Fuente: https://www.grupotortuga.com/Cuando-la-Guardia-Civil-cierra-el José Landi Jueves.7 de marzo de 2024
Un largo pleito de la Benemérita con los residentes en una manzana del barrio de Loreto, en Cádiz, acaba con la clausura del Mesón Río Pas antes del próximo 10 de abril.
Conflictos y pleitos entre responsables de un bar y propietarios del local hay muchos. Son frecuentes los cierres o mudanzas por diferencias en el precio del alquiler o por cambios en la situación administrativa del inmueble.
Que el dueño del sitio, el casero, sea la Guardia Civil y el establecimiento sea uno de los más queridos del barrio, hay muchos menos. Es el caso del Mesón Río Pas, en el barrio de Loreto de la ciudad de Cádiz.
Conocido como El Pollo, por el mote de su propietario, Rafael Ortiz, es el centro de la vida de todo el vecindario desde hace casi 40 años. Sus padres lo abrieron como ultramarinos en 1973. Era lo más frecuente en la España de entonces, cuando comenzó su actividad.
Su capacidad para convocar clientela propició su cambio a bar en los años 80 y, ya en 1996, su ampliación a un local contiguo, que ahora hace de salón (llamado «del pregonero» porque Juan Manuel Braza, El Sheriff, es uno de los muchos parroquianos).
En este tiempo, 50 años, el Mesón Río Pas, en la calle Juan de la Cosa, se ha convertido en un lugar fijo, de paso semanal o diario, para muchos vecinos y visitantes. Además de sus desayunos, la cerveza o los cafés vespertinos, se ha hecho célebre por una cocina tradicional muy especializada en pescados.
La mitad de Loreto tiene algún recuerdo del sitio, muchas noches en su terraza, celebraciones, tertulias improvisadas, encuentros familiares, con amigos que trabajan fuera de Cádiz.
En verano, los forasteros más avispados saben encontrarlo pese a estar fuera de las zonas más turísticas de Cádiz. «En París me encontré una vez con unos amigos franceses que vienen cada mes de vacaciones», recuerda con una sonrisa.
«Siento que tenga que cerrar, sobre todo, por los trabajadores», asegura Rafa Ortiz en la puerta. Aunque es parco en palabras y evita dramatizar con gestos, afirma que «son tres familias las que viven de esto en invierno y cinco en verano».
«Estamos buscando algún local cerca pero todavía no sabemos qué vamos a hacer. Irnos a La Laguna (barrio colindante, el que acoge el estadio de fútbol) sería como irnos al extranjero porque estamos muy pegados al barrio», añade con una sonrisa.
El bar tiene que estar vacío y cerrado el próximo 10 de abril. Es el último día. El final del plazo. Entonces pasará a manos de su propietario, la Guardia Civil. Es el resultado de un largo pleito iniciado hace siete años, en 2017.
El recorrido judicial
En aquel año, los representantes legales de la Guardia Civil hicieron saber a la familia Ortiz que debía abandonar el local. La benemérita propiedad entendía que la madre de Rafa, viuda desde los años 80, presente en la conversación con lavozdelsur.es y fundadora del negocio, se había jubilado unos meses antes por lo que, según los dueños del inmueble, su hijo perdía todos los derechos para conservar el arrendamiento.
El Pollo pleiteó, consideraba que tenía derecho a quedarse como hijo de los propietarios y ganó. El Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz le dio la razón, «nuestro abogado, que tenía muchos argumentos a nuestro favor, le dio un repaso al fiscal». Pero la Guardia Civil recurrió.
Primero al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le dio la razón al propietario, al cuerpo militar. El Mesón Río Pas debía cerrar. En esa situación, fue Rafael Ortiz el que recurrió al Tribunal Supremo.
El máximo organismo judicial sólo por debajo del Constitucional, ya en los últimos días de 2023, resolvía en favor de la Guardia Civil de forma definitiva e incontestable. Considera la última resolución que, al igual que las viviendas, los negocios no pueden pasar de padres a hijos.
Son unas sentencias escuetas, de apenas tres folios tanto en el caso del TSJA como del Supremo, la que decretan el bar debe cerrar. Hay que abandonar el local antes del 10 de abril, fecha en la que pasa a manos de su legítimo propietario.
El afectado es muy crítico con el pleito que ha terminado en la expulsión pero «para no meternos en líos» prefiere ahorrarse detalles. Lamenta que su madre sufriera, hace años, algunas presiones y llamadas de miembros del cuerpo en Cádiz, «como si fueran asustaviejas» aunque admite que esas prácticas duraron poco y cesaron cuando las altas instancias de Madrid pasaron a tener el control del pleito.
Una vez resuelto, Ortiz se muestra pesimista con el futuro de toda la manzana, propiedad de la Guardia Civil. Todos esos edificios están ocupados por residentes que fueron o son integrantes de la Benemérita, en régimen de alquiler vitalicio (no pueden tener otra propiedad en el término municipal ni cederla a sus descendientes) o en régimen «de pabellón».
- Los locales de la manzana de Juan de la Cosa aparecen abandonados, salvo algunos garajes y trasteros. JUAN CARLOS TORO
Esta última fórmula consiste en tener residencia mientras se presta servicio a cambio del pago, únicamente, de luz y agua. Eso sí, estos últimos funcionarios pueden ser relevados por cualquier compañero en cualquier momento.
«En la manzana fueron cerrando todos los locales, uno detrás de otro. Nosotros [Mesón Río Pas] somos los últimos. Todos los locales están vacíos, sin uso, menos alguno que alguien de la Guardia Civil usa como trastero o garaje».
Como vecino, más que como hostelero, Rafael rechaza el nulo «mantenimiento de toda la manzana, pero sobre todo de los locales de la planta baja. Está todo muy sucio y muy abandonado. Nosotros tenemos que tener selladas todas las puertas y ventanas que dan a los patios interiores o al resto del edificio porque es un nido de bichos. Hay de todo, ratones, cucarachas, ratas, y no cuidan nada de esto desde hace años».
El responsable del bar de Loreto se pregunta «para qué quiere la Guardia Civil este local, o todos esos locales cerrados hace años, tienen instalaciones en la Zona Franca, la casa cuartel de Astilleros nueva… No lo entiendo». Y lo más «triste es que no cuidan este edificio ni lo más mínimo. Al final, lo paga el barrio que tiene esta manzana muerta, cerrada».
Ortiz se queja también de la confusión administrativa que ha propiciado la salida del bar de su barrio. «En los años 70 y 80, estos edificios pertenecían a un patronato pero esa fórmula era muy vieja, de los tiempos de Franco, y la modificaron después de la Transición», recuerda.
«A partir de ahí hubo muchos años de tranquilidad. Nadie nos decía nada. Incluso se hablaba de que la Guardia Civil vendería los locales y los pisos a los que estábamos de alquiler, como pasó con los edificios de los militares en otras zonas de Cádiz».
«Nosotros tuvimos siempre, durante muchísimos años, un dinero ahorrado, preparado, para comprar cuando fuera posible y no tener problemas. Pero ese momento nunca llegó. Al contrario. A partir de 2015 llegaron las visitas, los abogados, las reuniones y los juicios».
La conclusión de todo el proceso es la clausura del Mesón Río Pas en su ubicación actual, la salida del bar de su barrio para que el inmueble pase a ser responsabilidad de la Guardia Civil como todos los de la manzana de Loreto. Todos ellos cerrados salvo media docena, reconvertidos en garajes y trasteros.
El «inhumano» precedente de los vecinos desalojados
El episodio judicial que provoca la salida del Mesón Río Pas de la calle Juan de la Cosa es el epílogo de una serie de conflictos revelados en los años 2017 y 2018. Entonces, varios vecinos de esta manzana, guardias civiles retirados y sus familias, mantuvieron pleitos para conservar estas viviendas de las que eran inquilinos en régimen de alquiler vitalicio. Todos recibieron notificaciones para dejar las viviendas en el caso de que no fueran los primeros arrendatarios (miembros de la Benemérita en activo o jubilados), porque habían superado el plazo de 50 años de alquiler o por tener otra propiedad inmobiliaria en el mismo término municipal, en Cádiz. Esos eran los tres motivos posibles de desahucio.
Las familias afectadas fueron saliendo poco a poco tras denunciar en público (hay un notable rastro en la hemeroteca digital) lo que consideraban una injusticia, un agravio. Se quejaban de que nunca fueron informadas del plazo de los 50 años o de la incompatibilidad de comprar ninguna otra vivienda en la misma ciudad. La Guardia Civil, entonces, se mostraba inflexible con sus propios integrantes: «A lo largo de los últimos años se han ido rescindiendo algunos contratos de alquiler de estas viviendas por incumplimiento de algunas de las condiciones».
El bloque de pisos de la calle Juan de la Cosa, la manzana completa en la que se ubica el bar que debe cerrar, se compone de 72 viviendas. En el momento de máximo auge del conflicto legal, la Guardia Civil aseguraba que «al menos, en 15 de ellas no se cumplieron las condiciones»: estar ocupada por guardia civil o viuda del cuerpo, no tener otra propiedad y no llevar más de 50 años. Algunos vecinos aseguran que durante los últimos años «han salido muchas más de 15 familias de aquí, incluso más del doble».
Los afectados lamentaban entonces la falta de consideración con algunas excepciones, como el caso de los agentes o sus mujeres en caso de divorcio y la presencia de algunos descendientes con discapacidades en los núcleos familiares. Francisco Lucena, guardia civil retirado que ejerció de portavoz en aquellos días, achacaba a la Guardia Civil «falta de humanidad. Tras más de 40 años al servicio al cuerpo, tendrían que haber venido y ver cada caso de manera individual. Hay inquilinos con más de 70 años, con enfermedades. Mudarse a otros barrios es muy difícil para ellos», decía entonces.
A esa dificultad tendrán que enfrentarse ahora, sin vejez ni enfermedades, el Mesón Río Pas y sus trabajadores.