Sentada en un banco en la acera de la calle San Francisco, a unos metros de la sede del Samur Social, Camila (nombre ficticio), de 47 años, muestra las cicatrices que tiene en el abdomen. Son las marcas que le han dejado las doce cirugías a las que se ha sometido porque sufre obstrucción intestinal. No debería tomarse las alitas de pollo que come bajo la lluvia, pero el presupuesto con el que cuentan ella y su pareja, Daniel (nombre ficticio), no les alcanza para más. «Siete euros al día, el menú del Burger King», dice Daniel en voz muy baja. Ahora solo les quedan 50 euros, el dinero que le pudo mandar su familia desde Colombia.

La pareja llegó el 14 de noviembre. En Colombia, eran contratistas del Estado en uno de los departamentos más peligrosos del país latinoamericano, donde operan diferentes grupos armados. En 2006, Camila estuvo secuestrada diez días, hasta que su padre pagó el dinero que pedían para liberarla. «Allí, si no se paga esta vacuna [extorsión], no se puede seguir trabajando», describe.

Extorsión y amenazas en Colombia

Hace un año, Camila y un socio se presentaron a una licitación que no ganaron. Cada uno había aportado la mitad del dinero, pero el socio empezó a reclamarle su parte y a extorsionarla, según el testimonio de la colombiana. «Nos dijeron que si no pagábamos nos iban a mandar la gente. Uno en Colombia dice ‘te voy a mandar la gente’ y son las autodefensas [grupos paramilitares] o la guerrilla», explica.

Primero fueron amenazas verbales. Camila accedió a entregarles el dinero, pero cada vez les pedían más, según relata, y recuerda: «Lo entregaba personalmente. Todos los días me amenazaban. ‘Usted huele a muerte’, me decían». Hasta que un día su exsocio se presentó en la casa de la pareja «para marcar» la vivienda, de acuerdo con su relato. Decidieron mudarse y, cuando lo hicieron, los extorsionadores aparecieron en la casa de la madre de Camila.

La colombiana presentó denuncias en la Policía Nacional, pero el exsocio «se enteraba en cinco minutos» porque, según cree ella, tiene contactos en el cuerpo. «Somos simple contratistas del estado. No esperemos nada del Gobierno porque no están ayudando a los líderes sociales, que los matan como arroz, menos a nosotros», lamenta Daniel. «Entonces decidimos desaparecer, desintegrarnos. Mi madre se fue para un lado, mi hermana para otro y nosotros para aquí», cuenta Camila, cuyos hijos también están en el país latinoamericano, pero viven con el padre.

Cuando llegaron a Madrid, iniciaron el proceso para solicitar asilo en la comisaría de Aluche. «Había una fila grande, llegamos a las 9:30 y nos fuimos a las 15. Tenemos cita para el 3 de diciembre», explica Daniel. Presentaron sus pasaportes, pero no dejaron una dirección porque en ese momento, dicen, estaban durmiendo en el aeropuerto de Barajas, en las sillas de uno de los cafés de la Terminal 4.

41.000 solicitantes de asilo en Madrid

Más de 41.000 personas han solicitado protección internacional en la Comunidad de Madrid a 31 de octubre de 2019, según datos del Ayuntamiento. El seguimiento y el acompañamiento de los solicitantes de asilo depende del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y entidades sociales como Cruz Roja, Accem o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado son las que gestionan los recursos para acogerlos.

Sin embargo, hasta que entran a formar parte de la red estatal o una vez son excluidas del sistema, se considera que las personas que no tienen recursos ni lugar donde pasar la noche están en una situación de emergencia social de la que los Ayuntamientos deben hacerse cargo. La lista de personas en espera en Madrid se alarga, pero no se habilitan suficientes plazas para recibirlos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez; la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, defiende que han aumentado el número de plazas de acogida y que hacen falta recursos que «tienen que ofrecer los Ayuntamientos y las comunidades». Mientras tanto, los trabajadores del Samur Social se han puesto en huelga este lunes para solicitar la mejora de sus condiciones laborales y denunciar el «insuficiente» personal con el que cuenta el organismo público, a pesar de la «alta demanda de intervención social».

Decenas de personas continúan durmiendo en las puertas del Samur Social, que depende del Consistorio, en las casas de vecinos o en iglesias por la falta de plazas en el servicio de emergencias municipal. La parroquia San Carlos Carlos Borromeo, de Vallecas, ha acogido a Camila y Daniel tras cuatro noches durmiendo en la T4. La pareja ha empezado a caminar todos los días desde ahí hasta la sede del Samur, a 5,6 kilómetros, para saber si les asignan una plaza. A veces van los dos y a veces va solo uno de ellos para que el otro pueda descansar.

Camila lleva unas alpargatas de tela y unas medias empapadas por la lluvia. El gorro de lana y el abrigo también están mojados. Camina con dificultad porque tiene los músculos agarrotados por el frío. «Pensamos que con los problemas que uno traía lo asilaban. Hay muchísima gente en las condiciones de nosotros», lamenta. A su alrededor, más personas esperan como ellos. Algunos en el suelo, bajo mantas pasadas por agua o cobertores de aluminio; otros con niños; varios de pie, matando el tiempo moviéndose de un lado para el otro o conversando.

Una mujer que espera como ellos les acerca dos manzanas y un poco de café caliente. Daniel va hasta la puerta porque están repartiendo mantas y él quiere unos calcetines secos, que finalmente no consigue. Camila dice que aguantará hasta el 3 de diciembre, cuando tienen cita en Oficina de Asilo y Refugio, y que entonces decidirán qué hacer. «Una está acostumbrada a trabajar y aquí es a lo que uno le den, le regalen, es feo». «Yo quiero trabajar», asegura. El frío y estar solos les hace insoportable la espera, dice Camila, que está exhausta: «Créame que me me quiero ir. Que me maten, así ya muero y ya descanso».