La caída de censos realizados en la última década, por factores como la pandemia, la falta de fondos y la inestabilidad, dificulta la planificación de políticas públicas
Hasta finales de 2023, las autoridades de Namibia trabajaban bajo la asunción de que la población del país rondaba aproximadamente los 2,6 millones de personas, de las cuales en torno al 60% eran jóvenes de menos de 35 años. Las cifras que barajaban se apoyaban en una proyección formulada por la agencia estatal de estadísticas a partir de los poco más de dos millones de habitantes que se habían contabilizado en un estudio de hacía más de una década.
La sorpresa saltó en marzo de 2024, cuando la agencia de estadísticas namibia dio a conocer los resultados preliminares del último censo demográfico llevado a cabo en el país solo medio año antes. A diferencia de la cifra que se manejaba, la población de Namibia superaba por poco los tres millones. Así que, de la noche a la mañana, salieron a la luz 400.000 personas ―equivalentes al 15% del país― que hasta aquel momento el Estado no sabía ni que existían.
La brecha entre la estimación de habitantes que utilizaban las autoridades namibias hasta el final de 2023 y la cifra de población que reveló su último censo puso de relieve la importancia de realizar este tipo de registros demográficos y de salud de forma periódica y rigurosa, a fin de planificar con criterio políticas públicas y analizar su efectividad después. Lo ideal, según aconseja la división de estadísticas de Naciones Unidas, es realizarlos una vez cada década.
Namibia, sin embargo, no es un caso aislado, sino que elaborar estas macroencuestas está siendo cada vez más difícil. La Comisión Económica de la ONU para África (ECA) nota que la ronda de censos de la década de 2020, planificada entre 2014 y 2024, se vio afectada por imprevistos como la pandemia, pero también por otros más profundos como la falta de fondos y la baja tasa de respuesta. Hoy se estima que al menos uno de cada tres africanos está sin censar, aunque hay incluso cálculos que elevan esta cifra al 45%.
Hay que contar a todo el mundo porque todo el mundo cuentaPriscilla Idele, jefa de la subdivisión de población y desarrollo del Fondo de Población de la ONU (UNFPA)
Priscilla Idele, jefa de la subdivisión de población y desarrollo del Fondo de Población de la ONU (UNFPA), reconoce que los censos son una tarea de gran y difícil escala. Pero advierte de que “si bien muchos censos afrontan retos universales, los de África tienen retos más acusados”. Con todo, Idele reivindica que “hay que contar a todo el mundo porque todo el mundo cuenta”.
Políticas públicas
Hay muchos motivos para querer mantener un recuento ajustado de la población de un país. Uno de los más destacados es que disponer de un censo preciso y actualizado permite a las autoridades planificar debidamente servicios esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras básicas, incluido el suministro de agua y electricidad y el transporte público, ya que este no solo proporciona información sobre cuánta gente hay sino también dónde vive.
Otros ámbitos en los que esta información resulta crucial son la planificación económica y las políticas de urbanización y vivienda, ya que también capturan movimientos de población, normalmente a las ciudades. Estos datos son igualmente claves para la asignación de fondos de instituciones financieras internacionales y agencias de cooperación. Y más sensible aún, sirven para ajustar la representación política, por ejemplo con el reparto territorial de escaños.
“Un censo es quizás la fuente de datos más importante que puede tener un país”, opina Idele. “Proporciona información muy completa sobre toda la población: el número de personas en un país en un momento dado; dónde viven; la estructura demográfica, como la edad y el sexo; sus condiciones de vida; los movimientos [de población]; y otras características socioeconómicas, como el nivel educativo o la situación laboral”, desarrolla.
Más allá de guiar políticas públicas, los censos de población y salud ofrecen datos para realizar investigaciones, ya sea en el ámbito académico o para la sociedad civil. Ejemplos prácticos incluyen estudios sobre la prevalencia de personas con discapacidad en diferentes zonas de Senegal; estimaciones sobre el uso de la electricidad en los hogares de Suazilandia para iluminar o cocinar; y cálculos de mortalidad infantil a nivel provincial en Burkina Faso.
Lorretta Ntoimo, una profesora de demografía social de la Universidad Federal Oye Ekiti de Nigeria que ha investigado la perspectiva de género de los estudios demográficos africanos, resalta la importancia de estos datos desde este punto de vista. “La mayoría de responsables de la toma de decisiones en la esfera privada y pública son hombres, que se benefician de forma desproporcionada del statu quo. Se necesitan evidencias, basadas en la investigación, para que lo acepten y apliquen políticas que reduzcan gradualmente la desigualdad”, señala.
Desafíos crecientes
El gran salto hacia delante para la mayoría de naciones africanas en la recopilación de datos mediante censos demográficos y de salud se produjo a partir de los años ochenta, y en la ronda de 2010, 47 de los 54 países del continente los llevaron a cabo, según la organización Population Reference Bureau (PRB), de Estados Unidos. Para la ronda de 2020, que debía terminar el año pasado, el número cayó en cambio a 41 países, según el recuento de la ECA.
Las estimaciones de la UNFPA son más alarmantes. “Si sumamos las personas no censadas [que se calcula que viven] en los países que no realizaron el censo, alrededor del 45% de la población africana no fue censada en la última ronda. Esto se debe a que grandes países como Nigeria, Etiopía y la República Democrática del Congo [los tres más poblados del continente] no realizaron el censo. Así que imagina cuánta gente nos falta por conocer”, indica Idele.
Uno de los grandes factores que alteró la última ronda de censos fue la pandemia. Pero la ECA enumera otras dificultades más profundas que han agravado este desafío y amenazan con agudizarse todavía más: por un lado, unos recursos financieros limitados y, por el otro, los elevados índices de falta de respuesta, que se deben, principalmente, a la complejidad de llegar a personas de barrios marginados, en movimiento, y en zonas afectadas por crisis.
A todo ello se suma ahora un último gran revés, fruto de la suspensión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) decretada en enero por el presidente Donald Trump. USAID financiaba la mayor parte de un programa de encuestas demográficas y de salud (DHS por sus siglas en inglés) en más de 90 países de ingresos bajos y medios —muchos, en África– que ahora se han detenido tras su fulminación en marzo.
Desde su lanzamiento en 1984, el DHS contribuyó a realizar más de 450 encuestas y su base de datos, gratuita, había servido a centenares de informes y a miles de artículos académicos. Además, sus encuestas recopilaban información que servía para calcular unos 30 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030, incluidos datos de acceso a agua potable, mortalidad infantil, mutilación genital femenina, y violencia doméstica.
Con las encuestas de países africanos publicadas por el DHS en 2024 se puede conocer, por ejemplo, que la edad media de las mujeres que se casan en zonas rurales de Senegal no llega a los 19 años; que solo el 16% de mujeres de Mozambique sabe que el aborto es legal; que 1 de cada 3 mujeres de 15 a 49 años ha sufrido violencia física en Ghana; y que hay una fuerte correlación entre los niveles de educación y búsqueda de ayuda para la depresión en Lesoto.
Livia Montana, directora técnica del programa hasta su disolución, asegura que uno de los puntos más fuertes de DHS fue estandarizar la metodología y los indicadores sanitarios y demográficos clave de las encuestas. “Si cada país realiza su propia encuesta independiente, formulando preguntas similares pero de forma ligeramente diferente, no se puede estar seguro de que los indicadores sean directamente comparables”, lamenta Montana.
Con respecto a los índices de respuesta en las encuestas, la bajada con la que se ha topado la ronda de censos del 2020 en el continente va en línea con una tendencia mundial parecida. Pero William Muhwava, jefe de la sección de población y juventud de la ECA, señala que en África esto no se debe a una negativa a participar, sino a las dificultades para cubrir territorios en guerra o en fuerte inestabilidad, sobre todo en el Sahel y en el Cuerno de África, y por los cambios urbanos que se producen entre que se cartografía un territorio y se realiza el censo.
En algunos países del continente, como Sudáfrica, esta tendencia también se explica por otros factores, igualmente presentes en muchos países occidentales, como una predisposición cada vez menor a participar en sondeos y una reticencia al alza a compartir datos personales, en parte por una mayor polarización política y una mayor desconfianza hacia la administración.
En su último censo, de 2022, el porcentaje de personas no recogidas en Sudáfrica ―que se conoció tras los ajustes que se realizan después de las encuestas para rectificar errores― se disparó hasta el 31%, el más alto desde el apartheid. Los principales motivos que se señalaron para explicarlo fueron el efecto de la pandemia, el aumento de la violencia política, la poca confianza hacia el Gobierno, y una tendencia de respuesta que ya iba a la baja previamente.
Margen de mejora
Pese a los desafíos anteriores y a las sombrías perspectivas de futuro, los expertos subrayan que la ronda de censos de 2020 en África también se caracterizó por la adopción de nuevas tecnologías, que agilizaron la recopilación y la publicación de datos. “La transformación de los sistemas manuales en sistemas digitales fue el logro principal”, considera Muhwava.
Otro cambio positivo fue la mayor cooperación que hubo entre países del continente, lo que permitió hacer el proceso más eficiente. “Por ejemplo, las tabletas electrónicas usadas [para recoger datos en] Malaui se utilizaron en Zambia; las que se usaron en Togo se compartieron con Namibia, Angola y Gambia; las utilizadas en Kenia se [enviaron] a Mauricio y Sierra Leona; y las de Ghana a Liberia”, explica Idele. La experta de la UNFPA señala que está “cooperación entre países del Sur” permitió “rebajar costes” y “aprovechar las lecciones”.
De cara al futuro, se espera reforzar esta apuesta por la tecnología para contrarrestar algunos de los retos a los que se enfrentan los países de África para elaborar sus censos, incluido el uso de inteligencia artificial e imágenes por satélites para cartografiar centros de población. También se están haciendo esfuerzos para usar a efectos censales otros datos administrativos, como el registro civil e información de ministerios como el de educación, sanidad y trabajo. “Las innovaciones van a ser muchas más, y van a hacer que la recopilación de datos sea más fácil, menos costosa, más segura y más rápida que hasta ahora”, cree Idele.
Por su parte, antiguos miembros del equipo del programa DHS están trabajando en una nueva iniciativa para restablecer un programa básico de encuestas que permita seguir la labor del DHS. “Aunque es poco probable que lo sustituya del todo, esperamos que la nueva iniciativa, con miembros de consorcios de todo el mundo, mantenga los elementos básicos del DHS y, al mismo tiempo, cubra las necesidades cambiantes de datos de los países”, confía Montana.