Nueva York y Washington., Por primera vez en la historia, palestinos presentaron ante un tribunal federal en Estados Unidos una acusación de complicidad del gobierno estadunidense en la guerra de Israel en Gaza.

Ayer, en una audiencia inicial ante el tribunal federal en Oakland, California, un grupo de palestinos afectados directamente por la guerra contra su pueblo presentó su demanda legal contra el presidente Joe Biden, su secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, por fracasar en prevenir y, por lo tanto, caer en complicidad en el genocidio cometido por Israel en Gaza.

Los acusadores en el caso, representados por el Center for Constitutional Rights (CCR) y el bufete Van Der Hout, incluyen a los grupos de derechos humanos Al-Haq y Defense for Children Internacional junto con palestinos que viven en Gaza y en Estados Unidos con familia en el enclave, que han sido directamente afectados por la guerra de Tel Aviv apoyada por Washington.

La demanda legal solicita una orden judicial de emergencia para frenar el apoyo militar y diplomático de Estados Unidos a la operación militar de Israel.

Uno de los acusadores testificó desde Gaza, otra de Ramala y cinco más ofrecieron testimonio en vivo sobre las muertes y desplazamientos de sus familias y la destrucción de sus comunidad. Uno de los acusadores, Ayman Nijim, declaró: estos son tiempos de genocidio y necesitamos desesperadamente que un tribunal estadunidense intervenga para frenar el apoyo de esa nación a esta guerra.

Los testimonios de los demandantes hoy demuestran qué tan urgente es que el gobierno de Biden haga lo que ellos y la vasta mayoría de los pueblos del mundo han exigido: dejen de enviar armas que permiten la campaña genocida de Israel contra los palestinos en la sitiada Gaza y, en su lugar, cumplir con su claro deber legal de poner fin, y no promover, el genocidio, declaró Katherine Gallagher, abogada de CCR, que presentó el caso hoy ante el tribunal.

El doctor Barry Trachtenberg, un experto sobre genocidio y el Holocausto testificó ante la corte que el asalto de Israel sobre Gaza ha sido financiado por el pueblo estadunidense, librado con armas suministradas por Estados Unidos, y apoyado por una Casa Blanca cómplice, al sumarse al coro que pide al juez emitir una orden preliminar para frenar el flujo de armas.

Solicitan que se emita la orden de emergencia mientras procede el caso acusando que Biden y sus dos secretarios han fracasado en prevenir el genocidio en curso y que están asistiendo y justificando el exterminio, todo en violación de su compromiso legal como funcionarios públicos bajo la Convención de Genocidio de 1948.

Ejército de abogados

Los abogados del gobierno de Estados Unidos han buscado anular el caso, y reiteraron sus argumentos ante el juez Jeffrey White de que no se les puede imputar acusaciones sobre acciones realizadas por otro gobierno y además que la corte no tiene la autoridad para dictaminar sobre las determinaciones de política exterior y seguridad nacional del Ejecutivo.

Unas 77 organizaciones no gubernamentales sobre legislaciones alrededor del mundo, asociaciones de derechos humanos, expertos en leyes, organizaciones musulmanas, árabe-estadunidenses y judías; doctores y otros trabajadores de salud, así como el gremio de periodistas palestinos, entre otros, sometieron argumentos formales por escrito al tribunal en apoyo a la demanda.

Tal como Sudáfrica está llevando a Israel a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), nosotros recurrimos a las cortes estadunidenses. La Casa Blanca también tiene que ser obligada a rendir cuentas, declaró Tarek Ismail, profesor de leyes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y colaborador de CCR.

Biden está violando dos obligaciones fundamentales que tiene bajo la ley internacional: el deber de prevenir genocidio cuando está claro que hay un riesgo serio, y la obligación de no ser cómplice o asistir y permitir un genocidio, resumió la abogada Gallagher de CCR, una de las encargadas del caso, en entrevista con The Intercept.

Resaltó el hecho que fue el propio Biden, cuando era senador, quien finalmente impulsó la ratificación de la Convención de Genocidio unos 40 años después de la gran mayoría de los países del mundo. También el hecho de que el gobierno de Biden promovió hace un año un caso denunciando violaciones de derecho internacional contra Rusia en el caso de Ucrania, donde subraya que son responsabilidades magnas evitar o ser cómplice en actos genocidas, pero en torno a Palestina ignora sus obligaciones.

Tanto este caso como el presentado por Sudáfrica ante la CIJ son parte de un movimiento mucho más amplio, afirman impulsores de la creciente ola de oposición en Estados Unidos y en el orbe a más de 112 días de esta guerra.

Sumaya Awad del Adalah Justice Project manifestó ayer en un foro de CCR: Antes y después de cada tribunal, estamos en las calles, estábamos en las calles antes de esto, y hoy día Biden no puede presentarse públicamente sin ser interrumpido por nuestras protestas. Ese sentimiento fue eco de líderes de otras organizaciones de justicia social que forman parte del movimiento de solidaridad con Palestina tal como el Movement for Black Lives y Rising Majority.

Este caso es para obligar a Estados Unidos a rendir cuentas por su papel en apoyar el asedio militar de Israel en Gaza, subrayó Elena Stein de Voz Judía por la Paz, una de decenas de organizaciones civiles que están apoyando la demanda legal contra el gobierno de Biden.