Este fin de semana, entre el 26 y el 28 de septiembre, el Partido Popular organizó su particular espectáculo en Murcia. Alberto Núñez Feijóo reunió a sus barones territoriales para presentar lo que han bautizado como «Declaración de la Región de Murcia», un documento que prometía ser un análisis riguroso sobre inmigración y que terminó siendo una colección de bulos, medias verdades y propuestas que habrían hecho sonrojar a cualquier político con un mínimo de pudor democrático. Pero estamos en 2025 y, al parecer, el pudor es una virtud en extinción.
El líder del PP apareció en el Teatro Circo de Murcia con un diagnóstico tan alarmista como falto de rigor. Según él, España está siendo «invadida» por personas que vienen «a pedir ayudas» y a vivir del trabajo de «los españoles de bien». La estrategia es tan antigua como efectiva. Crear un enemigo externo, agitar el miedo y presentarse como el salvador que traerá orden al caos. Feijóo, eso sí, intentó diferenciarse de Vox con una declaración que pretendía sonar moderada. «No son víctimas, como dice el PSOE, ni delincuentes, como dice Vox». La tercera vía del PP, aparentemente, consiste en decir que no todos los migrantes son delincuentes, justo antes de relacionar inmigración con inseguridad durante el resto del discurso.
El bulo del Ingreso Mínimo Vital
Una de las afirmaciones más graves del conclave fue la que vertió el propio Feijóo sobre el Ingreso Mínimo Vital. Según el líder popular, «cualquiera puede entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato, y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital». La frase tiene un problema. Es rotundamente falsa.
La ley es clara y accesible para quien quiera consultarla. Para acceder al Ingreso Mínimo Vital se requiere residencia legal y efectiva en España durante al menos un año de forma continuada e ininterrumpida. Es decir, las personas en situación irregular no pueden solicitar esta prestación. La Ley de Extranjería, en su artículo 14, establece que solamente los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles. Las únicas excepciones contempladas son mujeres víctimas de violencia de género o de explotación sexual.
Cuando el medio digital elDiario.es solicitó al equipo de Feijóo los datos que respaldaban su afirmación de que «muchos, muchos miles» de personas irregulares cobran el IMV, la respuesta fue digna de un guion de comedia. «Los tenemos y estaremos encantados de que el Ministerio nos pueda desmentir». Es decir, lanzas una acusación grave, niegas mostrar las pruebas y exiges que otros demuestren tu mentira. La carga de la prueba, ese fastidioso principio del derecho, parece no aplicar en Génova.
Según datos del Ministerio de Inclusión, las personas migrantes representan menos del 20% de los beneficiarios del IMV. Y, por supuesto, todas ellas con residencia legal. La diferencia entre este dato real y el relato catastrofista del PP es abismal, pero en política, al parecer, los hechos son negociables.
La «tolerancia cero»
Feijóo anunció en Murcia que su gobierno aplicaría «tolerancia cero con el delito» y que expulsaría a personas migrantes con residencia legal que cometan «delitos reincidentes aunque sean leves». La propuesta suena contundente hasta que uno se detiene a pensar qué significa exactamente. ¿Dos multas de tráfico? ¿Tres infracciones administrativas? ¿Una condena por alteración del orden público en una manifestación? El PP no lo aclara, quizás porque el objetivo no es la claridad sino el titular.
Lo curioso es que la legislación española ya contempla la expulsión de personas extranjeras que cometen delitos graves. El Código Penal recoge la expulsión como medida sustitutiva de penas de prisión superiores a un año, siempre que exista tratado de extradición con el país de origen. Pero hablar de lo que ya existe no genera la épica que el PP necesita para su narrativa de «mano dura».
La propuesta de expulsar por delitos leves, en cambio, sí que es novedosa. Y preocupante. Establecer un sistema legal diferenciado según el origen de las personas es precisamente la definición de discriminación institucional. Un español que comete un delito leve recibe una sanción. Un migrante que comete el mismo delito, según la propuesta del PP, perdería su derecho a residir en el país. La igualdad ante la ley, ese principio constitucional tan molesto, vuelve a ser un obstáculo.
Feijóo recuperó en Murcia una vieja propuesta. El sistema de «visado por puntos», inspirado en los modelos de Canadá, Reino Unido y Australia. Según explicó, este sistema permitirá «premiar la entrada de quien quiera trabajar en sectores con falta de mano de obra, conozca mejor la cultura y tenga mayor capacidad de integración». Aquí es donde el discurso aparentemente técnico del PP muestra su verdadera cara.
¿Qué significa «conocer mejor la cultura»? ¿Quién decide qué culturas son más o menos próximas a la española? ¿Bajo qué criterios se mide la «capacidad de integración»? El PP no lo especifica, porque hacerlo obligaría a explicar lo obvio. Están priorizando a personas de determinados orígenes sobre otras. El eufemismo de la «proximidad cultural» no es nuevo. Es la manera educada de decir que hay migrantes de primera y de segunda, los deseables y los prescindibles.
El modelo que propone Feijóo reduce a las personas a su utilidad económica inmediata. Vienes a trabajar en lo que nosotros necesitamos, de donde nosotros consideramos aceptable, y cuando ya no te necesitemos, te vas. No hay espacio para el refugio, para el reagrupamiento familiar, para la construcción de una vida. Hay espacio para la mano de obra temporal y descartable. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y presente en el conclave, ha sido especialmente explícita en este sentido en otras ocasiones, defendiendo una inmigración que «nos sirva» económicamente.
La ironía es que España tiene una larga historia de emigración. Millones de españoles salieron del país en el siglo XX buscando oportunidades. Muchos lo hicieron de manera irregular. Muchos no conocían el idioma ni la cultura de los países que los acogieron. Pero aquello era diferente, claro. Eran «nuestros» emigrantes. Los otros, los que llegan ahora, deben superar exámenes de «integración cultural» para demostrar que merecen estar aquí.
El racismo que no se nombra
Todo el discurso del conclave de Murcia está impregnado de un racismo que se niega a reconocerse como tal. El PP no dice abiertamente que prefiere migrantes blancos y cristianos, pero habla de «proximidad cultural». No dice que considera a las personas migrantes una amenaza, pero las relaciona sistemáticamente con la delincuencia. No dice que quiere un sistema de castas, pero propone derechos diferenciados según el origen.
Este tipo de racismo es especialmente insidioso porque se presenta como sensatez, como realismo, como defensa del «sentido común». Se disfraza de preocupación por la cohesión social y el Estado de bienestar. Pero el resultado es el mismo. La construcción de una categoría de personas que no merecen los mismos derechos, la misma dignidad, la misma humanidad.
Feijóo insiste en que su propuesta busca un punto medio entre «regularizar a todos» y «echar al mar», como si esas fueran las únicas dos opciones posibles. Lo que no menciona es que existe una tercera vía, la que recogen los tratados internacionales de derechos humanos. Tratar a todas las personas con dignidad, garantizar procedimientos justos y transparentes, y construir sistemas migratorios que respondan a la realidad del siglo XXI y no a los miedos del siglo pasado.
Mientras el PP agita el miedo a la inseguridad vinculada a la inmigración, los datos oficiales del Ministerio del Interior muestran que la delincuencia en España está en mínimos históricos. Los delitos graves han descendido de manera continuada en los últimos años. Pero los datos no generan titulares, el miedo sí.
Tampoco menciona Feijóo que España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y que sin inmigración el sistema de pensiones colapsaría en pocas décadas. Ni que sectores enteros de la economía española dependen de mano de obra extranjera. Ni que muchas zonas rurales se han salvado del despoblamiento gracias a la llegada de familias migrantes. Estos datos son incómodos para la narrativa del «ellos contra nosotros».
Lo más preocupante del conclave de Murcia no son las propuestas concretas del PP, muchas de ellas irrealizables o inconstitucionales. Lo preocupante es la estrategia. Hacer de la inmigración el eje de su discurso político aunque eso suponga mentir, criminalizar y azuzar el odio contra un colectivo vulnerable.
Feijóo busca frenar el ascenso de Vox. Pero cuando el PP adopta el lenguaje, los bulos y las propuestas de la ultraderecha, no la está frenando. La está normalizando. El conclave de Murcia fue un espectáculo de oportunismo electoral donde el PP decidió que unos votos más valen el daño social que su discurso puede causar. Parece que en Génova, el «sentido común» incluye mentir sin datos, criminalizar sin pruebas y discriminar sin consecuencias.
Redacción Afroféminas
