Los demócratas encubren razón detrás de redada del FBI en residencia de Trump

Casa Blanca se rehúsa a discutir amenaza de Trump a la democracia

La redada del FBI en el complejo Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump es un evento sin precedente en la historia de Estados Unidos. La redada se realizó con una orden que un juez federal solo emitiría contra un expresidente basándose en la evidencia más convincente de un gran crimen, no por alguna infracción técnica en el manejo de documentos.

El Gobierno de Biden tiene una obligación de explicarle al pueblo estadounidense la conexión entre la redada en Mar-a-Lago y el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio llevado a cabo por Trump y sus seguidores fascistas para intentar anular violentamente las elecciones de 2020.

No cabe duda de que la decisión de llevar a cabo la redada se basó en evidencia de los preparativos continuos de llevar acabo nuevos ataques para avanzar los planes en curso de Trump de tomar el poder.

El hecho de que la Casa Blanca y del Departamento de Justicia están ocultando la evidencia y los cargos que investigan los vuelve cómplices de los esfuerzos de Trump para derrocar la Constitución de EE.UU. y establecer una dictadura. Tal régimen autoritario dependería de la violencia de bandas fascistas y la movilización del considerable apoyo que Trump aún tiene dentro del aparato estatal, incluyendo el ejército, la policía migratoria, otras agencias policiales y el propio FBI.

Biden se rehúso a comentar sobre la redada. El presidente demócrata celebró dos eventos en la Casa Blanca el martes. En la mañana, firmó la Ley de Microchips y Ciencia, entregando miles de millones de dólares públicos a la industria de semiconductores en EE.UU. para minimizar la dependencia del ejército estadounidense en los microchips producidos en Taiwán y China. En la tarde, firmó el instrumento para ratificar la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN.

El presidente demócrata se rehúso a recibir preguntas en ambos eventos. Más tarde el martes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a responder preguntas sobre la redada y solo insistió en que Biden no fue notificado antes ni ha sido informado al respecto.

La afirmación de la Casa Blanca de que el presidente no comenta sobre las acciones del Departamento de Estado porque sus procesamientos son “independientes” y “apolíticos” es ridícula. La decisión de allanar la residencia de Trump en Florida se realizó con el conocimiento completo de que provocaría una tormenta política en Washington. Si Biden realmente no estuvo involucrado, solo fue así para permitirle negar cualquier conocimiento y responsabilidad.

En ambos eventos de la Casa Blanca, Biden aplaudió el apoyo bipartidista de la política militarista de EE.UU. en el enfrentamiento con Rusia y China y llamó a una mayor “unidad” con el partido opositor. Pero, en cambio, el Partido Republicano se ha alineado detrás de Trump, denunciando la redada. Algunos congresistas incluso han declarado que basta para someter a Biden a un juicio político.

Prácticamente toda la dirección republicana ha hecho eco de la condena de Trump de la redada, incluyendo el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien emitió una declaración prometiendo investigar al Departamento de Justicia y al fiscal general Merrick Garland si los republicanos recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de término de noviembre. En otras palabras, los organizadores fascistas del golpe de Estado procuran irse a la ofensiva.

Los defensores de Trump en las milicias Proud Boys, Oath Keepers y otras dispararon tuits exigiendo protestas en todo el país y amenazando con emplear violencia armada.

Los republicanos y su séquito en la prensa vociferan sus arengas sobre la “inaudita” redada. El Wall Street Journal declaró en un editorial, “Al cruzarse el Rubicón de procesar al expresidente, especialmente si la presunta ofensa y evidencia no son contundentes, todos los presidentes futuros serán un blanco”.

Es más consecuente el intento sin precedentes de Trump de derrocar el Gobierno, siendo este el cargo más “contundente” posible en un país supuestamente democrático. La negativa de Biden y el fiscal general Garland de revelar los cargos contra Trump significa que están ocultándole deliberadamente al pueblo estadounidense la seriedad y la profundidad de la crisis política.

El lenguaje empleado por el Wall Street Journal es revelador. “Cruzar el Rubicón” es una referencia a la decisión de Julio César de enviar sus legiones a la otra orilla del Rubicón y derrocar la República romana y tomar el poder dictatorial. Esta metáfora aplica directamente a las acciones de Trump antes y durante los eventos del 6 de enero de 2021 más que cualquier otro acontecimiento en la historia estadounidense.

El Gobierno de Biden tiene la responsabilidad de explicar y exponer al público la magnitud de la conspiración que se ha descubierto. ¿Qué información recibió que motivó el allanamiento de la casa del expresidente? ¿Qué aprendió sobre sus planes en curso para desestabilizar y derrocar al Gobierno? ¿Qué ataques violentos están preparando Trump y sus partidarios fascistas contra el pueblo estadounidense?

Nadie puede creer que 30 agentes del FBI fueron movilizados para registrar Mar-a-Lago durante todo un día porque Trump tenía una docena de cajas de papeles de la Casa Blanca que podrían incluir algún material clasificado. Esta afirmación de presuntas “fuentes” no identificadas solo demuestra que la Casa Blanca toma al pueblo estadounidense por tonto y que está más preocupada por la reacción del público a la revelación de las verdaderas razones de la redada que por las conspiraciones fascistas del expresidente. Al no revelar los motivos de la redada, el Gobierno de Biden está facilitando el encubrimiento de la insurrección del 6 de enero.

La clase trabajadora no puede confiarle al Gobierno la investigación y exposición de los planes dictatoriales de Trump ni la lucha contra la derecha fascista cuando estos planes paso a otro asalto frontal a los restos de las formas constitucionales en Estados Unidos. Todo su historial consiste en encubrimientos y cobardía.

En el período previo al intento de golpe de Estado, cuando respaldó los complots de la extrema derecha para secuestrar y asesinar a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer en Michigan y a otros gobernadores demócratas que impusieron restricciones mínimas contra el COVID-19, Trump se negó a comprometerse con un traspaso de poder pacífico y dijo a los Proud Boys que “retrocedieran y esperaran” en caso de que él perdiera las elecciones. Mientras tanto, Biden negó el peligro de un golpe de Estado.

Durante los sucesos del 6 de enero, Biden no hizo nada más que suplicar a Trump que saliera en televisión y cancelara su propia insurrección, mientras los legisladores demócratas se acobardaban bajo sus escritorios.

Los demócratas han utilizado el Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes para encubrir el papel de poderosos elementos del aparato militar, policial y de inteligencia en la intentona golpista, mientras promueven la ficción de que, con solo algunas pocas excepciones (los “locos”), el Partido Republicano se opuso al complot de Trump.

El Partido Demócrata, al igual que los republicanos, está controlado por la oligarquía corporativo-financiera, que ha aumentado enormemente su riqueza durante la pandemia gracias al dinero gratis de la Reserva Federal, los ataques brutales a los niveles de vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores y el alza de precios amparada por el Gobierno.

El colapso de la democracia estadounidense es el resultado de un prolongado proceso de declive económico y reacción política. Sus dos causas fundamentales –las guerras imperialistas interminables y el aumento de la desigualdad social— derivan de la crisis mortal del capitalismo estadounidense y mundial.

La clase obrera debe intervenir en la crisis política, movilizando su inmenso poder social independientemente de los partidos del gran capital y de sus agentes en la burocracia sindical.

Solo es posible acabar con la guerra, la pobreza y el impulso de la dictadura si se desata el poder de la clase obrera con base en un programa socialista y la lucha por un Gobierno obrero.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de agosto de 2022)