La creciente polarización del escenario político argentino – que propició el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado uno de septiembre –  reconoce raíces profundas, ancladas en dos núcleos complementarios.  Algunos factores son de carácter sistémico y se alimentan de la inevitable puja distributiva entre trabajadores y empresarios, en una coyuntura de alta inflación. Otras variables han sido construidas laboriosamente, por el formidable aparato mediático y cultural de las fuerzas políticas conservadoras y de los sectores más concentrados del capital financiero y agroexportador.

El discurso del odio, bien definido por el gobierno de Alberto Fernández, creó las condiciones que alimentaron el clima necesario para la justificación política del magnicidio. La banda de los copitos – inocente denominación del grupo operativo que se escudó detrás de la venta de algodones de azúcar para infiltrarse en el público simpatizante de Cristina – asumió como propia la narrativa de los sectores ultra-conservadores. La crítica a los planes sociales, a la corrupción de los funcionarios públicos y el sesgo anti-político de los integrantes del grupo que llevó a cabo el atentado, responde puntualmente a la prédica desestabilizadora de algunos destacados dirigentes del espacio neo-liberal. La inspiración política del atentado debe buscarse en la palabra de legisladores como Javier Milei y Ricardo López Murphy, quien reclamó mano dura contra los movimientos sociales con una expresión amenazante: “Ellos o nosotros”. También la dirigente Patricia Bullrich – presidenta del PRO, el partido que creó el ex-presidente Mauricio Macri – debe aclaraciones y un explícito deslinde de responsabilidades en relación a los hechos. Con miras en su posible candidatura presidencial para 2023, ha contribuido a enrarecer el clima político y exacerbar el odio contra el movimiento popular.

El triunfo electoral de la coalición Frente de Todos (FdeT) en 2019, un agrupamiento heterogéneo con hegemonía peronista que llevó a la presidencia de la república, al actual mandatario Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina F. de Kirchner, desató una verdadera cacería mediática contra las fuerzas populares y los movimientos de trabajadores desocupados y organizaciones barriales y vecinales. El peronismo, en su expresión “kirchnerista”, fue el blanco preferido de la amplia cadena informativa que responde a los diarios La Nación y Clarín. El liderazgo de Cristina Kirchner, una mujer que sintetiza las demandas de la clase trabajadora y de amplias capas de la población que viven en situación de pobreza, constituye el centro de los ataques de la prensa conservadora y de los grupos económicos más concentrados. El cerco sobre la figura de la actual vice-presidenta de la república, se cierra con la fabricación de una endemoniada telaraña de causas judiciales que se conocen en la jerga jurídica con la expresión inglesa lawfare, dicho en castellano amigable, se trata del armado de cargos legales por delitos inexistentes o escasamente sustentados, con el propósito de desprestigiar la figura política de un dirigente partidario o funcionario público, al que se pretende amputar su carrera como expresión de una opción partidaria representativa y con posibilidades de éxito.

En este contexto se entiende la lógica que inspiró a los autores intelectuales del atentado. La eliminación física de Cristina Kirchner cobra para los sectores dominantes de la sociedad argentina, la desaparición del principal referente del campo popular y de la única figura capaz de aglutinar al conjunto de las fuerzas sociales que se oponen al proyecto neo-liberal de gobierno que se expresa en la coalición Juntos por el Cambio. Recordemos que en octubre de 2023 se llevarán a cabo las elecciones para designar a un nuevo presidente de la república.

La actual vice-presidenta es también la expresión de un programa de nacionalismo económico y defensa de los derechos populares que irrita a  los grupos económicos nacionales y extranjeros que conspiran en la sombra para apoderarse de las minas de litio, de los yacimientos gasíferos de Vaca Muerta y de la riqueza minera y turística de amplias superficies de la Patagonia.

Esta doble dimensión de la representatividad política de Cristina Kirchner, explica el carácter estratégico del atentado que estuvo a punto de cobrar su vida el pasado uno de septiembre. No se trata de locos sueltos que venden copitos de azúcar ni de lobos solitarios de repentina inspiración magnicida. Existen autores intelectuales y promotores políticos que alentaron a los responsables materiales de los hechos. Y dentro de este marco de crispación y odio, está plenamente justificado el reclamo de la sociedad argentina que exige de la justicia, una investigación seria y la presentación pública de los responsables que actuaron en la sombra.