PP y PSOE se presentan públicamente como partidos con proyectos e intereses antagónicos, irreconciliables. Pero según para qué cosas.

El Partido Popular e incluso Vox no tuvieron ningún reparo en aliarse el pasado 16 de junio con el PSOE para evitar que prosperara en el Congreso de los Diputados la comisión propuesta por EH Bildu, PNV, ERC, JxC, Compromis, BNG, la CUP, Unidas Podemos y Más Madrid, para investigar las comisiones ilegales millonarias cobradas por el ciudadano Borbón emérito.

PP, Vox y PSOE volvieron a unir sus escudos parlamentarios una semana más tarde para impedir igualmente en la Cámara Baja que se creara una comisión de investigación sobre los GAL y se pudiera por primera vez, después de más de tres décadas, interrogar a Felipe ‘X’ González.

La iniciativa fue apoyada por las mismas fuerzas políticas.

La reciente difusión en medios de comunicación de documentos de la CIA de 1984 -ya desclasificados en 2011- dieron lugar a reavivar esa página negra de la joven y frágil democracia española.

“González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas”, decía el amplio informe de la agencia de Inteligencia estadounidense, uno de los varios que hicieron los analistas de la CIA ese año.

Siempre fue un secreto a voces pero el hecho de que fuera dicho con todas las letras en un informe interno de la CIA elaborado muy poco tiempo después de iniciadas las acciones de los GAL parecía darle una relevancia especial, era una confirmación de la más poderosa agencia de Inteligencia del mundo.

El tema amenazaba una vez más con reabrir esa caja de Pandora, con dar una oportunidad para romper la impunidad del ex presidente socialista y de muchos otros que evadieron la cárcel o pasaron por ella fugazmente sólo para dar esa imagen falsa de que la Justicia es igual para todos.

Pero PP y Vox lo impidieron con sus votos. Un cuadro muy curioso, derecha y ultraderecha han hecho una tregua en su campaña de acoso y derribo al Gobierno de coalición para defender algo aún más importante para ellos.

El temor a que se investiguen también crímenes cometidos antes de los GAL

Romper la impunidad de los crímenes de los GAL de la época socialista podría ser una puerta para romper también otras impunidades anteriores y posteriores.

Es que supondría seguramente romper también el manto de impunidad de las decenas de crímenes cometidos por grupos parapoliciales durante la tan venerada Transición, un terrorismo de Estado con hilo conductor arrastrado desde la dictadura franquista y que en el siglo XXI se ha reciclado como cloacas policiales y mediáticas, hasta nuestros días.

Son esas omnipresentes cloacas que parecen haberse enquistado en nuestro sistema en las que confluyen tanto desagües policiales y de otros servicios de seguridad del Estado, aguas fétidas políticas, de poderosos ámbitos económicos, de la bien nutrida infantería mediática de la derecha y de otros poderes fácticos.

El pasado 30 de abril la iniciativa de EH Bildu para investigar a los GAL llegó también al Senado, y se sumó también a ella Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Compromís, Més per Mallorca, Geroa Bai, Catalunya en Común Podem y Más Madrid).

Fueron 36 los senadores y senadoras que la suscribieron. También fue rechazada como en el Congreso de los Diputados, ni siquiera se llevó al Pleno.

Utilizando argumentos similares a los esgrimidos en el Congreso para rechazar la comisión, la socialista Cristina Narbona, vicepresidenta primera del Senado, explicó a los medios de comunicación en rueda de prensa que se trataba de  «hechos investigados y juzgados oportunamente”. Narbona tuvo altos cargos durante todos los gobiernos de Felipe González.

El PP cambió radicalmente la postura que tuvo sobre el Sr. X hace 25 años

¿Pero qué es lo que ha cambiado para que en 1995 el Partido Popular promoviera una comisión de similares características a las propuestas ahora en el Congreso y en el Senado, y que 25 años después la rechace de forma tan rotunda?

En 1995, González llevaba ya doce años en el Gobierno y el PP aprovechó el cúmulo de escándalos de corrupción y los crímenes de los GAL revelados por los medios de comunicación para rentabilizar políticamente la creciente indignación popular y provocar su caída.

CiU y PNV rompieron entonces su pacto de legislatura con el PSOE, lo que obligó a convocar  elecciones anticipadas, que en 1996 dieron el triunfo a José María Aznar.

Pero mantener la impunidad de Felipe González hoy es algo muy distinto, supone para el PP y para Vox proteger a un aliado clave, es proteger nada menos que al hombre que más esfuerzos viene haciendo desde hace años desde dentro y fuera del PSOE para sacar de en medio a Pedro Sánchez, y poder crear con el PP ese gobierno de unidad nacional por el que aboga desde hace años.

El hecho de que Sánchez tenga además ahora como socios de Gobierno nada menos que a los peligrosísimos hombres y mujeres de Unidas Podemos ha hecho confluir los intereses de esa derecha residual interna de la vieja guardia del PSOE con la más recalcitrante derecha política, económica y mediática. Todos a una para tumbar al gobierno de coalición, para ellos es esencial quitar a Unidas Podemos de allí sea como sea. Están dispuestos a defender sus intereses y privilegios cueste lo que cueste.

Los actores han invertido con el tiempo su lugar en la escena. Mientras el PP reclamaba 25 años atrás en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación de los GAL, hoy la rechazan, y mientras la CiU de Jordi Pujol y el PNV de Xabier Arzalluz unían entonces sus votos al PSOE de Felipe González para impedirlo, hoy sus herederos reclaman la investigación.

¿Por qué se canceló en el Senado en 1995 la comisión de investigación sobre los GAL?

Narbona decía días atrás a los medios de comunicación que el Senado español ya creó una comisión de investigación sobre el tema en 1995, y sostuvo que se canceló pronto “porque hubo que convocar elecciones anticipadas”.

Hay una parte cierta y otra no en esa declaración. Es verdad que existió esa comisión, pero no es verdad que se cancelara por la convocatoria de elecciones.

En efecto, a pesar de que en el Congreso de los Diputados fue rechazada la comisión, en el Senado prosperó la puesta en marcha de la misma, por un solo voto.

En aquella ocasión fue el PNV el que cambió de posición y la suscribió, uniéndose al PP, IU, Coalición Canaria y el Grupo Mixto.

Iñaki Anasagasti, diputado y portavoz del PNV (1986-2004) y senador (2004-2008) escribía en Deia el pasado 20 de junio sobre aquella comisión de 1995:  “Ante semejante iniciativa tuvimos una especie de merienda, Arzalluz y yo, mientras se discutían los presupuestos en el Congreso, con Narcís Serra, Alfredo Pérez Rubalcaba y Txiki Benegas en el reservado del restaurante Errota Zar, contiguo al Congreso. Nos venían a pedir que abortáramos aquella comisión. Les horrorizaba la idea de la entrada del presidente del Gobierno, Felipe González, con todas las televisiones españolas y europeas transmitiéndola en directo”.

Anasagasti dice que Benegas planteó el tema de una forma cruda: “Estamos de mierda hasta el cuello y vosotros nos queréis meter la mierda en la boca”.

“La explicación que nos daban”, explica Anasagasti, “es que si no lo hacíamos iba a llegar el PP al gobierno y eso sería peor para todos”.

Según la explicación dada ahora por Narbona la comisión se canceló pronto “a causa de la convocatoria de elecciones” y con ello dio por cerrada toda discusión. El PP le habrá agradecido que no se ahondara más en el tema.

Y es que no fue la convocatoria de elecciones lo que llevó a la rápida disolución de la comisión de investigación. La comisión se disolvió el 1 de diciembre de 1995, y la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones anticipadas fue el 8 de enero de 1996 tras no poder el Gobierno sacar adelante los Presupuestos Generales.

La razón real fue la marcha atrás que dio el PP cuando tuvo conciencia de que no se investigarían solo los crímenes del GAL de 1983 a 1987 sino muchos crímenes anteriores.

Paradójicamente, cuando se creó esa comisión en el Senado -dos décadas después de la muerte del dictador- dos ex altos cargos del franquismo tuvieron gran protagonismo en lo que sucedería con ella pero desde posturas enfrentadas, amenazándose mutuamente de revelar sus respectivas guerras sucias.

El desafío del general Sáenz de Santa María a Martín Villa provocó la suspensión de la comisión

El general franquista José Antonio Sáenz de Santa María, actuaba en el bando del PSOE, y Rodolfo Martín Villa, desde las filas del PP.

Martín Villa, jerifalte del sindicato vertical, jefe provincial del Movimiento Nacional en Barcelona y gobernador civil de esa ciudad, al que luego se llamaría la porra de la Transición por su implicación en la matanza de obreros en Vitoria en 1976 , los Sanfermines de 1978 y represiones varias, llegó a ser Secretario de Gobernación (luego Ministerio del Interior) en la época en que sus subordinados, el comisario Roberto Conesa y Billy el Niño torturaban sistemáticamente a los detenidos.

Martín Villa se unió a la UCD de Adolfo Suárez pero cuando este partido se derrumbó se pasó rápidamente a Alianza Popular, donde apadrinado por otro ex ministro franquista, Manuel Fraga, llegaría en 1988 a su ejecutiva. Poco después AP se transformaría en el PP actual. Cuarenta asociaciones de derechos humanos impulsaron en 2019 una campaña para que Martín Villa -al que consideraron uno de los principales protagonistas de la represión posfranquista- se sentara en el banquillo de los acusados. La jueza argentina María Servini emitió una orden de busca y captura contra él en 2014 por los crímenes investigados por la Querella Argentina, pero hasta ahora no ha logrado interrogarle.

En 2017 recibía una condecoración por parte del otro Borbón, de Felipe VI

Por su parte, Sáenz de Santa María, alistado en 1936 como voluntario en las huestes de Franco, llegó a comandante en el Ejército y en 1971 ya estaba al frente de la Guardia Civil. En 1975 ascendió a general.

Responsable de organizar la ejecución de los cinco miembros de ETA y el FRAP el 27 de septiembre de ese año, se recicló rápidamente en democracia, fue ascendido a teniente general, y con la llegada del PSOE al poder en 1983 Sáenz de Santamaría ejerció como director de la Guardia Civil, puesto que mantuvo hasta 1986.

Luego se convertiría en asesor del Ministerio del Interior cuyo titular era José Barrionuevo y su segundo Rafael Vera, y fue asesor también de 1994 a 1996 de Margarita Robles, entonces secretaria de Estado de Interior.

En aquellos años ’80 de intenso accionar de los GAL y cuando ya había guardias civiles detenidos por las autoridades francesas Sáenz de Santamaría negaba que hubiera cualquier implicación de los cuerpos de seguridad. Sostenía que España no tenía nada que ver, que era algo que sucedía en “el lado francés”.

Fue en 1995, cuando tuvo que comparecer en el Senado ante la comisión que investigaba los crímenes de los GAL, que tuvieron lugar cuando era director de la Guardia Civil.

Sáenz de Santamaría reclamó que su comparecencia fuera a puerta cerrada y que no se limitara a la actuación de los GAL sino también a la actividad de otros grupos parapoliciales anteriores que actuaron bajo los gobiernos de Arias Navarro,  Adolfo Suárez y Calvo Sotelo.

Los atentados de los Guerrilleros de Cristo Rey, el Batallón Vasco Español, Antiterrorismo ETA, Triple A y otros se cobraron varias decenas de víctimas mortales.

Al parecer el general no estuvo de acuerdo en su momento con aquel accionar mal coordinado, en el que superponían varios grupos parapoliciales con una relativa autonomía entre ellos. El cambio llegó con los GAL, el GAL verde, de la Guardia Civil, el GAL azul, de la Policía, el GAL marrón, del CESID (actual CNI), y el GAL francés, compuesto fundamentalmente por mercenarios. Esos GAL sí obedecieron órdenes, logística y fondos reservados de la cúpula de Interior y de Defensa, supervisados por la Moncloa.

Muchos medios recogieron en su momento los datos de aquella reunión que mantuvo Sáenz de Santamaría con Martín Villa y con otro dirigente del PP , José Miguel Ortí Bordás, también ex alto cargo del Movimiento Nacional y Subsecretario de Gobernación con la UCD.

Sáenz de Santamaría estaba dispuesto a morir matando, sabía que de investigarse sobre los GAL aparecería directamente involucrado porque era quien dirigía la Guardia Civil cuando se cometieron sus crímenes.

Pero ahí fue cuando advirtió a esos dos miembros de la ejecutiva del PP que habían sido ministros del Interior durante los anteriores crímenes de grupos parapoliciales, Villa y Bordás -Bordás era a su vez vicepresidente del Senado cuando se formó la comisión-, que exigiría que la investigación se ampliara a todos los años anteriores de guerra sucia, desde 1976. Se abría la compuerta de las cloacas.

Esa reunión, propuesta por Sáenz de Santamaría y que tuvo lugar en el despacho de Martín Villa, se realizó el 29 de noviembre de 1995. Dos días después, el 1 de diciembre, el Partido Popular anunciaba una propuesta que desconcertó a todos, o mejor dicho, a los no enterados del desafío que había lanzado el PSOE a través de Sáenz de Santamaría al PP: la suspensión inmediata de la comisión de investigación.

No hicieron falta más reuniones, la comisión se paralizó de inmediato. Sáenz de Santamaría no llegó a declarar. Se había desactivado una bomba que amenazaba llevarse a varios por delante.

Fue el gran pacto por la impunidad, un pacto que como se ha visto en la reciente votación en las dos Cámaras, sigue atando a este PSOE de mochila tan pesada al PP hasta el día de hoy.

Roberto Montoya, periodista y escritor, forma parte del Consejo Asesor de viento sur

De aquel terrorismo de Estado, estas cloacas