Hoy el señor Ortega Smith es una persona vulnerable. Contagiado por el COVID-19, como ser humano que es, necesitará cuidados médicos. Además, previsiblemente quedará unos días aislado en su casa, por lo que necesitará a quien le haga la compra o quien directamente le prepare la comida, quien le provea de ropa limpia, de enseres de uso cotidiano… Servicios que, probablemente, el señor Ortega Smith no tenga ningún problema en pagar de su propio bolsillo en caso de no disponer de alguien que los realice de manera gratuita. Pero este no es el caso de toda la población.

La llegada del coronavirus a nuestro país –y en particular algunas de las medidas para contener su avance, como el cierre de residencias y escuelas– ha puesto de manifiesto una preexistente crisis de cuidados. Se dispara la necesidad de cuidados, ya sea por medidas preventivas o por los aislamientos decididos por las autoridades sanitarias para detener la expansión del virus. El hecho de que el conjunto de la población pueda ser considerada “vulnerable” nos sitúa ante un espejo; nos muestra que en España estamos lejos de tener resuelta la necesidad social del cuidado. La cobertura pública tiene serios límites y el sector privado sigue sin asumir la responsabilidad. Resultado: un sector laboral precario, con pocos derechos, familias sobrecargadas asumiendo los cuidados y una desigualdad de género que afecta tanto en el ámbito remunerado como en la distribución en el interior de las familias.

Esta situación excepcional nos recuerda que es necesario seguir construyendo unos servicios públicos de calidad, con capacidad de resiliencia, que se amplíen y se fortalezcan para dar cobertura a toda la población cuando los necesite. Porque todas las personas necesitamos cuidados en diversos momentos de la vida. El Estado tiene que hacer su parte, pero también el sector privado y la población en general.

El trabajo remunerado ha de ser compatible con la vida. Tenemos que caminar hacia jornadas laborales más cortas y que la flexibilidad y el teletrabajo sean instrumentos para mejorar la conciliación, no para que las empresas precaricen aún más nuestras vidas. La sociedad ya se está implicando en la respuesta a la crisis: estos días, estudiantes universitarios de Madrid se están ofreciendo espontáneamente para cuidar a las criaturas de sus vecinos debido al cierre de centros educativos. Pero esto no puede dejarse en manos de la espontaneidad y la autoorganización social. La equitativa socialización de los cuidados tiene que ser una prioridad política y económica, y las empresas tienen que asumir su parte de responsabilidad, garantizando el derecho de las trabajadoras y trabajadores a cuidar y ser cuidados, durante esta emergencia sanitaria y siempre. Al contrario de lo que expresaba ayer Foment del Treball –la patronal catalana–, este es un momento de ampliar derechos, no de recortarlos.

De la economía feminista aprendimos que hay que reconocer que la economía considerada productiva se sostiene en el trabajo del cuidado (no reconocido ni remunerado) y, por tanto, se apuesta por sacarlo de la invisibilidad. El coronavirus nos lo ha lanzado a la cara, a modo de aprendizaje práctico. Y cruel también. Porque sacar de la invisibilidad en este caso es reconocer que miles de personas mayores se encuentran solas en su casa, vulnerables y sin todo el apoyo que precisan. O madres precarias que no encuentran quién cuide a sus hijas para cumplir con una jornada laboral a la que no quieren faltar por miedo a perder el empleo. Por no hablar de los abuelos y las abuelas, esos tanques de amor infinito a los que abocamos en muchas ocasiones –¡y me incluyo!– a una jubilación de vuelta a la salida del cole, a la merienda y las dos horas de parque en el mejor de los casos. Y a la lavadora, la plancha, la fiambrera o los recados, en un escenario menos grato.

Por eso hay una única manera de salir de la crisis provocada por el COVID-19, que parte del reconocimiento de la centralidad social del cuidado: más y mejores servicios públicos y corresponsabilidad de diferentes actores sociales en la provisión y la recepción del cuidado de manera justa y digna. Este cambio de paradigma ha de tener una perspectiva interseccional (las mujeres migrantes desempeñan una parte desproporcionada del trabajo de cuidados en nuestro país) y promover el empoderamiento de las personas proveedoras y de las receptoras del cuidado.

El contagio del señor Ortega Smith debería hacerle ver que no es un ser tan autónomo ni inmune como pensaba, sino una persona como las demás, que no podría sobrevivir sin el cuidado de mucha gente (sobre todo mujeres), ni ahora ni en muchos otros momentos de su vida. Sin todo un sistema de servicios públicos sostenidos con mucha profesionalidad, sin el esfuerzo de muchas personas que investigan, estudian, cocinan, cuidan… sería imposible sostener la vida. Quizá él no haga esta reflexión pero, como sociedad, la aparición del coronavirus nos recuerda una crisis más antigua y más profunda: la del reparto y la provisión de cuidados. Ya es hora de afrontarla con la misma decisión que estamos haciendo frente a la epidemia.

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Laura Pérez Castaño es tenienta de Alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.