Los supuestos problemas con la llegada del voto por correo durante las elecciones generales del 23-J fueron la clave de bóveda de un plan más profundo y siniestro para la empresa pública.

El revuelo, que fue avivado por el Partido Popular y una extraña alianza de éste con las representaciones sindicales, que tenían además una buena sintonía con Alberto Núñez Feijóo (presidente de la empresa entre 2000 y 2003), llegaba tras la presentación de sus cuentas y balances del año 2022.

La empresa estatal, administrada por la SEPI (antiguo Instituto Nacional de Industria) obtuvo un beneficio neto en el primer año completo de Serrano de casi 15 millones de euros. Sin embargo, desde ese momento, ha acumulado cuantiosas pérdidas, que para 2020 y 2021 se achacaron, como no, a la pandemia, y en 2022 a la guerra en Ucrania.

En estos tres últimos años, Correos habría acumulado unas pérdidas de casi 600 millones después de impuestos, en un balance extraño atendiendo a que el mercado de la paquetería y mensajería, que ha sustituido claramente a nivel de beneficios al servicio postal propiamente dicho, crece año tras año gracias al comercio online y al que Correos no ha acudido para suplir las nuevas tendencias.

Sin embargo, la primera piedra para la declaración de quiebra de la empresa pública la ha puesto la empresa auditoria, Grant Thornton, que ha expresado dudas sobre la viabilidad de la compañía en el futuro en su informe para 2023.

Los fondos propios de la entidad, según el auditor, eran de más de 1.200 millones que tenía en 2019, pero tras la llegada del PSOE y Podemos al gobierno en 2019, se ha pasado a algo más de 600 millones, casi la mitad.

El auditor expresa esta duda porque si sigue acumulando pérdidas y los fondos propios se quedan por debajo del capital social, actualmente es de 612 millones, la compañía entraría en lo que se conoce como causa de disolución. El auditor también advierte en el apartado de dudas que la empresa «posee un préstamo por importe de 325 millones de euros con una amortización única en el mes de abril de 2024» con Kutxabank.

En los últimos años se han ido acrecentando las peticiones de créditos bancarios para necesidades de liquidez con las que cubrir el día a día. La firma asegura que en la segunda mitad de este año pretende refinanciar esta deuda con el banco vasco, quien le prestó al 0% en 2021 y ahora prevé alargar ese crédito a Euríbor a tres meses (casi 3,7%) más 0,48 puntos porcentuales. Más del 4,2%.

Para mitigar estas dudas, la empresa asegura que en su memoria integrada que está logrando acceso a crédito sin dificultades. Su principal acreedor actualmente es CaixaBank, la entidad cuyo segundo máximo accionista es el Estado a través del Frob.

Con el banco que dirige Gortázar ya firmó en 2022 pólizas por hasta 233 millones de euros —que completan otros 10 millones de Ibercaja— y para el gasto ordinario de este 2023 también ha salido a buscar ofertas de la banca para lograr otros casi 150 millones de euros, que también le habría concedido en su mayor parte CaixaBank, según publica Economía Digital. Correos firmó recientemente un acuerdo con CaixaBank para que los carteros puedan entregar efectivo en lugares remotos de la España rural donde no hay cajeros.

Ahora la duda es si el banco controlado por la Fundación Bancaria de Isidro Fainé puede acumular más riesgo en la compañía de cara a la refinanciación de 325 millones que vencen en 2024 y que tienen que negociar ahora.

Con este panorama, la compañía alega tanto razones coyunturales como estructurales. La firma admite que incumplió en 2022 todas los objetivos de resultados que se había fijado y culpaba de ello al fuerte incremento que tuvo que afrontar de la energía y del precio del papel, dos de los principales costes de la empresa. A ello, hay que añadir ahora la subida de tipos de interés, dado que la deuda acumulada está haciendo mella en los costes financieros de la empresa.

Esto ha llevado a la CNMC a destacar en un informe publicado esta semana que Correos ha cosechado en 2022 sus ingresos más bajos desde que hay registros (-6,7% respecto a 2021). La propia empresa admite que tras la pandemia, cuando se redujeron con fuerza los envíos de cartas, no se ha recuperado el mercado postal, que sigue a la baja.

Pese a que Correos obtuvo el doble de pérdidas en 2022 que en 2021, su presidente se subió el sueldo hasta más de 208.000 euros brutos anuales. En 2019, año en que se lograron beneficios fue cuando menos cobró: casi 179.000 euros. En 2020 su retribución fue de más de 199.000 euros con pérdidas de 264 millones. Y en 2021 los honorarios ascendieron a 203.749 euros, tras números rojos de 105 millones de euros, según datos de la empresa. Representa un alza salarial del 16% en cuatro años.

Según publica El Confidencial, Correos ha roto su contrato con la empresa McKinsey, consultora a la que había acudido para elaborar durante este ejercicio su plan de recortes. McKinsey tiene una larga historia de operaciones de «shock» de las que hemos hablado mucho en esta web. Pero el cambio por KPMG, una de las consultoras más grandes del mundo (las big four), respondería a otros factores.

KPMG es el «hombre de negro» que está supervisando la aplicación de los fondos Next Generation y es el nexo con la Unión Europea para el acceso a los mismos. Ministerios, empresas públicas y organismos autónomos están acudiendo a esta entidad para que, tras las modificaciones que ésta «sugiera», el Estado pueda tener acceso a ese maná en forma de millones. España quedaría así como el «laboratorio de pruebas» de la agenda comunitaria, y Correos tiene todas las papeletas para ser una de sus víctimas más destacadas.

El informe de auditoría que presente KPMG será decisivo respecto a un plan de privatización que viene de lejos, pero del que hacía falta un argumento de peso y contundente que hiciera que la imagen de la compañía quedara por los suelos. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, un organismo público creado a instancias de la UE por el gobierno de Mariano Rajoy, y del que también hemos hablado aquí en relación a la reforma de las pensiones, sugirió en su informe de 2019 que era el momento para que Correos «se adaptara» y permitiera el acceso a capital privado.