Tres meses más tarde, el mismo tribunal ya ha liberado cinco de los siete acusados ​​en menos de una semana: Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón, Txevi Buigas, Ferran Jolis y Alexis Codina. Lo ha hecho bajo fianzas ridículas, sobre todo teniendo en cuenta los cargos que se les imputan: entre los 5.000 y los 10.000 euros, que han podido abonar sin demasiados obstáculos. Aún quedan dos en la prisión de Soto del Real, que todavía no han llegado hasta el trámite de la vista de apelación.

Han sido liberados incluso aquellos que como Codina, según la Guardia Civil, tenían explosivos. Ahora los jueces en su auto hablan de una «objetiva inexistencia de explosivos». Puntualizan que encontraron «únicamente sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos podrían llegar a convertirse en explosivos». Aquella fotografía armado de Codina era de diez años atrás, en una fiesta con amigos, con una pistola rota de paintball.

Pero el mal, que era la creación de un relato que vincule el independentismo con la violencia -y con un delito tan grave como el terrorismo- ya estaba hecho. El contexto: a las puertas de la sentencia del procés. Esa misma semana La Razón entrevistaba a unos supuestos guardias civiles en Cataluña que decían que «ya es peor que el País Vasco» y el ABC aseguraba que «Torra planeó con los CDR tomar el Parlamento tras la sentencia del 1-O». El Mundo llegó a titular al día siguiente de las detenciones que «los CDR ultimaban un atentado terrorista en Cataluña el Día D». Desde la Moncloa ya exigían al presidente de la Generalitat que condenara cualquier «potencial» terrorismo, así se llenaban los telediarios. Tres meses después, aunque todavía con una investigación abierta, gran parte del relato se ha desvanecido.

Este, sin embargo, no es el primer caso de estas características. Antes los CDR ya vieron el caso de Tamara Carrasco y Adrià. También en una operación ordenada antes por la Audiencia Nacional, en abril de 2018, la Guardia Civil detuvo a Tamara (Adrià marchó al exilio belga), investigada por terrorismo y rebelión. A ella le impusieron como medida cautelar no poder salir de Viladecans, su municipio de residencia. Al cabo de siete meses, la causa fue trasladada en Cataluña y reducida a posibles desórdenes públicos. Las pruebas eran poco más que un silbato amarillo y una captura de pantalla de Google Maps.

Garzón, Altsasu …

Antes de Cataluña, sin embargo, todo esto ya se ha vivido en el estado español, especialmente en Euskal Herria. Uno de los casos más relevantes es el macrosumario 19/98, instruido por el entonces juez de la Audiencia Nacional Nacional Baltasar Garzón. El magistrado llegó a ordenar la detención de 76 personas de diversas organizaciones acusadas de ser el «entorno de ETA», como la coordinadora AEK, de enseñanza de euskera a personas adultas. También es el caso de la Fundación Joxemi Zumalabe, que fue acusada de fomentar la desobediencia civil por un manifiesto. Sus miembros fueron condenados a penas de entre nueve y once años de prisión por integración en organización terrorista, y algunos de ellos no pudieron eludirla. Nueve años después, el Tribunal Supremo los absolvió a todos. También rebajó la pena a los otros 38 condenados en aquella macrocausa.

Lo mismo ocurrió con el caso más reciente de los ocho jóvenes de la localidad navarra de Alsasua, a quien la Fiscalía acusó durante todo el procedimiento de terrorismo por una pelea de bar con unos guardias civiles fuera de servicio. Los jóvenes, vinculados a la izquierda abertzale, aunque cumplen largas penas de prisión, que llegan hasta nueve años y medio, después de que el Supremo las rebajara ligeramente al eliminar la agravante por discriminación (contra la Guardia Civil).