Agencia Prensa Rural                                                                                                    Sábado 1ro de noviembre de 2025

Desde enero, se estima que unos 750 mil inmigrantes han salido de la fuerza laboral

Trabajadores agrícolas cosechan fresas en Lewis Taylor Farms en Fort Valley, Georgia, el 7 de mayo de 2019. Foto del USDA por Lance Cheung vía Flickr.

La política de inmigración del presidente Trump, centrada en la deportación masiva y la terminación de programas que permitían a inmigrantes trabajar legalmente, ha desatado una severa crisis de mano de obra en el sector agrícola estadounidense. Aunque las advertencias sobre escasez de trabajadores y posibles desabastecimientos de alimentos eran previsibles, la Administración confiaba en que los trabajadores nacidos en EEUU llenarían estos vacíos. Esta previsión no se ha materializado.

Visas H-2A: un parche insuficiente en medio del caos

Ante la crítica escasez, la Administración ha recurrido al programa de visas H-2A, presentándolo como un alivio inmediato para los agricultores, un grupo clave en su base electoral. Este programa permite contratar a trabajadores extranjeros de manera temporal. Sin embargo, incluso esta solución temporal se ha visto comprometida. Durante el cierre del Gobierno, el programa fue suspendido, generando más incertidumbre y retrasos que, según asociaciones agrícolas, «amenazan inminentemente la producción».

Mientras, las redadas de inmigración continúan. El resultado es una pérdida tangible de trabajadores. Desde enero, se estima que unos 750 mil inmigrantes han salido de la fuerza laboral, según el Centro de Investigación Pew. En estados como Pennsylvania, California e Idaho, los campos no se cosechan y los granjeros lecheros se ven forzados a vender sus rebaños por la falta de manos disponibles.

Contradicciones y la ausencia de una solución a largo plazo

La Administración se encuentra en una encrucijada de su propia creación. Por un lado, reconoce tácitamente el problema: el Departamento de Trabajo admitió en una propuesta de norma que la escasez laboral «presenta un riesgo suficiente de desabastecimientos de alimentos». Como respuesta, propone recortar los salarios de los trabajadores con visa H-2A para aliviar costos a los agricultores.

Por otro lado, existe una clara contradicción en el discurso oficial. Mientras la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, admitió que «ninguno de los estadounidenses que conozco quiere hacer algunos de estos trabajos», la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha sugerido que los millones de personas en Medicaid podrían llenar el vacío, una idea que los expertos consideran poco realista.

Un futuro incierto para las granjas familiares

La falta de una reforma migratoria integral y los parches aplicados al programa H-2A apuntan hacia un futuro con un campo estadounidense más industrializado. Como explica Mary Jo Dudley, directora de Migrant Advocacy and Support, el impacto acumulativo de estas políticas probablemente lleve a la desaparición de las granjas familiares pequeñas, que no pueden acceder a programas de visas o invertir en mecanización, en favor de grandes conglomerados agroindustriales.

A pesar de las promesas de la Administración de que una «gran solución» está en camino, la prioridad sigue siendo la deportación. Con el Congreso en receso y sin avances legislativos, el programa H-2A, plagado de problemas burocráticos y demoras, se mantiene como un frágil salvavidas para un sector vital que se está quedando sin aliento.

Con información de Investigate Midwest