Una combinación espuria entre la Junta Electoral Central (JEC) y el Tribunal Supremo ha obligado a dimitir como diputado al president de la Generalitat, Quim Torra, y acelerado la crisis del govern catalán que se ha visto obligado a anunciar la convocatoria de elecciones. Es otro paso más en la deriva antidemocrática del reino. La judicatura, no la ciudadanía, ni el Parlamento ni los partidos, está decidiendo sobre problemas políticos esenciales para el país. La lista es enorme y empieza cuando el Tribunal Constitucional se cepilló, previamente cepillado por las Cortes españolas por utilizar la expresión del jubilado carpetovetónico e inspirador de gran parte del actual aparato del PSOE Alfonso Guerra, en 2011 el Estatut que había aprobado la ciudadanía, el Parlament de Catalunya y las Cortes. La opinión de una docena de personas se impuso sobre las mayorías sociales y políticas. ¿Es eso democrático? Mucho más cercano tenemos las irregularidades en el juicio a los dirigentes del procés; la prohibición de que el Parlament pueda debatir sobre autodeterminación; la Fiscalía instruyendo diligencias al presidente del Parlament, Roger Torrent, por desobediencia al permitir un debate sobre autodeterminación (que un parlamento ¡no pueda discutir ni la autodeterminación de la nación que representa!: alguien debería entender que si no se permite tal cosa, estamos antes un Estado nominalmente de derecho cuyo déficit en derecho es oceánico); el Tribunal Europeo desautorizando a la justicia española por no aceptar que Oriol Junqueras pueda ser europarlamentario; la JEC que se salta esa decisión; el Parlamento europeo reconociendo como eurodiputada a Clara Ponsetí, y la JEC que sigue sin reconocerla. O, imposible de olvidar, cuando la JEC intentó dinamitar el acuerdo para elegir presidente a Pedro Sánchez suspendiendo a Torra como diputado. ¿Dónde queda la soberanía popular? Se puede tener una u otra opinión sobre lo que está pasando, pero estaremos ciegos si no comprendemos que estos ataques a los derechos y libertades afectan y afectarán al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del Reino de España.

Lo explica bien José Antonio Martín Pallín, que formó parte del Tribunal Supremo, “Toda la legislación de excepción que nace como consecuencia de un fenómeno como el terrorismo, que evidentemente ha conmocionado a la democracia española, corre el riesgo de recortar los derechos y las libertades fundamentales consagradas en el texto constitucional. En este caso, además, se vulneran derechos constitucionales tan esenciales para la supervivencia de un sistema democrático como el principio de legalidad y de presunción de inocencia”. Y más adelante: “Privar de derechos fundamentales a una persona, sin esperar a una sentencia firme de condena, no solo vulnera la Constitución y me parece una temeridad, ya que puede dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado que pagaríamos todos. En el caso de que se anulase la sentencia y se absolviese al señor Torra; ¿cómo se puede restituir a un parlamentario en sus derechos de los que ya ha sido despojado definitivamente al ser sustituido por el siguiente de la lista? Se daría la situación inasumible por el derecho de una privación prematura y contraria a los principios constitucionales, no sólo en el caso de los delitos de terrorismo y la rebelión sino también en los supuestos de los delitos contra la Administración Pública y las Instituciones del Estado”.

Pero, nada parece detenerles: Cuando el Partido Popular optó por la vía judicial perfectamente interesado en utilizar en su beneficio la herencia franquista de este poder (o dicho para los que tienen remilgos para aceptar que el pan es pan y el agua es agua: decantado descompensadamente hacia la derecha extrema) para responder a la crisis catalana, incapaz de tener una propuesta política, más allá de la represión y la unidad impuesta de la patria española, comprometió al Estado mismo, monarquía incluida, a las vicisitudes de la rebelión catalana. Y nos enseñó la verdadera cara de este Estado: la de un dispositivo de cuerpos especiales, militares, policías, jueces, altos funcionarios… que están por encima de la sociedad y cuya función es preservar los intereses de los poderosos. El Estado mostró su condición más opresora y represiva.

Días de vértigo

Hubo un tiempo en que se hablaba del oasis catalán para expresar la tranquilidad controlada de la vida política. Desde que la rebelión catalana se puso en marcha sucede todo lo contrario. El lunes 27 de enero fue un día importante. Se tenía que confirmar la suspensión como diputado de Torra, que no como presidente, y eso abrió en canal la crisis latente en el govern de la Generalitat y entre las dos fuerzas más importantes del independentismo, ERC y JuntsxCat, y también dentro de los diferentes sectores de esta última. Torra pretendía desobedecer la suspensión y arrastrar al presidente del Parlament, Roger Torrent.

El debate sobre la desobediencia se arrastra desde octubre de 2017 y a menudo se utiliza para atacar al contrario y, en muchas ocasiones, sin entrar a valorar lo que significa prácticamente para hacer avanzar el movimiento. La tensión entre cuando plantarse frente a los ataques represivos y si esa decisión tiene apoyo en la movilización en la calle siempre está presente. Solo que, en el caso de Torra, ha habido más de declamación que de medida práctica, tanto cuando había que tomar decisiones desde el gobierno como en el de la movilización social. Ese lunes, se desmontó todo el entramado sobre la unidad independentista. Todo podía pasar. Se habló de que se obligaría a dimitir a los consellers de Esquerra, de que se convocarían elecciones inmediatamente, etc. Pero el envite de Torra se acabó pronto, el miércoles 29 anunció que se iban a convocar elecciones, pero antes se aprobarían los Presupuestos.

Convocar elecciones retrasando una vez más la aprobación de los Presupuestos era un suicidio para Torra y, parece ser, que desde sus propias filas hubo que convencerle de lo contrario. Desde 2017 no hay Presupuestos y eso se nota en la parálisis de inversiones y de la mayoría de decisiones de la Administración, a lo que también hay que sumar el ahogo financiero impuesto por el gobierno central desde la aplicación del 155. Y por si todo eso no era suficiente, el gobierno Sánchez quiso aprovecharse de la crisis para postergar sine die la reunión prevista con Torra y el inicio de la Mesa de Diálogo acordada con ERC. El volcán estaba a punto de estallar. Seis horas tardó el gobierno Sánchez en echar atrás esa decisión y mantener la entrevista con Torra, que se celebrará esta misma semana. Como se puede apreciar, todo menos tranquilidad. Las situaciones políticas convulsas, tiene esta característica: no son del agrado de los que buscan estabilidad, tranquilidad y sosiego. Todos los actores políticos y sociales están obligados a moverse ante esta situación crítica y, como queda dicho, en tiempos de crisis las respuestas difícilmente pueden ser simples.

Los diferentes planos en los que se sitúa la lucha política son:

• El aparato del Estado (jueces, militares, etc.) y las derechas quieren boicotear el diálogo para impedir cualquier posibilidad de una salida democrática, y también debilitar al independentismo y al gobierno Sánchez-Iglesias. En beneficio de la situación más favorable para las posiciones de venganza, autoritarismo y represión que abrazan.
• El gobierno no quiere enfrentarse a los poderes del Estado, pero ha tenido que reconocer que se trata de un conflicto político (que los socialistas negaron durante años) y buscar vías de diálogo, aunque de momento sean meramente formales.
• JuntsxCat teme perder su papel principal en la negociación y/o diálogo, también la presidencia de la Generalitat, y pone piedras en las ruedas, incluso apareciendo como si fuera la fuerza más intransigente contra el Estado.
• ERC apuesta por ese diálogo, pero no parece muy dispuesta a acompañarlo con la presión y movilización.
• Los Comunes, que habían convertido en seña de identidad el no pactar con los herederos de CiU, apoyan los Presupuestos de Cataluña y acaban de acordarlos en el Ayuntamiento de Barcelona, junto con ERC y PSC.
• En el análisis y propuestas de la CUP parecería que todo es posible de la noche a la mañana y que solo falta voluntad política. Hay muchas cosas opinables y analizables, pero ni el grado de movilización, organización ni conciencia lo permiten, ni el Estado y sus defensores están tan debilitados como desearíamos. El problema es que ese análisis les lleva a la inanidad política en una situación tan cambiante como la actual.
• La movilización por la amnistía de los presos políticos y los detenidos, sin enfrentarla a quien defiende el indulto, podría ser uno de los elementos de confluencia política y social de independentistas y demócratas, en Cataluña y en el reino.

Los clásicos siempre son una inspiración, a diferencia de los que están de moda vacua y efímera: “Y así como en la vida privada se distingue entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo y lo que realmente es y hace, en las luchas históricas hay que distinguir todavía más entre las frases y las pretensiones de los partidos y su naturaleza real y sus intereses reales, entre lo que se imaginan ser y lo que en realidad son”. (Karl Marx. El 18 Brumario de Luis Bonaparte)

Reflexiones y propuestas

Situación inestable. Este plan hasta abril o mayo, el tiempo que se necesitaría para cerrar los Presupuestos, puede ser aún más inestable si, por ejemplo, el Tribunal Supremo acelera su decisión sobre Torra, o cualquier otro elemento de la disputa entre los partidos o de intervención de alguno de los aparatos del Estado. Por eso mismo, más allá de los plazos que nadie controla, lo importante es tener claro el plan o el proyecto para encontrar una vía de salida positiva, democrática, a esta situación.

Sigue siendo claro el objetivo de movilización planteado por Tsunami democràtic tras la sentencia sobre los dirigentes del procés: Sit and Talk. La Mesa de Diálogo, aunque haya pocas ilusiones sobre lo que pueda decidir, y no hay nadie mínimamente informado en Cataluña que racionalmente esté justificado en depositar demasiadas expectativas en lo que pueda dar de sí esta mesa a no ser que se esté dispuesto a tener fe en la magia ilusionista, es el marco inmediato que determinará los próximos meses. Lo importante es si esta mesa se siente presionada por la movilización social por la amnistía y por la defensa del derecho de autodeterminación como la manera democrática de dar una salida al conflicto. Y, además, con propuestas para atajar las desigualdades sociales y las medidas públicas necesarias para responder a la grave situación de las familias trabajadoras, por ejemplo, en torno a los Presupuestos que se quieren aprobar.

Uno de los elementos de esta crisis y del conflicto entre los diferentes sectores del independentismo, y las izquierdas, es la desorientación sobre qué hacer después de octubre de 2017, qué orientación, qué propuestas y alianzas. Aunque ese debate no sea fácil es imprescindible. El diputado de la CUP, Albert Botran, daba en el clavo en una entrevista en Vilaweb: “Pienso que todos participamos de esta desorientación. Hay elementos razonables en los discursos de los diversos actores independentistas. Hay que asumir un movimiento de ruptura y, para que tenga éxito, tan importante es saber actuar dentro de las instituciones como saber hacerlo fuera y saber situar la desobediencia de la manera más efectiva. También hay una cuestión de liderazgos y voluntades políticas. Pero no me parece que haya una división en dos bloques, sino una desorientación. Hace falta más diálogo entre fuerzas independentistas, más debate, más discusión, un análisis crítico compartido sobre qué funcionó en octubre del 17 y que faltó, que creo aún no se ha hecho. […] Una estrategia de ruptura que asuma que nuestra independencia nacerá de un proceso de crisis del Estado español y no de un proceso de reforma, porque el Estado no quiere reformarse […] habrá que tener buenos resultados electorales, que es una parte importante de esta estrategia, pero no la única […] hemos de tener fuerza movilizadora, capacidad de generar desgaste al Estado y desobediencia, una agenda internacional para buscar alianzas, más fuerza en el mundo del trabajo…”.

En esa misma dirección hay que interpretar la Convención república y soberanista que se celebró el pasado 14 de diciembre, que reunió a formaciones políticas, municipalistas y activistas políticos, sociales y asociativos, con el objetivo de establecer un diálogo que permita establecer estrategias unitarias y de movilización republicanas y para el ejercicio del derecho de autodeterminación. En su Manifiesto se puede leer:

“La ciudadanía de Catalunya, de forma muy mayoritaria, reclama un sistema democrático que asegure una mayor participación y el respeto de los derechos individuales y colectivos, sociales, nacionales y culturales. Esta mayoría sólo puede crecer y consolidarse al lado de un modelo social avanzado, libre de corrupción, democráticamente participativo, municipalista, ecologista y feminista que llene de contenidos al modelo republicano que defendemos.
En Catalunya se dan las condiciones para plantear, desde la escala local, una alternativa al sistema de dominación que se impuso desde los poderes establecidos. La ciudadanía está tomando conciencia de su fuerza y de que sólo con la cooperación, la equidad y la solidaridad seremos capaces de encontrar los mecanismos y formas de organización que sirvan para construir un nuevo paradigma basado en la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

Para avanzar en esa dirección, la Convención acordó que “Nos marcamos como perspectiva la construcción de la República Catalana soberana, social y democrática, por la vía democrática no-violenta, en el marco de una relación fraterna con el conjunto de pueblos de España y Europa” y “Establecer un diálogo franco entre las diferentes organizaciones del soberanismo republicano catalán, abierto al conjunto de las organizaciones republicanas de los diferentes pueblos del Estado, para buscar estrategias conjuntas emancipadoras de los pueblos y la gente trabajadora, frente al régimen monárquico. Expresamos también la voluntad de fortalecer la cooperación y la coordinación con otros territorios con los que compartimos lengua, cultura e historia”.