registrado “diversas iniciativas de control al Gobierno para exigir explicaciones”.
A juicio de Sonia Alastruey “la vivienda no puede convertirse en un negocio para unos pocos a costa de recortar derechos a quienes más lo necesitan. Desde CHA seguiremos defendiendo una política pública de vivienda centrada en las personas y en el reequilibrio territorial de Aragón”, concluyen.