El Gobierno de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón (Partido Popular) ha adjudicado mediante procedimiento de negociación sin publicidad dos obras de emergencia por los daños creados por la dana por valor de 12,9 millones de euros a la empresa Ocide Construcción SA.  Esta constructora forma parte de un grupo empresarial que está siendo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco del caso Azud, por pagar “comisiones ilícitas” al abogado y cuñado de la exalcaldesa de València, Rita Barberá, a cambio de la adjudicación de varios contratos del Ajuntament.

En los pormenores del primer pliego publicado por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de Miguel Barrachina se cifra la cantidad total: 4.483.471,07 euros más IVA. Este contrato millonario de emergencia ha sido negociado sin publicidad y tiene como objetivo las obras de reparación de daños producidos sobre las infraestructuras agrarias ocasionados por la dana a comienzos de este mes de noviembre, en los municipios de la comarca de La Hoya de Buñol, Los Serranos y El Camp de Turia, en la provincia de València.

El segundo de los contratos, sin embargo, fue adjudicado por la Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana y es mucho mayor: 8.414.775,65 euros más IVA. Más de ocho millones de euros también para Ocide Construcción para, según el pliego, llevar a cabo obras de emergencia para la reparación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Comunitat Valenciana afectadas por la dana.

¿Qué investiga la Guardia Civil en el marco del caso Azud?

La UCO de la Guardia Civil determinó en 2023 que cuatro empresas del grupo Ocide efectuaron pagos a Corbín Abogados, dirigido por José María Corbín, el cuñado de Barberá por un importe de 202.600 euros entre junio de 2009 y enero de 2013. Esta investigación contiene un informe en el que se detalla la presunta naturaleza ilícita de los pagos y el hecho de que se produce una ausencia de trabajos o de prestación de servicios por parte del despacho de Corbín, que fue el destinatario de estos pagos.

Las cuatro empresas del grupo implicadas son Ingsoma Dos, Velalbur —ambas extinguidas desde 2018— Cinal Inversiones y Servicios Integrales del Territorio. Todas están vinculadas a Ocide, compañía dirigida por la familia Alfaro. Marceliano Alfaro San Andrés, apoderado de Cinal Inversiones, la matriz del grupo, y presidente hasta 2018 de Ocide Construcción, aparece como investigado en el informe de la UCO, según publicó el diario Levante EMV en 2023. En tan solo 17 días, el Ayuntamiento de València adjudico contratos por un importe superior a los nueve millones de euros a Ocide Construcción, todos ellos enmarcados en el Plan E, según se señalaba en ese informe policial.

Este pliego de la conselleria no es el único del que se ha beneficiado Ocide tras la catástrofe generada por la dana. El 8 de noviembre, el diario Valencia Plaza informaba de la adjudicación de trabajos de reparación de las carreteras a siete constructoras entre las que estaba Ocide Construcción, que se repartirá con Ferrovial Servicios 2,5 millones de la adjudicación de las obras en la demarcación de Villar del Arzobispo.