Una inmensa crisis se apodera de Filipinas: una guerra política entre el presidente Ferdinand Marcos Jr. y la vicepresidenta Sara Duterte, con amenazas de asesinato, golpe militar y juicio político. El motor de la crisis son los preparativos de Washington para la guerra con China, muy avanzados, que han dividido a la clase dominante filipina.

La vicepresidenta Duterte celebró una conferencia de prensa a medianoche el 24 de noviembre, en la que dijo que el presidente y sus aliados políticos habían recibido amenazas de muerte. Duterte anunció que había dado órdenes de asesinar al presidente, Ferdinand Marcos Jr., a la primera dama, Liza Araneta-Marcos, y al presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, primo hermano del presidente, en caso de que ella misma fuera asesinada. Su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, hizo un llamamiento a los militares en un discurso transmitido en directo por Facebook para que se volvieran contra Marcos y Romualdez, un llamamiento evidente a un golpe militar.

La vicepresidencia de Filipinas no es un cargo meramente simbólico. La vicepresidenta supervisa una enorme red de oficinas gubernamentales y asistentes, que constituyen una especie de presidencia en la sombra, un rival del presidente en funciones que espera entre bastidores.

Sara Duterte es propensa a las mismas diatribas políticas vulgares y desquiciadas que su padre, el expresidente Rodrigo Duterte. “Cometimos un error con ese hijo de p***] Marcos…”, declaró a la nación. Los Duterte llevaron a la escena nacional e internacional la cultura matonesca del caudillismo provincial, una cultura de ejércitos privados y familias de gánsteres que ha plagado gran parte de Filipinas durante más de medio siglo.

Ferdinand Marcos Jr. y Sara Duterte se convirtieron en aliados políticos en las elecciones presidenciales de 2022, formando una lista que llamaron “Uniteam”. Reunió el control de Marcos del norte de habla ilocano y el control de Duterte de la isla sureña de Mindanao. Durante el período de campaña, Marcos prometió que continuaría con el enfoque del presidente saliente Rodrigo Duterte en las relaciones internacionales, orientando la política filipina más cerca de China y alejándola de los Estados Unidos. Más que cualquier otro político, Sara Duterte se asoció con esta orientación hacia China. A menudo concluye sus discursos en mandarín, en un intento de atraer no a los filipinos chinos que son abrumadoramente hablantes de hokkien, sino a Beijing.

Sin embargo, poco después de asumir el cargo, bajo una enorme presión de la administración Biden, Marcos comenzó a reintegrar a Filipinas al bando de Washington. Abrió bases militares bajo los auspicios del Acuerdo de Cooperación de Defensa Reforzada (EDCA), reanudó los ejercicios militares masivos y comenzó a perseguir agresivamente la reclamación de Manila sobre las islas en disputa en el Mar de China Meridional. La Casa Blanca de Biden enterró silenciosamente las órdenes de arresto pendientes emitidas por los tribunales estadounidenses por violaciones de los derechos humanos y robo contra la familia Marcos.

El conflicto abierto entre Marcos y Duterte estalló a raíz de las investigaciones en la legislatura filipina. La Cámara de Representantes, a pesar de que sus representantes están divididos en numerosas líneas partidarias diferentes, está alineada en una supermayoría detrás de Marcos. Bajo el liderazgo de Romualdez, organizó un panel de investigación de cuatro comités (Quad-Comm) para identificar los vínculos entre los operadores de juegos offshore filipinos, conocidos como POGO, el tráfico ilegal de drogas, las ejecuciones extrajudiciales y los chinos. En el centro de todas las acusaciones planteadas por la llamada investigación Quad-Comm están las conexiones entre los Duterte y las denuncias de subversión e infiltración china en la sociedad filipina.

Las POGO son empresas de juego en línea que atienden en gran medida a una clientela china internacional. Comenzaron a operar en Filipinas en 2003 bajo la administración de Gloria Macapagal Arroyo. Fueron inmensamente rentables y recibieron la sanción oficial y la regulación gubernamental en 2016, cuando Duterte asumió el cargo. Al igual que los centros de llamadas y otras formas de trabajo globalizado en el extranjero, las POGO surgieron en muchas zonas semirrurales de Filipinas. El gobierno chino hizo repetidos llamamientos a la administración Duterte para que pusiera fin a las POGO, que consideraban que eludían la prohibición de China sobre el juego.

Después de una serie de acusaciones descabelladas en la prensa sobre secuestros y organizaciones criminales a través de las POGO, se inició una investigación en el Senado, encabezada por la senadora Risa Hontiveros. Una desagradable atmósfera antichina se apoderó de la política filipina. Hontiveros alegó que las POGO eran un complot del gobierno chino para infiltrarse en la sociedad filipina. Intentó exponer a personas como si hubieran nacido en China y las despojó de su ciudadanía filipina. Ha denunciado una infiltración masiva del país por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) chino, almacenes de uniformes militares chinos almacenados en las POGO y denunció a varias personas como espías chinos. Hace dos días, Hontiveros afirmó que uno de los principales asesores económicos del expresidente Duterte, Michael Yang, era un agente de la inteligencia china.

En julio, la administración de Marcos prohibió las POGO. A continuación, se llevó a cabo la investigación de Quad Comm. El centro de sus esfuerzos, como en el Senado, es el intento de asociar a los Duterte con el supuesto espionaje chino a través de las POGO y despojarlos de su poder político.

La investigación de la Cámara de Representantes citó a la vicepresidenta para interrogarla a mediados de noviembre, alegando que había hecho un mal uso de su presupuesto asignado de fondos confidenciales y de inteligencia para beneficio personal, soborno y para supervisar la identificación de sospechosos y ejecuciones extrajudiciales. El presupuesto de la Oficina de la vicepresidenta para 2025 se redujo de 2.000 millones de pesos a 733 millones de pesos. Duterte declaró que tendría que cerrar diez oficinas satélites y despedir a 200 miembros del personal como resultado.

La hipocresía de las investigaciones de la Cámara y el Senado es asombrosa. Ambas ramas de la legislatura filipina, la mayoría de cuyos representantes todavía están en funciones, apoyaron abrumadoramente la presidencia de Rodrigo Duterte y su guerra contra las drogas. Duterte tuvo el mayor apoyo de super mayoría en la legislatura en la historia de Filipinas.

Sin embargo, Marcos ha reorientado los vínculos geopolíticos de Filipinas hacia el bando de Washington, lo que ha llevado al país al borde de un conflicto armado con China. Estados Unidos ha desplegado misiles de mediano alcance en el norte de Filipinas contra China y se ha creado un grupo de trabajo militar conjunto entre Estados Unidos y Filipinas para supervisar los enfrentamientos con China en el Mar de China Meridional.

Las investigaciones y acusaciones que han llevado a Filipinas a la actual crisis política aguda tienen su origen en la consolidación del poder en torno a Marcos sobre la base de esta reorientación geopolítica. Las acusaciones escabrosas y racistas de espionaje chino, todas ellas infundadas, que se repiten a lo largo de las investigaciones expresan la esencia política del asunto. La administración de Marcos está aislando y cortando el poder de los Duterte porque representan facciones de la élite filipina que buscan asegurar mejores relaciones políticas y económicas con China. Esas relaciones mejoradas solo pueden producirse si Filipinas se distancia de la agresión de Washington.

Durante los procedimientos de la comisión de quad-comm, Zuleika López, jefa de gabinete de Sara Duterte, fue acusada de desacato. También se han emitido órdenes de arresto contra otros altos funcionarios de la vicepresidenta. López fue hospitalizada por un ataque de pánico. Cuando la Cámara ordenó su traslado del hospital a un centro de detención, la vicepresidenta y su jefe de seguridad supuestamente agredieron físicamente al policía implicado. El Distrito de Policía de la Ciudad de Quezón presentó cargos de agresión directa contra Duterte y el jefe de su grupo de seguridad el miércoles. Fue después de estos hechos que Duterte lanzó su diatriba de medianoche amenazando con asesinar al presidente Marcos.

Los cargos fueron el pretexto para que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP, todas las siglas en inglés), el general Romeo Brawner, ordenara la sustitución de todo el Grupo de Seguridad y Protección de la Vicepresidencia por un nuevo contingente designado por la AFP. Duterte, sosteniendo que había amenazas contra su vida, rechazó el nuevo contingente de veinticinco oficiales y dijo que confiaría en un equipo privado que ella misma formaría.

Los equipos de seguridad del presidente y la vicepresidenta, aunque son destacamentos militares y policiales especiales, funcionan en gran medida como un ejército privado. Es una forma de caudillismo. Ya se ha destituido a setenta y cinco agentes de policía del equipo de Duterte. Es probable que el personal militar sea destituido hoy.

La Oficina Nacional de Investigación (NBI) citó a Duterte para que declare que había contratado a un sicario para matar al presidente en caso de que tuviera éxito un atentado contra su vida. La NBI declaró que estaba considerando presentar cargos contra Duterte por violación de la Ley Antiterrorista de 2020.

La Ley Antiterrorista fue promulgada por Rodrigo Duterte en 2020 como un medio para reprimir la disidencia. Autorizó el arresto sin orden judicial, las escuchas telefónicas sin orden judicial y la vigilancia, y fue el mandato para la creación de la asesina Fuerza de Tarea Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC) que supervisó la represión de las organizaciones de izquierda.

Los rumores de un golpe militar están circulando ampliamente, como siempre lo hacen durante una intensa crisis política en Filipinas. El general Brawner dijo a la prensa que confiaba en la lealtad de todas las Fuerzas Armadas de Filipinas a la constitución. La historia ha demostrado repetidamente que la lealtad de los generales y oficiales de alto rango del ejército filipino no es hacia la constitución sino hacia miembros individuales de la élite política. Son estas lealtades personales las que han dado forma a los numerosos intentos de golpe que han sacudido al país durante décadas.

El expresidente Rodrigo Duterte el 25 de noviembre hizo un llamamiento a los militares. ‘Nadie puede corregir a Marcos. Nadie puede corregir a [el presidente de la Cámara] Romualdez. No hay remedio urgente. Sólo los militares pueden corregirlo”. El Departamento de Justicia dijo que las declaraciones de Duterte “rayaban en la sedición”, y la Oficina del secretario ejecutivo dijo que las estaba tratando como “un llamado descarado a los militares para que lancen un golpe de Estado”.

Lo más fundamental es que la lealtad de los altos mandos militares filipinos es hacia los Estados Unidos. Muchos de los oficiales principales recibieron entrenamiento en instituciones militares estadounidenses, donde se les formó en los intereses geopolíticos de Washington, la política del anticomunismo violento y el arte de la tortura y la represión. Tanto este entrenamiento como la historia de la ley marcial los inclinan a una lealtad personal a Marcos. El exsenador Antonio Trillanes, cuya carrera se basó en ser un oficial militar que intentó dar un golpe de Estado, pidió la destitución inmediata de Sara Duterte.

La Policía Nacional Filipina (PNP), por otro lado, no es el instrumento de los intentos de golpe de Estado y tomas de poder, sino de la represión diaria, de los cadáveres en las calles y las desapariciones. La lealtad de la policía en Filipinas, alimentada por la impunidad de los asesinatos en masa bajo la llamada guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte, se inclina hacia Duterte. Su perspectiva fue articulada por el senador Ronald de la Rosa, exjefe de la PNP, quien dijo a la prensa que estaba de acuerdo con el llamado de Duterte a los militares. La policía no es una fuerza para derrocar a Marcos, pero si está descontenta puede crear una inmensa inestabilidad.

Los aliados políticos de los Duterte están buscando refugio. La expresidenta Gloria Macapagal Arroyo, inmensamente influyente políticamente, aliada de los Duterte desde hace mucho tiempo y estrechamente asociada con los sectores de la élite filipina orientados hacia China, parece estar moviéndose hacia el bando de Marcos. Ella posó para fotografías en la legislatura con el presidente Martin Romualdez hace dos días, ambos haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba a las cámaras.

La crisis política en Manila es una expresión aguda de las tensiones en los círculos gobernantes de toda la región, alimentadas por la campaña bélica liderada por Estados Unidos contra China y el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales, todo lo cual sólo se intensificará bajo la administración entrante de Trump.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de noviembre de 2024)

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