San Salvador, somos observadores internacionales de King’s College Western University en Canadá, Dartmouth College y UCLA Law School en Estados Unidos, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en México. Al concluir el tercer día de juicio, ofrecemos las siguientes observaciones:

1. Fuimos testigos de un juicio que, formalmente, parece haber seguido la mayoría de los estándares internacionales del debido proceso, sin embargo, los procedimientos transgredieron esos estándares en numerosas ocasiones. Coincidimos con la defensa en que no se presentaron pruebas suficientes para condenar a los cinco acusados. Con base en lo presentado en la sala del tribunal, creemos que la única resolución justa es la absolución de los cinco acusados. La falta de absolución indica la falta de presunción de inocencia y, por lo tanto, la falta de un poder judicial independiente en El Salvador.
3. Por ejemplo, el equipo de comunicaciones del Fiscal General violó la orden de silencio impuesta por los jueces, exponiendo las identidades de testigos y observadores, así como describiendo a los acusados ​​de maneras que daban por sentado su culpabilidad en las redes sociales. Tememos que esta violación de la orden de silencio sin una reprimenda judicial represente una falta de imparcialidad procesal. Además, si bien se permitió a los periodistas acceder a los terrenos del tribunal el último día del juicio, creemos que esta fue una medida de último momento para rectificar la violación anterior de la orden de silencio por parte del Fiscal General. Lamentamos que la medida no se haya anunciado ampliamente a los miembros de la prensa en general que respetaban la orden de silencio. Durante todo el procedimiento, no se permitió a la prensa independiente tomar fotografías o videos dentro de la sala del tribunal.
4. Adicionalmente, observamos una estrategia excesivamente agresiva por parte de los abogados que representan al Procurador General, que incluyó regaños y uso de sus cuerpos para presionar a los testigos. Por esta conducta, fueron repetidamente advertidos y corregidos por el tribunal. A pesar de las advertencias y solicitudes de los jueces, los abogados del Procurador General ignoraron instrucciones, interrumpieron procedimientos y no respetaron el decoro de la sala.
5. Al menos un acusado fue maltratado por la policía, que lo privó de sueño y comida. En lugar de trasladarlo directamente a su domicilio después de los procedimientos del día, lo retuvieron en una subestación de policía y lo insultaron verbalmente, para luego regresar a su casa horas más tarde desnutrido y exhausto. A la mañana siguiente, la policía llegó a su casa inesperadamente temprano y le negó un desayuno adecuado. Fuimos testigos de la fatiga visible y la incapacidad de concentrarse en los procedimientos de todos los acusados. El maltrato sigue siendo motivo de preocupación, ya que los acusados ​​son de edad avanzada y tienen diversas afecciones preexistentes, como diabetes e hipertensión. El bienestar de los acusados ​​debe ser una prioridad para garantizar un juicio justo.

Fuera de la sala del tribunal, presenciamos un apoyo abrumador a los acusados ​​por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, la comunidad de Santa Marta, la sociedad civil salvadoreña y organizaciones del movimiento social. Muchos han concluido que el caso es un intento del gobierno salvadoreño de intimidar al movimiento ambientalista que resultó en la histórica prohibición nacional de la minería metálica en 2017. Para nosotros, la incesante búsqueda de una condena por parte de los abogados del Fiscal General a pesar de la falta de pruebas, no se puede desvincular de estas políticas y preocupaciones más amplias contra las comunidades que resisten la invasión de proyectos extractivos.

Ante los malos tratos descritos en contra de uno de los imputados antes mencionados, recomendamos que el resto de las diligencias, particularmente la logística del transporte, sean vigiladas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador (PDDH) para garantizar su integridad personal y física.

Mientras esperamos los alegatos finales y la decisión del tribunal, y con base en nuestras observaciones, sostenemos que la justicia sólo puede impartirse mediante un fallo que afirme la inocencia de los acusados. También la comunidad de Santa Marta, agraviada y afectada por esta larga experiencia, debe recibir una reparación y deben tomarse medidas para garantizar una justicia transicional duradera.

Aideé Tassinari

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Yvette Borja

Facultad de Derecho, Universidad de California en Los Ángeles

Jorge Cuéllar

Universidad de Dartmouth

Bernie Hammond

King’s College, Universidad de Western Ontario

ESPAÑOL

Declaración de los observadores internacionales sobre el juicio de Santa Marta y ADES

Tras tres días de observación de la vista pública de los cinco ambientalistas de Santa Marta y ADES, la delegación internacional convocada por Aliados Internacionales Contra la Minería en El Salvador emite el siguiente comunicado:

Somos los observadores internacionales afiliados a distintas instituciones como el King’s College de la Universidad de Western en Canadá, Dartmouth College y la Escuela de Derecho de UCLA en Estados Unidos, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en México. Al concluir el tercer día del juicio, ofrecemos las siguientes observaciones:

1. Fuimos testigos de un juicio que, formalmente, parecían haber cumplido con los estándares internacionales del debido proceso, sin embargo, en el proceso se transgredieron esos estándares en numerosas ocasiones. Concordamos con el equipo de la defensa de los cinco acusados ​​en que no se presentan pruebas suficientes para condenarlos. Con base en la evidencia presentada en la sala del tribunal, creemos que la única resolución justa es la absolución de los cinco acusados. La falta de absolución indicaría la falta de presunción de inocencia y, por lo tanto, la inexistencia de un poder judicial independiente en El Salvador.
2. Un ejemplo de la transgresión de los estándares del debido proceso fue que la Fiscalía General de la República violó la orden de reserva impuesta por los jueces, exponiendo las identidades de testigos y observadores. Mostró a los acusados ​​​​de maneras que daban por sentado su culpabilidad en las redes sociales. Tememos que esta violación a la reserva sin una reprimenda judicial representa una falta de imparcialidad procesal. Si bien se permitió a los periodistas acceder al recinto judicial el último día del juicio, creemos que se trató de una medida de última hora para rectificar la violación de la reserva por parte de la Fiscalía. Lamentamos que la medida no se anunciara ampliamente a los miembros de la prensa en general que respetaban la reserva. Asimismo, durante todo el proceso, no se permitió a la prensa independiente tomar fotos o videos dentro del recinto del tribunal.
3. Además, observamos una estrategia excesivamente agresiva por parte de los fiscales que incluyeron reprimendas y el uso de ademanes para presionar a los testigos. Por esta conducta, fueron advertidos y corregidos repetidamente por el tribunal. A pesar de las advertencias y solicitudes de los jueces, los fiscales ignoraron las instrucciones, ignoraron las reglas del proceso y no respetaron el decoro de la sala del tribunal.
4. Al menos uno de los imputados fue maltratado por la policía durante uno de los traslados a su domicilio, pues fue objeto de maltrato verbal. También, lo privaron del descanso y alimentación adecuada. En lugar de trasladarlo directamente a su residencia después de finalizar el proceso del día, lo retuvieron en una subestación de policía donde continuó el maltrato verbal, solo para llegar a su casa horas más tarde hambriento y exhausto. 

A la mañana siguiente, la policía llegó a su casa de madrugada, sin previo aviso y no le dio la posibilidad de desayunar adecuadamente. Fuimos testigos de la fatiga visible y la incapacidad de todos los imputados de concentración en el proceso. Este maltrato sigue siendo una preocupación ya que los imputados son de edad avanzada y tienen enfermedades preexistentes como diabetes, e hipertensión. El bienestar de los defensores debe ser prioritario para garantizar un juicio justo.

En las afueras del tribunal, fuimos testigos de un gran apoyo a los defensores por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, la comunidad de Santa Marta, la sociedad civil salvadoreña y organizaciones del movimiento social. Muchos han concluido que el caso es un intento del gobierno salvadoreño de debilitar el movimiento ambientalista que logró la prohibición histórica nacional de la minería metálica en 2017. Para nosotros, la búsqueda incesante de una condena por parte de la fiscalía, a pesar de la falta de pruebas, no puede desvincularse de esta política más amplia contra comunidades que resisten la invasión de proyectos extractivos.

Dado el maltrato descrito contra uno de los imputados, recomendamos que el resto del proceso, particularmente la logística del transporte, sea supervisado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador (PDDH) para garantizar su integridad personal y física.

Mientras esperamos los alegatos finales y la resolución del tribunal y, con base en nuestras observaciones, sostenemos que sólo se puede hacer justicia mediante un fallo que afirma la inocencia de los acusados. También se debe ofrecer restitución a la comunidad de Santa Marta, que ha sido agravada e impactada por esta larga experiencia, y se deben tomar medidas para garantizar una justicia transicional duradera.

San Salvador, 11 de octubre de 2024

Aideé Tassinari

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Yvette Borja

Facultad de Derecho, Universidad de California Los Ángeles

Jorge Cuéllar

Universidad de Dartmouth

Bernie Hammond

King’s College, Universidad de Western Ontario