La publicación de los Papeles de Pandora por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) a principios de octubre no solo supone la mayor filtración de datos sobre sociedades en paraísos fiscales hasta la fecha, con 11,9 millones de documentos, superando a los Papeles de Panamá, publicados en 2016. Esta vez la cosecha de nombres famosos que, por un motivo u otro, tienen o tuvieron actividades en países y territorios sospechosos de dar refugio a prácticas fraudulentas, si no directamente criminales, ha sido todavía más espectacular. En los Papeles de Pandora salen docenas de políticos, deportistas, artistas. Esta vez incluso ha habido consecuencias políticas, como en el caso del exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), por haber participado en una sociedad offshore en Belice, uno de los muchos paraísos fiscales en el Caribe.

“El sistema fiscal internacional es un cajero para los ricos y poderosos”, concluyó en respuesta a la última filtración del ICIJ el Tax Justice Network, la Red por Justicia Fiscal, una organización de investigadores comprometidos con la lucha contra el fraude, la evasión y elusión de impuestos. Mucha gente siente cierta impotencia al leer cómo ricos y famosos, como el exprimer ministro británico Tony Blair, el presidente de Chile Sebastián Piñera, el rey Abdalá de Jordania, la cantante Shakira, el futbolista Pep Guardiola, la modelo Claudia Schiffer o el escritor Mario Vargas Llosa, se aprovechan de sofisticadas estructuras de empresas pantalla y cuentas en islas paradisíacas para presuntamente ocultar su fortuna al fisco.

“Hay una sensación un poco frustrante de que no avanzamos a la velocidad adecuada y es verdad”, comenta Susana Ruiz, la responsable de Justicia Fiscal de la ONG Oxfam Intermón. Sin embargo, algo se ha movido entre Panamá y Pandora. “El intercambio automático de información entre países ha sido resultado de las filtraciones, así como otros logros”, afirma Ruiz.

En respuesta al escándalo de los papeles de Panamá, la Unión Europea aprobó una nueva directiva para “la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”. Muchos paraísos fiscales se han visto obligados a abandonar su secretismo y cooperar con las autoridades de otros países en la persecución de los defraudadores. Aunque todavía quedan bastantes Estados que se resisten a cooperar, la revista The Economist, la biblia de los liberales, se muestra mucho más optimista sobre la lucha contra la corrupción que los activistas: “En los últimos años la vida se ha complicado mucho para los individuos que buscan librarse de sus obligaciones fiscales y probablemente se complicará aun más”.

Pero no todo son alegrías. En una coincidencia poco afortunada, dos días después de la publicación de los Papeles de Pandora, la UE actualizó su lista negra de paraísos fiscales, de la cual sacó a Anguila y Dominica en el Caribe, así como a las Islas Seychelles en el Océano Índico. Resulta que las Seychelles salen bastante en los Papeles de Pandora. “Es el mundo al revés”, comentó Sven Giegold, el portavoz de Finanzas del Grupo Europeo de Los Verdes. “En la lista de la UE faltan paraísos fiscales importantes y ahora encima la reducen”, se queja el eurodiputado alemán en un comunicado. Cita el ejemplo de las Islas Vírgenes Británicas, que aparece en dos de cada tres empresas pantalla de los Papeles de Pandora y no están en la lista negra europea.

“Hay mucha hipocresía en la elaboración de esta lista”, opina también Ruiz. Uno de los criterios principales que se aplican es la cuestión sobre si un Estado o territorio da trato favorable a empresas o inversores extranjeros. La investigadora de Oxfam Intermón explica que Barbados antes tenía un impuesto de sociedades cero para empresas extranjeras, mientras las firmas locales tributaban. Ahora ha cambiado a un tipo del 5% para todos, forasteros y locales, lo cual fue suficiente para ser perdonado por la UE. “Con estos criterios no se está mirando si Barbados es un centro para deslocalización de inversiones extranjeras o el cobro de royalties, solo se mira el trato preferencial”, critica. Giegold es contundente: “La lista negra de la UE apenas sirve para la lucha contra el fraude fiscal a nivel global”.

Los activistas coinciden en que Europa debería predicar con el ejemplo y acabar con los paraísos fiscales en la propia Unión. Países como Luxemburgo, Irlanda, Malta o Chipre han convertido la competencia desleal en materia fiscal en un exitoso modelo de negocio. La cuenta la paga la ciudadanía en los países cuyas empresas y grandes fortunas evaden los impuestos al canalizar su dinero hacia estos países. El problema es que todo esto es legal.

Para atajar la elusión fiscal hacia Estados con bajos tipos impositivos, en el seno del G-20 se ha decidido introducir un tipo mínimo de impuesto de sociedades del 15%, que se cobra además sobre la facturación de una multinacional en el país donde opera. Es un paso en la buena dirección, opinan varios activistas. “Pero este tipo mínimo no soluciona ni de lejos todos los problemas en el sistema fiscal internacional”, advirtió Giegold. Oxfam y el Tax Justice Network critican que la recaudación de este 15% beneficia sobre todo a los países ricos en detrimento de los pobres. Uno de los grandes beneficiarios es Alemania, según cálculos del Instituto Alemán de Investigación Económica DIW, que cifra el impacto anual en 4.000 millones de euros.

Berlín podría tener un papel más activo en la lucha mundial contra el fraude fiscal con el gobierno de coalición entre los socialdemócratas de Olaf Scholz con Los Verdes y el liberal FDP. “Vamos a intensificar la lucha contra el fraude fiscal, el lavado de dinero y la elusión fiscal”, reza el documento común que sirvió como base para las negociaciones. Scholz, que ha sido vicecanciller y ministro de Finanzas en el gobierno de Angela Merkel, se ha comprometido con la causa y goza de cierta credibilidad.

En junio autorizó la compra de datos bancarios robados en Dubai por dos millones de euros, donde aparecen los nombres de miles de ciudadanas y ciudadanos alemanes que ocultan allí su fortuna. Es un paso importante que el Estado pague a una fuente, visto que otros persiguen a los informantes –los llamados whistleblowers– como en Luxemburgo, que condenó a dos exempleados de la consultora PWC por filtrar datos que dieron lugar al escándalo de los Luxleaks en 2014.

Scholz también ha promovido una ley federal “de defensa contra paraísos fiscales” que prevé castigar a inversores alemanes en estos territorios. “Es el juego del gato y el ratón, pero se puede ganar”, dijo el probable sucesor de Merkel. Sin embargo, el currículo del socialdemócrata también tiene manchas. El Parlamento alemán investiga su responsabilidad en dos escándalos, el colapso fraudulento del neobanco Wirecard y el fraude masivo con la fiscalidad de dividendos conocido como cum-ex, que ha costado al fisco alemán miles de millones.

En cualquier caso, los expertos destacan que los dos principales villanos no están en la UE. Estados Unidos y Reino Unido albergan los mayores paraísos fiscales, como muestra el caso de las Islas Vírgenes Británicas. Al igual que Scholz en Alemania, Joe Biden se ha comprometido con la lucha contra el fraude fiscal. El presidente de EEUU ha sido la fuerza determinante detrás del acuerdo sobre el tipo mínimo de sociedades del 15%. Pero los activistas le piden actuar más en su propio país, donde algunos Estados son el nuevo refugio de empresas y grandes fortunas gracias a su altísimo secretismo, como Dakota del Sur, Nevada o Delaware, la tierra chica de Biden.

No todo se cuece en la Casa Blanca. Un grupo de diputados demócratas y republicanos se ha puesto de acuerdo para presentar en el Congreso una propuesta de ley que obligaría a todos los intermediarios en esquemas fiscales a recabar más información sobre sus clientes y la procedencia del dinero, algo a lo que ahora solo están obligados los bancos. Estos intermediarios son despachos de abogados, asesores fiscales y contables pero también comerciantes de arte. La falta de cooperación de estos agentes, que suelen alegar motivos de confidencialidad con el cliente, es uno de los principales problemas en la lucha contra la corrupción.

Un nuevo estudio de tres académicos –Jason Sharman de la Universidad de Cambridge, y Daniel Nielson y Michael Findley de la Universidad de Texas en Austin– revela la facilidad con la que todo el mundo puede montarse una estructura opaca. Crearon falsos perfiles, algunos serios y otros bastante sospechosos, con los que contactaron a bancos e intermediarios en todo el mundo para abrir cuentas y crear empresas pantalla. En la mayoría de los casos, los tres investigadores no encontraron problemas. “Lo que han probado las últimas operaciones es que los bancos aplican un control menos exhaustivo a las grandes fortunas que a los usuarios comunes”, afirma Ruiz, de Oxfam Intermón: “Algunos más que otros, creo que los bancos españoles no son de los peores”.

Lentitud de las autoridades

A la deficiente rigurosidad de las entidades financieras, por llamarlo de alguna forma, se une la poca garra de las autoridades de Hacienda a la hora de perseguir a los defraudadores. Tras la publicación de los Papeles de Pandora, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió que la Agencia Tributaria investigaría cada uno de los 600 individuos españoles que salen en la filtración.

Montero recordó que, tras los Papeles de Panamá, Hacienda recuperó 142 millones de euros en impuestos. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), sin embargo, pidió a la ministra que acelerara las investigaciones de los nombres que han salido en la prensa -en España son El País y La Sexta los elegidos para colaborar en la investigación del ICIJ– antes de que estas personas puedan regularizar el dinero en los paraísos fiscales o incluso destruir pruebas. En Gestha, además, se quejan de la falta de recursos para combatir el fraude de forma efectiva.

La lentitud de las autoridades fiscales en actuar –sea por falta de recursos o por falta de voluntad– es un argumento más a favor de un aspecto que los expertos y activistas consideran clave en la causa contra la corrupción: garantizar registros que revelen la identidad verdadera de las personas detrás de empresas pantalla –el beneficiario final– y que sean realmente públicas y accesibles para todo el mundo.

Hasta ahora muchos países con regímenes opacos se han comprometido solamente a propiciar información sobre clientes de otros Estados a las autoridades de su país de origen. Con unos registros realmente abiertos y transparentes, “todo el mundo tendría acceso a los datos de los beneficiarios finales sin depender de filtraciones o periodistas”, argumenta Andres Knobel, abogado e investigador, en un informe para el Tax Justice Network.

Knobel denuncia que el Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS) esquiva este tema. Este organismo de la Unión Europea reconoce la importancia de las investigaciones de ONG y medios de comunicación sobre casos de lavado de dinero, pero se resiste a exigir el acceso público a los registros. “Desafortunadamente, los artículos en los medios a veces son el único castigo al que tienen que hacer frente los malhechores”, lamenta Knobel. En este sentido, con un acceso abierto y general a los registros, aumentaría considerablemente el riesgo de ser descubierto, lo cual podría disuadir a mucha gente a abrir una sociedad pantalla en el Caribe u otro lugar secreto.

Queda claro que la transparencia es el arma más poderosa y más eficaz en la batalla épica contra la evasión fiscal y otros crímenes financieros. “Cada vez que hay un escándalo se pone en marcha la agenda legislativa”, afirma Ruiz. “El problema es mantener esta tensión y lograr que las respuestas políticas no se queden en efectos simbólicos sino que se vaya hasta el final”, concluye.