Por Chad Pearson Traducción: Valentín Huarte

Un grabado sin fecha que representa a los vigilantes del Ku Klux Klan en Kansas. (Bettmann a través de Getty Images)

Pocos escritores utilizaron la categoría de terrorista para definir las élites organizadas de la segunda revolución industrial, entre las que había gerentes y grandes, medianos y pequeños propietarios. Sin ningún análisis crítico, la mayoría de los historiadores de la economía los definen como hombres culturalmente sofisticados, prudentes y testarudos que establecieron y promovieron métodos de gestión modernos en una economía que estaba creciendo a un ritmo vertiginoso.

No cabe duda. Después de todo, es cierto que supervisaron la construcción de fábricas, crearon empleo y brindaron beneficios a sus trabajadores, desarrollaron patentes útiles y marearon a los consumidores con una enorme cantidad de productos. Estos hombres solían dirigir sus negocios y actividades sociales desde la comodidad de oficinas espaciosas, restaurantes lujosos y bares exclusivos.

Pero muchos tenían un lado oscuro y no dudaban en recurrir a la violencia para lograr su objetivo: someter a los trabajadores y mantener bajo control el establishment de lo que denominaban la «la ley y el orden». Con esto en mente, muchos patrones formaron y participaron de varias organizaciones secretas brutales, entre las que cabe mencionar el Ku Klux Klan, que operó a fines de 1860 y comienzos de 1870, distintas ligas de «ley y orden» de los años 1880 y 1890 y un surtido de asociaciones patronales y alianzas ciudadanas de la «era progresista». Como otros terroristas, los patrones compartían el supuesto de que los métodos extralegales —secuestros, persecución, golpizas, linchamientos y asesinatos— eran los adecuados a la hora de solucionar sus problemas.

Estos terroristas generalmente contaban con la asistencia de personajes bien posicionados en el sector público. A fines del siglo diecinueve y principios del veinte, policías, jueces, políticos, militares de la Guardia Nacional y hasta tropas federales estaban más inclinados a castigar a los trabajadores rebeldes que a las bandas mafiosas. Y en algunos casos, las autoridades del sector público se unían a los patrones y otras élites en la organización de actividades antiobreras.

Los ejemplos de mano dura público-privada abarcan un amplio espectro que va desde la huelga ferroviaria de 1877 hasta la deportación de miles de mineros de Bisbee, Arizona, en 1917. Por supuesto, también hubo excepciones importantes, entre las que destacan las severas medidas que tomó el gobierno federal, a comienzos de los años 1870, contra la asociación patronal más famosa de la historia de Estados Unidos, el Ku Klux Klan. Sin embargo, muchos investigadores demostraron que, incluso en este caso, las autoridades lograron pocas condenas y la mayoría de los dirigentes de la organización evadieron toda responsabilidad legal.

Pocos discreparan con la tesis de que el supersecreto Klan era una organización terrorista. Esta asociación patronal descentralizada, dirigida sobre todo por dueños de plantaciones en decadencia, comerciantes, abogados y dueños de diarios, utilizaba distintas formas de terrorismo para controlar y explotar a las masas negras evitando toda interferencia del exterior. Los hombres del Klan quemaban escuelas de negros y libros, y perseguían a los docentes de las comunidades. En otros casos recurrían a campañas de intimidación que no necesariamente culminaban en la violencia física. Por ejemplo, hombres encapuchados visitaban las casas de los docentes, transmitían crueles ultimátums, y, en general, les exigían que abandonaran la comunidad en un tiempo determinado.

Los miembros del Klan golpearon y mataron a miles de afroestadounidenses. Lo hicieron por dos motivos básicos: para disciplinar a los «infractores» y para enviar un mensaje inconfundible. Con una intolerancia absoluta por todo acto de disentimiento, los hombres del Klan torturaban a mujeres y hombres negros por vagancia, por intentar votar, por participar en las ligas de la Unión después de la guerra civil o simplemente por abandonar las granjas y las plantaciones. También secuestraban y devolvían a los antiguos esclavos a las granjas y a las cocinas. Si pensaban que un afroestadounidense era rebelde y particularmente desafiante, simplemente lo mataban.

Las miles de acciones terroristas del Klan ayudaron a empoderar a la clase dominante de la región y a fundar lo que W. E. B. Du Bois denominó la «contrarrevolución de la propiedad». Pero había muchas organizaciones que aplicaban tácticas similares en su combate contra la indisciplina de los trabajadores. A fines de los años 1880 y comienzos de los 1890, no había organizaciones del sector privado más mafiosas y efectivas que las Ligas de Ley y Orden, asociaciones patronales que combatían a los manifestantes durante las huelgas y expulsaban a socialistas y anarquistas de las comunidades. Nacidas en pequeñas comunidades y ciudades grandes como Kansas y Missouri durante la huelga contra el imperio ferroviario de Jay Gould en la primavera de 1886, las ligas rápidamente crecieron hacia el sur y hasta el oeste.

En estas comunidades, propietarios, gerentes, abogados y políticos se reunían en secreto en casas «seguras», portaban armas, amenazaban a izquierdistas y sindicalistas y acompañaban a los esquiroles en el combate contra las barricadas. Estas organizaciones eran fundamentales cuando había que desarmar huelgas, y restauraban rápidamente los negocios y «la ley y el orden».

Los miembros de las ligas también practicaban métodos de represión menos agresivos aunque no menos terribles, como despedir a los activistas sindicales y compartir listas negras. Este proceso, en el que no solo participaban patrones, sino también periodistas, servía para asustar y disciplinar tanto a las víctimas directas como a los trabajadores que permanecían en sus puestos laborales.

La prensa muchas veces repetía la información de las listas negras y causaba un daño prácticamente irreparable a los trabajadores despedidos. Muchos de los que permanecían en sus puestos vivían con miedo y los perseguía la fantasía de un futuro sombrío y precario. En un estudio sobre las condiciones del trabajo industrial realizado en 1891, Eleanor Marx Aveling y Edward Aveling mostraron que muchos trabajadores temían «los horrores de la lista negra».

Los autoproclamados campeones de la ley y el orden también utilizaban métodos terroristas mortíferos. En 1887, en Thibodaux, Louisiana, los patrones masacraron por lo menos a treinta huelguistas negros de los ingenios azucareros y expulsaron a muchos miembros de los Caballeros del Trabajo. Los portavoces de la alianza público-privada que perpetuó estos crímenes se autodenominaron «Comité del Orden y la Paz».

Un patrón que simpatizaba con los asesinos celebró el resultado como una victoria a la vez racial y de clase: «Creo que esto zanjará la cuestión de quién debe gobernar, si los negros o los blancos, durante los próximos cincuenta años». Si los violentos miembros de la clase dominante de Thibodaux no eran terroristas, entonces nadie es terrorista.

Vino viejo en botella nueva

A comienzos del siglo veinte, en respuesta al malestar creciente de la población frente a la represión de las prácticas sindicales, los patrones y sus aliados cambiaron de enfoque y organizaron cientos de alianzas de ciudadanos en lo que tal vez haya sido el primer movimiento populista de la época. Los miembros de estas organizaciones, básicamente hombres viejos que habían sido parte de antiguas organizaciones terroristas como los Montana Vigilantes, el Klan, la Asociación de Productores de Wyoming y las Ligas de Ley y Orden, combatían contra los sindicatos y generaban lugares de trabajo «open-shop» porque, en palabras de uno de los portavoces del movimiento, querían «proteger a la gente común» (entiéndase, a quienes no participaban de sindicatos).

Aunque las alianzas ciudadanas intentaban presentarse como defensoras de la gente común, seguían aplicando las mismas viejas prácticas mafiosas. Basta considerar el comportamiento de los miembros del Comité Ciudadano de Tampa durante una huelga de trabajadores de una tabacalera en 1901: casi cien hombres armados secuestraron a trece dirigentes sindicales a altas horas de la noche, los retuvieron hasta el día siguiente y después los pusieron en un barco hacia Honduras. Según un informe, una víctima de estas redadas, Luis Barcia, fue literalmente arrancado de su cama mientras dormía con su mujer. La joven esposa, que había sido madre hacía poco, murió de terror y de ansiedad.

Los trece sobrevivientes lograron volver a Tampa, donde exigieron que el gobierno de William McKinley interviniera a su favor. J. N. Stripling, el fiscal del distrito, investigó y concluyó que «fue incapaz de obtener evidencia de transgresiones a la ley estadounidense». El secuestro recibió mucha atención de la prensa. Pero está claro que Stripling —que además de abogado era miembro activo de la Cámara de Comercio de Jacksonville— simpatizaba más con los empresarios terroristas de Tampa que con los huelguistas multiétnicos.

Poco después de este secuestro, los miembros de una alianza de ciudadanos de Colorado iniciaron sus propias rondas de abducción, aunque no tomaron el paso audaz de expulsar a sus víctimas del país. En 1903 y 1904, con asistencia de la Guardia Nacional y asentimiento del gobernador, atacaron a decenas de miembros de la Federación Occidental de Mineros, los forzaron a subir a un tren y los amenazaron para que no volvieran.

Los observadores más perspicaces comprendieron que estaban frente a acciones terroristas. En un artículo publicado en International Socialism en 1904, Max S. Hayes notó que los ataques de las alianzas de ciudadanos constituían un «reino de terror». «Todos los sindicalistas y todos los simpatizantes», se quejaba Hayes, «fueron cazados por soldados, diputados armados y guardianes de la alianza ciudadana ‘‘ley y orden’’, puestos en una celda y luego deportados a Kansas y Nuevo México». Aparentemente, después de esta acción, la alianza de ciudadanos de Colorado llegó a tener casi treinta mil miembros.

Estos hombres, y muchos otros, empleaban técnicas terroristas porque realmente funcionaban. De hecho, debemos reconocer que existe una relación entre el desarrollo económico y la violencia patronal.

Consideremos las palabras de J. West Goodwin, que dirigió la Liga de Ley y Orden en los años 1880 y organizó las alianzas de ciudadanos a principios del siglo veinte. En 1903, en un artículo sobre la situación de las empresas publicado en American Industries, publicación mensual de la Asociación Nacional de Productores, Goodwin proclamaba con orgullo que confrontar directamente a los trabajadores desobedientes era necesario para garantizar «la prosperidad permanente y continua de las industrias que hicieron famoso a este país». En efecto, Estados Unidos ganó celebridad a la vez por convertirse en el centro neurálgico de la economía mundial y por sus altos niveles de represión, que superaban los de otros países industrializados. La violencia patronal era rentable.

Hoy los think tanks, la prensa dominante y los políticos parecen tener el privilegio exclusivo de definir la palabra «terrorismo». La usan sobre todo para referirse a hombres musulmanes de países de Medio Oriente. Pero un ajuste de cuentas honesto con el pasado distante y reciente requiere que apliquemos este término a los patrones y sus aliados, que lejos de proteger a la «gente común» —educadores republicanos y antiguos esclavos en la Reconstrucción, sindicalistas en las décadas recientes— pusieron todo su empeño en aterrorizarla. Lamentablemente, las instancias de terrorismo patronal nunca desaparecieron y hoy están presentes en la práctica de los abogados antisindicales, en los regímenes laborales tiránicos, en la violencia policial y en esos conductores enloquecidos que están dispuestos a pasar por encima de los manifestantes.